Con la llegada de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, se contempla la creación de cuatro nuevas secretarías: agua, vivienda y planeación, y atención ciudadana. Los Diputados de la III Legislatura del Congreso local tendremos la responsabilidad de sacar adelante esta iniciativa, que reforma la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y con ello se dará un paso trascendental en la creación de un nuevo modelo administrativo para la ciudad.
Desde hace varias décadas, las leyes de la Ciudad de México y su estructura administrativa, han evolucionado para bien. Pero sin duda, hoy ambos aspectos deben responder a las necesidades de la población y a los retos que demandará la urbe rumbo a las próximas décadas: sustentabilidad, reordenamiento, acceso a los recursos naturales, justicia social, movilidad, etcétera. Pero además y muy importante, en la gobernanza de la metrópoli, en la relación de los ciudadanos con las autoridades, y en los derechos fundamentales de los capitalinos.
Entender que la Ciudad de México no es lo mismo que hace diez años es un punto de partida elemental. Los estudios de la ONU Hábitat, por ejemplo, revelan que la aglomeración de la capital del país ha crecido a un ritmo tres veces superior al de su población, en los últimos años. Esto implica, por supuesto: mayor demanda de servicios básicos como el agua potable, la reducción de áreas verdes, el aumento de demanda de vivienda, la generación de más contaminantes y otros retos de gran envergadura para la administración pública.
A lo anterior hay que sumar otros retos que deben seguir siendo atendidos desde la raíz como los altos índices de informalidad (cuando menos 2 millones de personas trabajan en este rubro hoy en día), la fragmentación social y la desigualdad (que han sido atacados con los programas sociales llevados a la Constitución) y la urgencia de restaurar el equilibrio ambiental para hacer frente al cambio climático.
Por lo anterior, la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo contempla entre muchos temas, el diseño de una política hídrica que involucre a las entidades del Valle de México, la planeación de programas de vivienda en los que participen el sector público y privado, la ejecución de programas para la regularización de la tenencia de la tierra, así como la consulta de la ciudadanía en materia de servicios públicos y evaluación de las acciones de gobierno. Se trata de un modelo integral a la altura de los tiempos que vivimos.
Las y los capitalinos vivimos tiempos muy diferentes a los de hace diez años. La reforma política de la ciudad de México dio nuevas atribuciones al gobierno frente al resto de los Poderes y frente al pacto federal, pero hoy se hace evidente dar nuevo paso en el replanteamiento del modelo administrativo y en el empoderamiento del ciudadano de pie. Vivir mejor, bajo una relación nueva y productiva relación con el entramado gubernamental debe ser un derecho, no un privilegio.
El trabajo de las y los legisladores del Congreso de la Ciudad de México, tras un Parlamento Abierto en el que se escuchen diferentes voces de la sociedad civil y expertos diversos; así como la coordinación con las entidades que rodean a la capital y por supuesto con el gobierno de la próxima Presidenta, la Dra. Claudia Sheinbaum, serán parte de este nuevo capítulo que se escribirá para la mejora de la administración pública de la capital, y para el beneficio de las familias de nuestra querida urbe.
