La democracia es como es y nos puede parecer mejor o peor lo que decidan las mayorías, pero su voluntad es ley. La CNTE ha conseguido pasar de la condición de magisterio disidente a la de magisterio hegemónico. Sus tesis y sus prioridades han sido asumidas por el Ejecutivo y por la bancada morenista como propias y si el Senado lo acepta, tendrán fuerza de ley porque, con toda legitimidad, así lo decidió la mayoría. Llama la atención que el gobierno haya asumido de tal manera el discurso de la CNTE y que repita, incluso, su propaganda pueblerina y plúmbea acerca de privatizar la educación pública. Me pregunto quién querría comprar el sistema de educación oficial de Oaxaca con la carga laboral que esto supone, cuando en este país la libertad de poner escuelas, incluidas las llamadas “patito”, es una práctica común. Salvo en la inagotable fuente de noticias falsas sindicales, no puede imaginarse que algún capitalista voraz quiera apropiarse de un sistema público ruinoso e ineficaz. Pero la fuerza de la ideología y las fake news se han impuesto a otras narrativas y buena parte de los intelectuales de izquierda han preferido guardar un prudente silencio ante la derrota del sistema educativo nacional. Porque, aunque las mayorías lo decidan y tengan el derecho, el modelo educativo mexicano ha estado, está y previsiblemente seguirá quebrado con estas reformas que lo único que hacen es reforzar el poder de los sindicatos y no el derecho de los niños a una educación de calidad.
Salvo la desmemoriada retórica del rescate de un sistema educativo que hace muchos años dejó de hacer de la excelencia y el rigor sus elementos cardinales, es muy difícil argumentar que la nonata reforma del 2013 alteró brutalmente un sistema que fomentaba la movilidad social y la educación de calidad. Era un sistema quebrado, costosísimo y profundamente politizado. El diagnóstico lo compartieron todos los grupos políticos progresistas cuando, con todo el fundamento del mundo, criticaron a Vicente Fox y a Felipe Calderón por entregarle al sindicato un poder que, lejos de servir a la colectividad, se había convertido en un elemento reproductor de privilegios. En aquel momento los gobiernos de Calderón y Fox usaron sus mayorías para privilegiar a sus aliados, hoy el Presidente hace exactamente lo mismo: le entrega a sus socios electorales el control de la educación. Como decía, la democracia funciona así y quienes ganaron las elecciones hoy pueden decir que tienen el mandato de las mayorías. Pueden también arrinconar a las organizaciones que, con rigor, denunciaron las insuficiencias del sistema porque tienen suficientes asientos en el congreso y una caja de resonancia poderosa en el discurso gubernamental.
Pero una cosa es tener mayorías y otra cosa es tener razón. No tuvieron razón los gobiernos anteriores en entregar tanto poder a los sindicatos, como tampoco lo tiene éste al volver a poner a la CNTE como el paladín de la excelencia educativa. Lo que hace falta en este país es una política de Estado en materia educativa que, más allá de los zigzagueos que la democracia genera, pueda conservar la esencia de algo que, a mi juicio, debería estar muy lejos de las variaciones partidistas. La educación esmerada y de calidad debe ser un servicio público igualador. De igual forma, el Estado debe invertir en infraestructura educativa de tal manera que las escuelas públicas sean el ejemplo y no tengamos que seguir refugiándonos en las escuelas hechas en el cardenismo porque no nos ha dado dios licencia de construir nuevas escuelas públicas que sean un modelo. Los niños más pobres deberían tener instalaciones portentosas con albercas olímpicas, canchas de fútbol enormes y laboratorios. Hoy, la mayoría ha decidido que la educación pública es un trofeo electoral y una moneda de cambio para ganar elecciones, pero ha diferido seis años más la necesidad de establecer una política de Estado en materia educativa. Como siempre, las y los niños más pobres del país pagarán el costo y los grupos políticamente influyentes se llevarán una victoria que legítimamente les corresponde hasta que el soberano se percate de que más que una reforma, ésta parece ser una enorme impostura.
Analista político. @leonardocurzio
