El Presidente plantea la compactación administrativa de organismos autónomos , aunque en realidad se trata de una reforma del Estado en clave regresiva. Dudo de su oportunidad y solo la puedo entender, o como un afán expropiatorio de recursos o como una propuesta que trasmina un ánimo de permanecer en el poder más allá del periodo constitucional. Ningún mandatario desmonta un aparato institucional sin tener en cuenta que lo que puede hoy beneficiarle, favorecerá a sus contrarios cuando su ciclo termine. Las instituciones deben edificarse pensando en que los adversarios políticos llegarán al poder y esos excesos, que hoy defiende el Presidente, serán los clavos del ataúd democrático.
El mandatario ha convocado (supongo que con sorna) a un debate como el de los fideicomisos . Recordemos que esa amplia discusión fue desatendida por el Ejecutivo; al final ordenó al Legislativo que los extinguieran todos y que no le dieran a él “su chupón”. Debatan, mientras las redes sociales adictas al Presidente hacen polvo a los críticos, no se les escuchará. AMLO escucha pocas voces que ojalá, en este caso, se atrevan a advertir que desmontar a los autónomos es una reforma riesgosa e inoportuna. Tan inoportuna como sugerir, por ejemplo, que para ahorrar regresemos a una República centralista y unicameral. Este país tiene una crisis sanitaria , económica y una niñez encerrada en sus casas sin poder mejorar su sistema educativo . ¿Tiene algún sentido mandar esto a segundo plano para poner toda la energía política en desmantelar el Inai y el Ifetel? Solo en la lógica concentradora de un proyecto reeleccionista esto tiene sentido: administrativamente es un despropósito que no atiende a un enfoque de garantizar derechos.
El enfoque de los derechos, que ya discutía José Ramón Cossío, no logra integrarse a la narrativa presidencial: el derecho a la información, el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, incluso los derechos humanos no son temas que deban decidir autoridades administrativas o las mayorías mediante una consulta. Son derechos que deben garantizarse con independencia de lo que cuesten. Igual que se deben tutelar funciones que el interés público ha venido delegando a órganos autónomos que dan resultados. Por ejemplo, el Banco de México muestra eficiencia en la distribución de la moneda y en darle estabilidad. El Inegi provee de información seria y verificable. El INE garantiza elecciones confiables y la identificación de los ciudadanos. El Inai avala el derecho a la información y la custodia de los datos personales. La Cofece ha contribuido a mejorar el funcionamiento de mercados en beneficio del consumidor y el Ifetel le ha quitado el tufillo de negociación política turbia a las concesiones de telecomunicaciones. Se puede discutir si esos órganos pueden gastar menos, (Ifetel 1,500; Inai 905; Cofece 598 y CNDH 1,679 millones) pero es palmario el servicio que le han dado al país y es algo que debería valorarse. El dinero público es de los ciudadanos y esas instituciones les rinden cuentas. Su extinción debería ir, en todo caso, a consulta.
No podemos decir lo mismo de un sistema educativo maltrecho, de un aparato de seguridad que no disminuye la violencia ni las extorsiones; tampoco podemos decir que los niveles de impunidad sean tranquilizadores, pero la propuesta no podría ser desaparecer al gobierno completo. Un gobierno que es incapaz de gestionar el que su personal médico tenga tantas bajas por Covid o que los padres de niños con cáncer puedan tener acceso a sus medicamentos, debe mejorar su desempeño, no desaparecer. Lo mismo vale para los autónomos.
Analistas político.
@leonardocurzio