Nada dibuja mejor la realidad nacional que el debate sobre los libros de texto. Un ánimo oscurantista de un gobierno que considera que la política educativa es patrimonio de su partido y que, por tanto, puede hacer y deshacer los contenidos educativos como si fuesen parte del barril del puerco. Una cargada de gobernadores con un apoyo acrítico al gobierno (como si se tratara de una invasión externa) y un victimismo esperpéntico de quien pretende jugar un papel de guerrillero arrinconado desde un despacho gubernamental. Nada tiene de heroico usar el poder burocrático para imponer una visión torpe y mal implementada. Puestos a buscar parecidos, Marx Arriaga se parece más a la burocracia priísta del “ordeno y mando” que a la lucha de los líderes guerrilleros. Lo que hay que ver.
Me sorprende escuchar voces informadas que solapan que todo gobierno tiene derecho a imponer su visión y que todos sus predecesores han puesto su sesgo en los libros de texto. Voces que en el pasado criticaban, con razón, que la política educativa se cediera al yerno de la Maestra y por su conducto al Sindicato hoy parecen rendidas cuando se entrega la política educativa a los comisarios políticos. Otras voces “jalan la marca” e intentan llamar a la moderación a las voces críticas, o peor aún, centran sus capacidades analíticas en quienes han denunciado la mala calidad del proceso. Siempre es fácil jugar al papel de Salomón de la vida pública, diciendo que la estridencia de los críticos impide un diálogo razonable. Me parece que este “buenismo” está hoy fuera de lugar. El diálogo no se dio en el momento que se debió dar y el gobierno está poniendo al país ante un acto vertical y consumado. ¿O es que acaso está convocando a un foro nacional, a un parlamento abierto para reconsiderar los contenidos?
La secuencia de hechos no autoriza a poner la carga sobre los impugnadores; el gobierno optó por apropiarse con nocturnidad y criterio partidista de los libros y excluyó en su confección a amplios sectores. Lo demás es consecuencia. Creo que lo importante es moverse en un sentido constructivo que, para mí, no puede ser otro que modernizar la confección de materiales educativos.
La educación (y los materiales que se usan para impartirla) debería estar en manos de funcionarios del Estado cuyas competencias hayan sido probadas. ¿Cuándo ganó una oposición el señor Arriaga? ¿Está capacitado para dirigir una maniobra técnica de ese calado en nombre del Estado mexicano? Lo mínimo que se puede pedir para el desempeño de funciones vitales para la reproducción de la vida pública (como la educación), es que las confeccionen e implementen funcionarios de carrera. Gente que esté por encima de cualquier sospecha partidista y que tengan suficiencia técnica. El Estado mexicano tiene, por ejemplo, un órgano que hace censos y que mide todo lo medible con criterios técnicos, o un banco que emite moneda con criterio técnico, fuerzas armadas profesionales… ¿No puede tener la SEP un grupo de pedagogos profesionales encargados de la tarea?
La educación pública en este siglo ha sido entregada primero al Sindicato y ahora a una burocracia partidista que no muestra la menor simpatía por el conocimiento. La educación pública no es ni de Gordillo ni de su yerno, pero tampoco de Marx Arriaga. Las fuerzas políticas (también proclives al esperpento de quemar libros) deberían pactar una administración técnica y profesional que elaborara los materiales y no comisarios políticos que buscan su autoglorificación o rentabilidad política.