Los riesgos más importantes para el proceso electoral son, sin establecer un orden definitivo, los siguientes: a) La violencia. b) El dinero del crimen organizado. c) La impunidad electoral. d) El uso de las instituciones. e) La intervención presidencial.
Desde 2018, el informe de observación de la misión de la OEA, presidida por Leonel Fernández, advertía que la violencia ligada a las elecciones mostraba un perfil preocupante. La consultora Etellekt nos ha alertado sobre amenazas, agresiones y ataques que no han cesado en este 2021. El gobierno presentó una estrategia (incompleta), hasta ahora, poco eficaz para contener este flagelo, pues en estados como Oaxaca, en donde se supone que el crimen organizado tiene menos influencia, la violencia sigue siendo un elemento asociado a la política.
El segundo riesgo tiene que ver con el dinero del crimen organizado. Este problema está presente de manera activa en muchas zonas del territorio nacional. En Michoacán o Tamaulipas el dinero del narcotráfico contamina la vida política y puede deformar los propósitos de un gobierno e incluso asesinar a candidatos o a políticos en funciones. La UIF y el INE han firmado un convenio que va en el sentido correcto para cerrar el paso a toda fuente de financiamiento criminal que pueda alterar el funcionamiento del sistema político. Es importante subrayar que no hay manera de blindar el sistema político si no existe un compromiso de las dirigencias nacionales de los partidos de hacerse responsables de las candidaturas en los distritos y en las entidades conflictivas y particularmente, de mirar con lupa el modo de financiamiento de esas campañas. No se puede culpar a la autoridad de aquello que los partidos permiten, incluso prohíjan, con su tendencia a gastar desaforadamente y a eludir el cumplimiento de las normas.
Aquí entra el tercer elemento que debemos ponderar mejor: la impunidad electoral. En semanas anteriores, hemos visto cómo el partido de la mayoría ha decidido hacer de ésta, una parte de su proceder. No solamente les ha costado (como le ocurría al PRI) ajustarse a las normas estatuidas para todos los competidores, sino que se resisten, con arrogancia e incluso insolencia, a que se les apliquen correctivos y sanciones. El tono desafiante que desde el gobierno se despliega en contra del INE muy pronto podrá ser utilizado por oposiciones igualmente intolerantes que no reconozcan, en el futuro, resultados favorables a este gobierno. El efecto péndulo que el radicalismo político genera, también se refleja en el comportamiento electoral cuando se valora el desacato como un procedimiento habitual.
Finalmente, el riesgo que implica la utilización de los recursos del Estado para intervenir en el proceso político en dos sentidos. El tema de los desafueros, convenientemente agendados en el periodo electoral, puede implicar discordias mayores en el futuro. Tampoco puede disimularse el apareamiento de las estrategias judiciales con procesos políticos en estados como Nuevo León o San Luis Potosí. Queda, por supuesto, el potencial uso de servicios de inteligencia, el SAT o la UIF para tratar de incidir en el proceso. Es una tentación que tienen todos los gobiernos, pero la historia nos enseña que siempre terminan mal porque al final, como ocurrió con el desafuero de AMLO, todo acaba por saberse y daña en el largo plazo a sus instigadores. Y el último es ese Presidente incontenible que hoy hace lo que antes censuraba: intervenir desde la presidencia en el proceso electoral.