México es un país soflamero. Vivimos en el escándalo. Nuestra condición nacional es un estruendo en el que conviven mentiras y simulación. El PRI acaba de terminar una campaña electoral diciendo que el autoritarismo crece y en el 2018 nos advertía del riesgo de caer en la oscura caverna del populismo. Resulta que, cuando gobernaba, usó mecanismos típicos del autoritarismo, como el espionaje político.
Ningún gobierno democrático debe utilizar sus facultades tributarias o el espionaje para presionar a opositores y críticos. Tampoco debe usar las fiscalías para intimidar a sus competidores. Pero todo esto ha ocurrido sin ninguna consecuencia. El Presidente que prometió cambiarlo todo, sigue jugando con la revancha como instrumento político, mientras se autonombra humanista y proclama que en este país esas cosas no suceden. Pero, además, mientras alienta una cruzada contra sus predecesores, ha señalado que no hará denuncias por el caso Pegasus a pesar de que él y su círculo más cercano fueron espiados.
Es paradójico que use la consulta como represalia y al mismo tiempo exculpe a un gobierno con el que visiblemente pactó; es revelador que se muestre más interesado en perseguir a Cárdenas Palomino quien, aunque no sea ninguna perita en dulce, nunca llegó a tener el poder que en la administración anterior acumuló Osorio Chong. El juicio al pasado no son solamente las invectivas mañaneras, debe ser algo más para sembrar nuevos árboles.
Si tomáramos en serio la gravedad del expediente Pegasus y las otras formas de espionaje, el Congreso debería convocar a una comisión de investigación con un perfil parecido a la que investigó en Estados Unidos los atentados de septiembre de 2001 y establecer responsabilidades. Hasta ahora ha cumplido una función espectral. La comisión bicameral (que vigila el trabajo de los sistemas de inteligencia) ha estado, como la mayor parte del Congreso, nulificada por la acción de un Ejecutivo al que no le gusta que le muevan una coma y mucho menos lo controlen o lo llamen a comparecer. Un ejemplo: la última comparecencia ante la bicameral fue la de Peralta todavía como autoridad aduanera. El Judicial también está perdido en el espacio. Según una nota de La Jornada, en este sexenio ¡¡¡no ha recibido peticiones de intervención telefónica!!! En serio: ¿no hay ningún seguimiento?
Debemos saber qué ocurrió para que no vuelva a suceder. El Congreso debería citar a comparecer a Peña, a Osorio, al exdirector del Cisen y a los subdirectores operativos que tuvieron a su cargo el seguimiento ilegal. Lo mismo que al resto de los órganos de Defensa y a la Procuraduría, incluida la Agencia de Investigación Criminal, que tuvieron acceso a esas tecnologías. Que vayan y expliquen bajo juramento cómo se identificaba a los blancos, por qué y por cuánto tiempo se hacían las intervenciones. ¿Con qué criterios se almacenaban las escuchas telefónicas y cómo se distribuían a los distintos usuarios? ¿Quiénes recibían esas escuchas telefónicas? ¿Las recibía el Presidente? ¿el Secretario? Deberíamos saber todo eso y no suponerlo.
Hoy lo que sabemos de espionaje y abusos policiacos se lo debemos a la academia y al periodismo (los grandes vilipendiados por éste y los anteriores gobiernos) a los que, sin embargo, habría que llamar una vez que el Congreso terminara las comparecencias para que elaboraran un documento de recomendaciones sobre el sentido que debe tener el cambio de la ley de seguridad nacional y sobre todo, cuál debe ser el papel de los servicios de inteligencia en una democracia y qué controles constitucionales efectivos debe tener para evitar que se use otra vez con propósitos facciosos.