La consigna de los voceros de la mayoría es “vamos avanzando”. La velocidad a la que se procesan las reformas impide profundizar en su significado. Es arduo, aún para observadores acuciosos de la vida pública, ponderar sus alcances y efectos. La mayoría decidió emprender una reforma integral de la Constitución sin reparar en tres elementos que todo proyecto nacional debe tener:

1) Que refleje un sentido de renovación realmente percibido por la nación. Debe quedar claro que quienes legislan reflejan las aspiraciones nacionales y no una mirada obtusa o extravagante.

2) Que proyecte esperanza de que las nuevas instituciones tengan el potencial de desatar los nudos históricos y revitalizar el pacto social.

3) Que tenga viabilidad internacional. Toda reforma constitucional debe responder a un contexto global para ofrecerse como solución de continuidad entre el proyecto nacional y la inserción de país al mundo.

Resulta que, para infortunio de México, ya no tenemos a un Muñoz Ledo en la bancada de la izquierda que dé coherencia y profundidad al proyecto. Las alocuciones de la mayoría suelen ser las mismas que las medianías priistas invocaron durante años. Repiten, como mantra, que son muchos; lo cual es indudable, pero le quita a la política el tono de construcción de la razón pública y santifica el de la “muchificación”, si tal palabra se admite en el léxico castellano. La pobreza con la que defendieron la extinción de los autónomos pasa a la historia como una de las páginas más mediocres del parlamentarismo mexicano. Una argumentación paupérrima, acompañada con sonoros silencios de algunos de los que integraron en su momento el grupo Oaxaca. Increíble también la falta de contundencia por parte de muchos que trabajaron desde la academia para sacar de la lógica del botín (con la que se integra la administración pública) funciones como el acceso a la información o la competencia económica. Ni ellos se creen que en la Secretaría de Economía habrá una unidad de investigación como la de la Cofece. Imaginar que el gobierno garantizará el acceso a la información es tan aberrante como si en el mercado de valores el accionista mayoritario fuese el responsable de dar información a los pequeños inversionistas y todos fiarse de su buena voluntad. Mejor creer en los santos reyes.

Por otra parte, algunos avances sustantivos caminan al lado de francas ocurrencias. Tenemos progresos indudables como la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres que debería, en buena lógica, convertirse en el gran propósito de este sexenio. Pero junto a ellas aprueban reformas de dudoso calado, como la del bienestar animal. No me opongo a que como sociedad aspiremos a tratar bien a los animales, incluso a proclamarlo como propósito colectivo, pero ponerlo en la Constitución me parece tan fuera de tono como si en la Carta Magna se estableciera que debes querer a tus parientes. Además, se presta a todo tipo de pitorreos y excentricidades, como si ahora los tratamientos antipiojos quedarán prohibidos para preservar a ese molesto compañero del hombre que supongo ahora tendrá la protección constitucional.

La insistencia en avanzar no está arropada por una narrativa sobre el destino. Concentrar poder en el Ejecutivo es volver al pasado, sin ninguna garantía de que mejorarán los servicios públicos. El proyecto de transferencias generalizadas se funda en la capacidad fiscal del gobierno y las reformas judicial y de extinción de autónomos complican la expansión de la economía. Avanzan, pero la idea del destino sigue siendo nebulosa. En su conjunto el Plan C es un abanico de ocurrencias, malquerencias y mal disimuladas venganzas. Francamente no creo que esas sean las aspiraciones nacionales.

Analista. @leonardocurzio

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