La concentración de poder avanza sin que se perciba un plan definido de lo que el grupo en el poder quiere hacer con las capacidades crecientes que viene acaparando. Dudo mucho que la presidenta quiera convertirse en la próxima Daniel Ortega de este país y me parece poco probable que se esté pavimentando el camino para que López Obrador pueda regresar. La concentración de poder ha arrasado con la carrera judicial. Limitan severamente las capacidades de las entidades federativas y municipios de interponer controversias constitucionales, porque han decidido aplicar la cláusula de José Alfredo Jiménez “mi palabra es la ley… y mi proyecto el supremo”.
Por otro lado, domestican a órganos autónomos, como el INE, y amenazan con extinguir a otros (Inai, IFT) y asimilar sus funciones a la Administración Pública Federal. A este paso pronto tal vez veamos que la Auditoría Superior pasa a la Secretaría de la Función Pública y ya puestos pasar la tutela de los derechos humanos a la FGR o a la Guardia Nacional.
Centralizar el poder y las capacidades administrativas tendría lógica si estuviésemos ante una emergencia o una situación extrema. En esos casos se justifican los plenos poderes. Estos, por definición, deben ser limitados en el tiempo y con un propósito muy específico como conjurar una amenaza a la seguridad nacional o atender una catástrofe natural.
No queda claro qué se persigue en esta coyuntura, salvo la acumulación del poder como un fin en sí mismo. En la teoría política clásica, el poder siempre requiere una finalidad y de preferencia edificante. En la patrística hay páginas muy bien tratadas por Passerin d’Entreves, en la que se recuerda que la justificación de acumular poder siempre se explica por los actos de administración, es decir, concentrar poder para ofrecer resultados y bienes públicos. Las monarquías, para justificar su absolutismo, buscaron un fin edificante; la española se proclamó católica como el brazo secular de la defensa del catolicismo. El fin explícito es ineludible.
Me parece cada vez más claro que centralizar funciones e ir eliminando acompañamientos y contrapesos, lejos de ser funcional a un proyecto de pacificación del país, que es la primera prioridad de este gobierno, se convierte en un obstáculo. Por una razón lógica, ampliar tus tramos de control te hace menos eficaz para lidiar con todas las materias. Fue enternecedor el Informe sobre la venta de golosinas en las escuelas. A pesar de toda la palabrería contra la comida chatarra y los sellos, en más del 90% de las escuelas se venden. Como si el gobierno fuese un espantapájaros: ni los maestros, ni los padres, ni los niños lo atienden. El asunto es más grave cuando hablamos de los temas de seguridad.
Cada día que pasa y prosigue el ánimo concentrador, las preguntas sobre el futuro de México irán en dos líneas. La primera es si un país que altera la división de poderes y cancela la operación constitucional normal, usando su mayoría para convertir la Constitución en su proyecto y no en el nacional, ¿seguirá siendo una democracia liberal y constitucional? La segunda es administrativa, ¿para qué quieres tanto poder si no puedes controlar ni la venta de “charritos” en las escuelas, pavimentar carreteras o evitar el tráfico de gasolinas y piratería?
Analista. @leonardocurzio
