La política mexicana tiene atavismos y una proclividad enfermiza a la simulación. Algunas cosas empiezan a cambiar pero quedan mil pendientes. Por ejemplo, el intercambio de favores y recursos a líderes sociales (que han hecho de la protesta un negocio) ha quedado ahora al descubierto en Tabasco y Sonora por el propio López Obrador. Las obras públicas no concluyen y grupos de distinto pelaje se organizan para extraer rentas a través de la industria de la reclamación. Lo mismo ocurre con los liderazgos en organizaciones campesinas que, cuando se confecciona el presupuesto, llegan oportunamente a hacerse presentes. Es saludable para el país que esas prácticas queden exhibidas en toda su ilegitimidad y se les extienda un certificado funerario.
Sin embargo, hay otra práctica que no solamente no remite, sino que parece gozar de enorme vitalidad: la existencia de golpeadores a sueldo para reventar manifestaciones o generar presión en coyunturas específicas. Los vimos infiltrados en las marchas de las mujeres indignadas y alguno de ellos golpeó de manera artera a mi compañero Juan Manuel Jiménez quien, por cierto, vuelve a desempeñar con entereza su trabajo periodístico en las calles de la ciudad. La semana pasada volvieron a aparecer en Rectoría, con enorme arrogancia y rostros cubiertos vandalizaron nuevamente las instalaciones. La pregunta es simple y se contesta siempre con perífrasis: ¿quién paga a los porros?
Uno de los supuestos implícitos del sistema político priista es que existían en una nómina secreta alojada en el gobierno de la ciudad o bien, en Gobernación, grupos de choque o porros, eran usados para infiltrar movimientos sociales y generar caos allí donde fuese propicio para el régimen. Hoy, la izquierda hecha gobierno, plantea comisiones de la verdad para investigarlo todo y en la capital ha tenido gestos simbólicos como desaparecer el cuerpo de granaderos. Me parece bien, pero con todo ese ardor por desenmascarar las imposturas del pasado, no debería (creo yo) tener ningún empacho en crear una comisión para investigar quién entrena y quién paga a los porros. Espero que no tengamos que esperar 40 años para enterarnos, en otra película como Roma, quienes forman a esos grupos para golpear a la gente.
El grupo gobernante tal vez no pueda hacer muchas cosas, pero si, en efecto, controla a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Seguridad, dirige al órgano de inteligencia, no existe más el Estado Mayor Presidencial y el gobierno de la capital recayó en manos de Morena, así como la mayor parte de las alcaldías y el control del Congreso de la Ciudad de México ¿cuál puede ser el impedimento? No veo ninguna razón para que, con este alineamiento político, instancias federales y locales hagan una investigación concluyente de quién y cómo se financian los porros. El silencio o la ambigüedad en este caso es inadmisible. Si hay grupos proclives a la violencia, primero deberían ser identificados; segundo, cancelar sus fuentes de financiamiento y tercero y más claro, sancionar a sus autores intelectuales. Es escandalosa la puerta giratoria por la que algunos de estos golpeadores entran y salen en cuestión de días de la Procuraduría capitalina, lo cual permite sospechar que son cobijados por sectores del propio gobierno en funciones.
Pero si en la capital es posible que Morena los proteja, por oscuras razones de la rupestre política de la capital, un gobierno de izquierda, con Olga Sánchez Cordero al frente de Segob, debe comprometerse a extirpar el atavismo de los porros y el primer paso es establecer un censo de éstos y sus patrocinadores. Para eso hace falta voluntad política y ponerse a trabajar en ello, no mucho más, porque el control completo de las instituciones lo tienen.
Analista político. @leonardocurzio
