A estas alturas del sexenio a nadie sorprende que todo se conteste en clave política. Es cada vez más ingenuo esperar que ciertos temas, como los de seguridad, se traten con la perspectiva de la seguridad nacional. Lo que ocurrió en Zacatecas, sin embargo, es de una gravedad extrema y merecería, a mi juicio, una lectura alterna al ejercicio de comunicación política que este gobierno realiza cotidianamente. Un ejercicio, por cierto, en el que el Presidente se siente cada vez más cómodo, menos exigido por las preguntas a modo, que no lo ayudan a estimular el pensamiento alterno en estos temas delicados.
Diez cadáveres ubicados frente a un Palacio de Gobierno constituyen una escena macabra cualquiera que sea el escenario: Samarcanda, Siracusa, Cali, Santa Fe o Chicago. El que haya ocurrido en Zacatecas implica un mensaje inequívoco a un gobernador que está iniciando su gestión y que, de manera torpe, se escudó en la herencia maldita o invoca a Dios. No lo culpo. Cualquier gobernante acosado en su perímetro más cercano debe sentir la soledad del cargo. Alguna vez escuché a un gobernador de Nuevo León expresar ese temor de no saber si, al salir a la avenida Morones Prieto, su vida correría peligro. Cuando te pegan en tu entorno más cercano se precariza tu sensación de seguridad.
Es un acto de intimidación al gobernador y a la sociedad zacatecana. Los responsables están diciendo: podemos poner en entredicho la capacidad del poder legítimo de establecer el orden. En ese sentido, es un acto de comunicación siniestro que se resume en que el gobierno, con su imparable palabrería y su boato, es incapaz de contener la violencia en los perímetros de sus Palacios, en plural. El mensaje que los perpetradores dejaron es que es su voluntad escalar la confrontación hasta llevarla al ámbito federal. El mensaje no se recibe, por tanto, solamente en el Palacio de Zacatecas, sino en Palacio Nacional. Como si los criminales dijeran de manera insolente e inadmisible: nuestra bronca es con Monreal, pero no tenemos miedo a confrontar al federal.
Este tema es el más delicado. No es la primera vez que una organización criminal desafía a las fuerzas federales (ha habido incluso ataques a helicópteros), pero el depósito de los cadáveres implica un escalamiento que el gobierno federal no puede ignorar.
El asunto requeriría una respuesta contundente, pues no es tolerable que se desafíe a cualquier administración del signo que fuese. Y una profundización de la estrategia en el sentido que a los políticos no les gusta, pues es un proceso de crecimiento lento y es el debilitamiento de las estructuras criminales y el reforzamiento de las capacidades policiacas de los Estados. No se puede avanzar seriamente si los gobernadores no tienen incentivos para desarrollar una fuerza policial disuasiva. Y más allá del ánimo expansivo del Presidente, que todo lo quiere controlar, es crucial permitir una maduración acelerada de la GN. Como bien decía Carrillo Olea, la GN es una institución del Estado indispensable para todo proyecto de nación presente, pero requiere de una consolidación y una libertad funcional para ser algo más que el brazo armado del primer mandatario o el apaga fuegos de gobernadores.
La GN debe conservar el aprecio de los ciudadanos y desarrollar una función disuasiva y contundente en el sentido más pedestre y elemental: no te metas con la GN porque se te cae el pelo. Hoy, eso no ocurre y sin embargo es interés de todos conseguirlo. Hoy fue Zacatecas. Mañana puede ser en cualquier parte.
@leonardocurzio