El jueves pasado la fiscalía de Manhattan hizo historia al acusar formalmente a Donald Trump de lo que probablemente serán crímenes relacionados con el pago de 130 mil dólares a la actriz pornográfica Stormy Daniels para comprar su silencio. Contra lo que han dicho algunas voces (entre ellas el presidente de México, fiel defensor de Trump), al expresidente de Estados Unidos no se le acusa por un amorío. El abogado personal de Trump confesó haber pagado la cantidad a Daniels durante la campaña presidencial del 2016 y la campaña de Trump no reportó el gasto correctamente. Esto podría implicar una violación no solo al manejo contable de la empresa de Trump sino a las leyes electorales estadounidenses, entre otras cosas.
Está por verse si será suficiente para llevar a Trump a juicio y, mucho más, a una sentencia condenatoria. Faltan meses. Tanto así que el juicio podría coincidir con la campaña presidencial del 2024, cuyo principio formal está a poco menos de un año de distancia.
Lo que ya está claro, sin embargo, es que el encausamiento ha significado ya una bonanza política para Trump. Su campaña asegura haber recaudado cinco millones de dólares en las primeras 48 horas posteriores al anuncio. Se ha consolidado, por mucho, en el primer lugar de las preferencias en las encuestas del partido republicano. Mucho más notable todavía, prácticamente todas las figuras de relevancia en el movimiento conservador le han manifestado su apoyo irrestricto. Todos, incluidos sus rivales actuales y pasados. Ron De Santis, gobernador de la Florida y principal rival de Trump por la candidatura, tardó un poco, pero finalmente denunció el proceso. Lo mismo hizo Nikki Haley, la otra precandidata del partido conservador. Junto con ellos, medio mundo. Fue notable, por ejemplo, leer la defensa de Jeb Bush, a quien Trump deshizo en las primarias republicanas del 2016, de paso humillándolo de manera personal y cruel. Trump también acabó con la carrera política de George P. Bush, el prometedor hijo de Jeb, en Texas. Que Bush haya decidido salir en defensa de un rival tan íntimo dice mucho de la devoción y disciplina republicana cuando se trata de Trump.
En ese contexto, ha sido interesante analizar los argumentos de quien defiende a Trump, dentro y fuera de Estados Unidos. Incluso antes de conocerse los detalles de los cargos que enfrentará, un buen número de abogados informales de Trump han sugerido, por ejemplo, que el caso es ilegítimo de origen. Insisten en que se trata del uso político de la justicia, una cacería de brujas.
Es un argumento, digamos, curioso.
Primero, porque el proceso legal no le ha restado popularidad a Trump. Lo contrario. Segundo, porque Trump no perderá sus derechos políticos. Podría buscar el cargo de elección popular que le plazca incluso si es condenado.
Pero la descalificación del caso porque se trata de un expresidente con aspiraciones políticas de primer orden obliga a otras reflexiones. ¿Por qué la justicia tendría que tomar en cuenta las aspiraciones o la posición política de un criminal en potencia? Si el pago indebido a Daniels no es un motivo suficientemente convincente como para perseguir a Trump, ¿qué si lo es? Por ejemplo: ¿sería legítimo ir por Trump si la justicia de Georgia lo acusa formalmente de haber intentado incidir ilegalmente los resultados de la elección presidencial en ese estado? ¿O si hay evidencia de que incitó la insurrección del 6 de enero? Ambas acusaciones son probables, pero habrá quien diga que no serán legítimas. De ser así, habría que llevar el argumento al límite. ¿Y si Trump hubiera matado a alguien? ¿Tampoco sería legítimo procesarlo legalmente?
La realidad es que en esto hay solo dos opciones: o nadie está por encima de la ley o todos pueden estarlo. En el caso de Trump, como cualquier ciudadano en Estados Unidos y cualquier país que se precie de tener estado de derecho, las cortes deben hacer su trabajo. Las consecuencias políticas no deberían importar, para unos ni otros.