En campaña, Andrés Manuel López Obrador prometió que la relación con el gobierno estadounidense sería de respeto mutuo. Dijo que respondería con fortaleza e inmediatez a cada infamia trumpista. Escribió un libro donde recogió lo que parecía una doctrina para lidiar con el mercurial presidente de Estados Unidos. No se trataba de una promesa de beligerancia sino de dignidad frente a las previsibles exigencias de Trump. A diferencia de Peña Nieto, decía López Obrador, el nuevo gobierno mexicano no cedería a imposiciones ni se andaría con lisonjas vergonzosas frente a un hombre que se ha dedicado, por años, a vilipendiar lo mexicano.
En esto, como en otras cosas, la realidad ofrece otros datos. Frente a Estados Unidos, el presidente de México ha pasado de la pretensión de dignidad a la concesión como estrategia única. Y los costos han sido brutales.
La relación bilateral durante el primer año de gobierno de López Obrador atravesó un punto de inflexión durante la crisis de principios del verano, cuando Trump amenazó a México con la imposición de aranceles para obligar al presidente mexicano a endurecer radicalmente su política migratoria contra los centroamericanos que cruzan el país rumbo a Estados Unidos. Como ocurrió con Enrique Peña Nieto, cuya única prioridad en la relación bilateral siempre fue la agenda comercial, el gobierno lopezobradorista cedió a la presión estadounidense y convirtió al territorio mexicano en tierra inhóspita para los mismos migrantes que López Obrador prometió proteger. Es verdad que México no aceptó que se le designara Tercer País Seguro, pero fue una victoria pírrica: en la práctica, Estados Unidos ha hecho lo que ha querido con México en materia migratoria. La presión de Trump llevó al gobierno mexicano a militarizar sus fronteras, en plena adopción de la estrategia punitiva que tanto daño ha hecho a la comunidad migrante en Estados Unidos. El resultado ha sido una catástrofe moral.
El gobierno mexicano ha ignorado el sufrimiento de miles de personas en las fronteras del país. Dos grandes reportajes recientes muestran la realidad en Matamoros y Tapachula, zonas críticas de la tragedia migratoria mexicana. El primero, firmado por Kevin Sieff, reportero del Washington Post, retrata la desesperación de miles de migrantes centroamericanos en Matamoros, donde tratan de sobrevivir bajo un frío inclemente y la amenaza constante del crimen organizado. Las condiciones en el campamento de refugiados, dice Sieff, son espantosas por insalubres y precarias. La amenaza de una epidemia que derive en una crisis de salud pública es inminente. Desesperados, los padres prefieren enviar a sus hijos solos a Estados Unidos a arriesgarlos a pasar un día más en el infierno mexicano.
Algo parecido ocurre en Tapachula. Un reportaje reciente de Elena Reina en El País retrata otra versión del mismo colapso moral que el gobierno mexicano ha permitido con su inhumana política de migración. Lo que describe Reina es el infierno, ni más mi menos. Mujeres centroamericanas obligadas a prostituirse, bajo los ojos de sus hijos, con tal de sobrevivir; Tapachula como “una cárcel” donde el abuso, el dolor y la violencia son de todos los días. La de Reina es la crónica de una degradación dantesca, de mujeres agredidas de mil maneras: encadenadas, vejadas, esclavizadas. El horror.
Además del retrato común del sufrimiento y la desesperanza, los dos reportajes coinciden en la indolencia del gobierno mexicano. Dada la horrenda situación, esa indolencia revela no solo ineptitud sino crueldad. Ambas son atribuibles a una persona: Andrés Manuel López Obrador. El dolor de esos migrantes en las dos fronteras mexicanas es responsabilidad del presidente de México y su política de concesión frente a Estados Unidos. Fue López Obrador quien aceptó colaborar en el injusto programa “Permanezca en México”, que ha enviado a México a miles de migrantes centroamericanos mientras esperan la supuesta resolución de sus peticiones de asilo en condiciones como las que describe Kevin Sieff en Matamoros. Fue López Obrador quien aceptó militarizar la frontera sur mexicana, atrapando a las mujeres centroamericanas en esa cárcel que describe Elena Reina. Fue López Obrador quien decidió no otorgar recursos suficientes para construir los albergues necesarios o mejorar las condiciones abyectas de los que ya existen. Todas esas son decisiones enteramente imputables al presidente de México y a nadie más. Esa es la verdad de la relación con Estados Unidos durante el primer año de gobierno de López Obrador. Que no quepa duda: la historia juzgará con dureza a los involucrados.
