La estrategia de seguridad de Sheinbaum ha establecido dos pilares fundamentales para atender el gravísimo problema de inseguridad. El primero es elevar a rango constitucional el mando de la Guardia Nacional en la órbita de Sedena. Es una decisión importante que, en mi opinión, debió haberse consensuado con sectores de la sociedad civil y la academia para hacerla todavía más duradera y evitar esa disputa sobre la militarización que crecerá con los años y se hará más sonora si no se tienen resultados en el corto plazo.
El segundo elemento fue presentado por García Harfuch que contiene, además del reforzamiento de la Guardia, los temas de coordinación e inteligencia. El alcance que tenga su Secretaría dependerá de la forma en que trabajen los gobiernos locales para apoyar al federal. Es sabido que esto, más que un tema de voluntad política, depende de la confianza que se dé entre los mandos operativos y el grado de integridad que lleguen a tener los núcleos que garantizan la coordinación. En el pasado vimos cómo la estrategia de Peña también contemplaba la coordinación con las entidades, pero terminó en tragedia cuando explotó Ayotzinapa y el gobierno de Guerrero dijo que no había comunicación. Tampoco tiene demasiada lógica, como lo ha demostrado la experiencia, coordinarse con narcogobiernos como en su momento hizo el de Michoacán, que recibía información federal para pasársela a los delincuentes.
Atender las causas del delito sigue siendo una proclama popular y sensata desde un punto de vista genérico, pero mientras no se focalice y no se complemente con nuevas prácticas sociales no avanzaremos demasiado. Seguimos siendo un país donde el contrabando (purificado con la regularización de los “chocolates”) y la venta de productos pirata y robados es algo público y notorio. Nuestro apego a la cultura de la legalidad sigue siendo bajísimo. No se puede derrotar al crimen cuando parte del sistema político y una parte de la comunidad viven en amasiato con las actividades delincuenciales. El dinero en efectivo circula por un extenso engranaje y no hay voluntad de frenarlo. La UIF parece concentrada en temas políticos.
La perspectiva de que la división de poderes quede borrada con la Reforma Judicial no es remota y en principio eso debería implicar una secuencia funcional para este tema. Los jueces deberían consignar sin demasiados reparos por el debido proceso, pues serán amenazados por un tribunal disciplinario y una mañanera. Ese es el único ángulo positivo que puedo verle a la reforma, aunque es claramente autoritario. Dos elementos no están presentes en el modelo:
1) El acompañamiento de una comisión nacional de derechos humanos que ha perdido toda la legitimidad y la credibilidad como un elemento que contrapese y vigile el despliegue policiaco y militar.
2) El acompañamiento de la sociedad civil y la academia.
Tenemos experiencias exitosas en Nuevo León, Coahuila y la Ciudad de México donde la estrategia de seguridad ha sido acompañada por los actores señalados y será importante que en el despliegue federal haya una mayor comprensión y acompañamiento de la sociedad civil.
Y finalmente está la relación con Estados Unidos, quebrada por la falta de confianza en la eficacia del gobierno y ejemplificada con la extracción del Mayo Zambada a espaldas de las autoridades. Fue un acto inadmisible que sólo se explica por la sospecha de protección al cártel. Esa hipótesis hará correr mucha tinta en los próximos meses. La doctora tendrá que designar interlocutores confiables y acreditar que su gobierno no protege delincuentes, aunque algún diputado de su partido se lo proponga y varios de los gobiernos de Morena los protejan.
Analista. @leonardocurzio
