En mayor o menor medida, todos somos usuarios de ese sistema. Se acabó aquella visión nostálgica de los vuelos placenteros donde señoras con pieles y caballeros perfectamente ataviados se fotografiaban en las escalerillas de un avión. Hoy el pasajero promedio es un migrante, un hombre de negocios, un asistente a un congreso, algún conferencista despistado y por supuesto también turistas. Las condiciones en las que opera el servicio público se deterioran a ojos vistas y las reacciones de la autoridad parecen inconexas y disfuncionales, como si no fuese capaz de vertebrar soluciones y mejorar el funcionamiento general del sistema. Eso habla más de nosotros que los discursos gubernamentales o los manuales de administración. Nadie sale bien librado de esta feria de incompetencias. Ni el gobierno ni las compañías, que por cierto tienen una enorme capacidad de eludir responsabilidades al decir que es un sistema complejo, como si complejo significara que la anomalía fuese casi la norma.
Una primera inquietud es: ¿Por qué el país está degradado en materia de seguridad aeronáutica por la contraparte norteamericana? Más allá de la imagen que esto proyecta al mundo, tenemos una administración incapaz de demostrar que sus regulaciones, sus sistemas, la capacitación de la gente y la disponibilidad de inspectores competentes, están en los niveles adecuados. Fuera de los anémicos debates sobre las burocracias doradas o no estar a la altura, aquí no hay mañanera que valga, ni mayorías apabullantes que legitimen que el país está degradado y todos lo sufrimos. Es probable que lleguemos así al verano del 2022 y por lo tanto inaugurarán Santa Lucía con un país degradado en aeronáutica.
Por más decretos, maquetas y visitas que se hagan del y al aeropuerto, no se ha logrado demostrar que pueda funcionar en plenitud y ser una solución de fondo. Podrá ser una joya y habrá costado menos que el proyectado en Texcoco, pero tres realidades pesan sobre sus espaldas. A) el número de posiciones, b) la hasta ahora infranqueable (en tiempos razonables) distancia con el AICM y c) la operatividad simultánea con el Benito Juárez. Este gobierno puede echar su tradicional montón discursivo sobre los críticos, pero tendrá una realidad compleja y, en muchos sentidos, contradictoria que administrar. Somos probablemente el único país del mundo que tiene política aeronáutica sexenal y estamos a expensas de lo que se le ocurra al que venga.
El deterioro de la calidad del servicio de las líneas aéreas puede explicarse, en parte, por las insuficiencias del sistema y la pésima calidad de la infraestructura. El aeropuerto se ve viejo, hacinado, poco hospitalario y ahora insalubre, pero las compañías tratan a sus pasajeros sin consideración, modificando horarios y cancelando vuelos sin las explicaciones pertinentes. Recordamos que en el sexenio anterior intentaron legislar para sancionar los incumplimientos de horario y todo chocó contra el enorme poder que tienen: ni cacahuates te dan por alterar horarios que superan en tiempo la duración de las constantes e irritantes demoras. Las líneas aéreas son a México lo que las empresas de armas son en los Estados Unidos, nadie se atreve a meterse con ellas. Entiendo su carácter estratégico, pero me pregunto si realmente el vigoroso Procurador del consumidor no pudiese, en colaboración con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (que no sé si exista todavía), hacer ver a los concesionarios que, por lo menos, le tapen el ojo al macho y hagan como que cumplen con los niveles mínimos de puntualidad. La situación del sistema de aviación civil refleja el desorden administrativo que tiene este país. Ajo y agua.