Una —al parecer— irresistible tendencia a la improvisación caracteriza a este gobierno. Las leyes, los decretos e incluso las formulaciones presidenciales son emitidas sin el debido trabajo de revisión jurídica, una deliberación sesuda sobre sus implicaciones y una valoración previa y cautelosa de lo que implican. Lanza la bala y después veremos. Algo así sucede cuando un periodista escribe un “maquinazo”, es decir, un texto espontáneo e inmediato, que en la mente del autor parece coherente, pero que no consigue transitar la aduana de la palabra escrita que exige orden en la exposición, precisión en las palabras y por supuesto una garantía de que el razonamiento expuesto no se “desmoronará como si fuera un montón de piedras”.
En estos cuatro años la imperfección en los procedimientos ha sido constante. Desde la licencia al poderoso Manuel Velasco (que se tuvo que reponer) hasta la ley sobre el espacio aéreo, que requerirá la corrección del Senado para armonizarla con el árbol jurídico y regulatorio, el descuido por las formas es frecuente. La ley sobre austeridad, en su primera versión, se hizo con un texto de la década anterior. La reforma electoral, que ha generado tanta discordia, tiene tantas inconstitucionalidades que parece más la carta de un despechado que quiere desollar a su víctima, que una voluntad de perfeccionar instituciones.
Ese proceder atrabancado y atrabiliario ha llevado a que el Ejecutivo tenga que desdecirse o someter al criterio de la Corte buena parte de sus políticas.
Hace días emitió un decreto para que la aviación de carga se fuese al AIFA; tuvo que recular: no había capacidad de cumplir. ¿De verdad no hay nadie que le hubiese dicho eso antes de emitir un decreto perentorio? Lo mismo ha ocurrido con sus disposiciones eléctricas y su ánimo confrontador con los Estados Unidos, que ha venido reconsiderando ante la perspectiva de perder en los paneles de controversia. ¿Mal cálculo?
Buena parte del programa que legítimamente debieron desplegar ha caído en la órbita de los tribunales por la forma chapucera de legislar y de formular políticas. En un estado de derecho hay que ganar los debates y después confeccionar leyes y ordenanzas con pericia jurídica, de manera que la legislación no sea reventada ante el primer amparo. Ojalá lo ayudara Zaldívar.
La falta de rigor en el trabajo jurídico lo hace cosechar fracasos y cual estudiante reprobado el Presidente ironiza, con su 5 en la boleta, sobre “la justicia de la unión” como lo hizo con el caso Cárdenas Palomino o recurre al gastado ninguneo de “la corte general del derecho que no de justicia”. Nunca reconocerá que la redacción jurídica de sus propuestas es deficiente, improvisada y profundamente ideologizada. El gobierno dedica más tiempo a presionar y a deslegitimar que a argumentar y persuadir. Ya presagia el palo que le darán al batiburrillo llamado Plan B y por eso descalifica a los jueces.
El gobierno improvisa todas las mañanas desde la política exterior hasta la política de aeronáutica civil. Cuando propone el cabotaje no parece que sea una idea acabada, o el trabajo de gabinete con diagnósticos sofisticados, sino un “cabreo” porque el AIFA no despega. Cuando sus leyes llegan a la SCJN les ocurre lo mismo que a los máquinazos cuando llegan al escritorio del editor quien los devuelve y le pide al autor que se aplique y escriba apropiadamente.
Se le está acabando el sexenio y sus incumplimientos se deberán en buena medida a su escasa dedicación a escribir con rigor sus leyes, a supervisar sus procedimientos y no a escribir maquinazos.
