Los vídeos del hermano del Presidente y David León le vienen como anillo al dedo a la institución presidencial. Tal vez al titular del Ejecutivo no le sea grato ver a su hermano recibir dinero en efectivo. Aunque invoquen a Moisés huyendo del faraón o cualquier otro paralelo histórico, el manejo de esas sumas en efectivo en campañas no está permitido. Leona Vicario no recibió más de 120 millones de dinero público (en 2015) para financiar su movimiento. El oneroso modelo de financiamiento público es para garantizar que se haga política financiada por el erario para evitar sujeciones indeseadas. De nada sirve proclamar que los delitos electorales son ahora considerados graves; o que el jefe del Estado diga que vigilará que nadie meta la mano en las elecciones, si cuando se demuestra que su movimiento lo hace, la reacción de sus redes es descalificar a Carlos Loret. Como supremo veedor o auditor electoral ya quedó claro que no es imparcial.
A la institución presidencial sin embargo le viene como anillo al dedo esta situación embarazosa pues, bien manejada, puede generar dos efectos benéficos.
El primero es curar a una democracia enferma de dinero. Las confesiones de Lozoya son un capítulo más en documentar la inmundicia, pero no son el primero. El propio AMLO demostró, hace más de 20 años, el financiamiento ilegal de la campaña de Roberto Madrazo. Ese episodio dio origen al modelo de financiamiento de 1996. Ese esquema permitió la competencia política de la oposición. Calderón y AMLO presidían sus partidos en esa época y ambos han llegado a la silla del Águila. Es deseable que el presidente actúe, como el buen juez, por su propia casa. El manejo de efectivo debe quedar totalmente prohibido en las campañas. Aunque el tribunal los haya absuelto, el fideicomiso “Por los demás“ recibió depósitos por más de 44 millones en efectivo.
El segundo es que debe cesar el golpeteo al INE desde el gobierno. Descalificar elecciones previas por no haber detectado o probado ciertas irregularidades puede ser contraproducente. Es verdad que se les han ido muchos millones por debajo de la mesa y es probable que el periscopio del Instituto no detectara tampoco las componendas del hermano del presidente, pero no creo que se eso invalide la elección del 2015 y mucho menos que en el futuro se impugne la de 2018. Si seguimos por esta vía no faltará quien quiera colaborar y reciba criterios de oportunidad para desacreditar, en el futuro, el triunfo de López Obrador.
Las instituciones son falibles, pero las elecciones deben vigilarse, observarse y fiscalizarse y terminarse. Debe exigirse a los partidos que no haya más que una chequera que administre el INE, pero una vez escrutados y fiscalizados los recursos y agotados los procedimientos de impugnación, se debe proceder a la definitividad. Si se acreditan desvios bueno es que se ventilen públicamente y se castigen por la fiscalía, pero decir que el INE es cómplice de quienes se comportan como tahures del Mississipi es injusto. Es como si al SAT se le escapan del radar bolsas de fraude fiscal se le acusara de estar confabulado con los evasores. Seriedad. No siempre ganan los buenos.
El Presidente tiene, con el expediente de su hermano en la mesa, la oportunidad de impartir justicia tan bien como lo hizo el rey hebreo, Sancho el escudero o el villano Pedro Crespo. Claro, también puede permitir que se sigan haciendo las cosas como siempre, solamente con un cambio de siglas.
