Tenemos el país que tenemos porque nuestra inteligencia colectiva no da para más, tampoco para menos. La discusión sobre el papel del Ejército en seguridad pública resurge en términos deplorables. El oficialismo, en vez de entonar una saludable autocrítica y convocar a un pacto de Estado, vocifera y descalifica sin pudor. Los gobernadores, desde la comodidad de la delegación en una función sustantiva, actúan como jefes de un territorio y no como responsables de sus entidades. Ha corrido mucha agua desde el 2006, pero en materia de seguridad (es indiscutible) seguimos atados al cordón umbilical de las Fuerzas Armadas, a las que este país debe tanto. Las nuevas preguntas son: ¿Deben seguir cumpliendo una función supletoria de forma “transitoria/permanente”? ¿Relegar sus misiones constitucionales para atender lo que el gobierno no ha podido consolidar? ¿Disolverse lentamente por una sustitución progresiva de sus prioridades institucionales? ¿Dejar de ser el garante de la seguridad nacional para atender la seguridad púbica?
Si Putin llamó a su invasión “operación militar especial”, (que se ha alargado más de seis meses), en México la “guerra de Calderón” se ha extendido ya (con distintos nombres) 16 años y ahora se amplía al 2028. Porque le pueden llamar como quieran, pero el paisaje estratégico es el mismo: fuerzas de seguridad débiles o disfuncionales y organizaciones criminales estructuradas y agresivas. El dilema lo planteó en lo político Calderón y lo argumentó Guillermo Valdés: la combinación de un Estado disfuncional y carteles poderosos, obliga a depender de las fuerzas armadas. Eso era cierto en 2006 y hoy también. Tal vez no la quieran llamar guerra y prefieran el eufemismo “operación militar especial”.
Ampliar la función supletoria (que típicamente debería estar ligada a una emergencia) plantea dudas sobre el futuro de Sedena. Por prudencia o resquemor no nos atrevemos a decir que Sedena será la Secretaría de Seguridad Pública. Y eso tiene muchas implicaciones. Aunque intenten disfrazarlo con transitorios, primero cinco años y ahora hasta el 2028, lo que están haciendo es normalizar la situación extraordinaria y hacerla permanente.
El transitorio cambia el rol del Secretario de la Defensa. Es una figura central en la proyección de credibilidad institucional por ser garante de la Seguridad Nacional, lo que le confería respetabilidad, legitimidad y aprecio popular por encima de la política partidista y este cambio lo ubica como un actor más de la política gubernamental, incluso adopta hasta sus mismas expresiones. El garante de la seguridad nacional pasa a ser el responsable de la policía y estará sujeto a las mismas reglas que cualquier otro secretario.
Un cambio en las misiones de una secretaría pueden transformarla en su totalidad. Con la seguridad pública en el centro de su mandato las funciones de seguridad y defensa nacionales pueden ser “vampirizadas” por lo que debería ser una función acotada temporalmente, pero ahora, por la magia de la politiquería, se le da vocación de eternidad.
Estamos ante la posible disolución progresiva del Ejército. Si lo que quieren es mantener la ficción de qué sólo es un apoyo transitorio haberlo ampliado es una confesión de parte: no hicieron (salvo la CDMX y alguna otra entidad)) el trabajo: desarrollar capacidades. ¿Lo harán de aquí al 2028? Muy dudoso. Seguirá el proceso de alimentarse de un tejido institucional sano para suplir sus carencias, pero al final el tejido sano acabará conviviendo con los vicios de esa política que le ha dado a este país menos alegrías que la Selección Nacional.
Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.
@leonardocurzio