Desde que la investigación de las autoridades competentes concluyera que Donald Trump se había llevado documentos confidenciales de la Casa Blanca una vez terminada su presidencia, y que por meses los había escondido y obstruido la justicia para evitar devolver hasta la última hoja de lo sustraído, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha enfrentado una disyuntiva compleja: proceder legalmente contra Trump como se procedería contra cualquier ciudadano que incurriera en estos gravísimos crímenes, o considerar las consecuencias políticas de la imputación y abstenerse.
Como debe ocurrir en un país democrático con un sistema de justicia basado nada más que en la aplicación de la ley, el fiscal especial Jack Smith –reconocido como independiente– ha hecho historia al presentarle cargos de extrema gravedad al expresidente de Estados Unidos, la primera vez que una figura del calibre de Trump enfrenta un proceso así.
En las horas posteriores a que se diera conocer el detalle de los cargos, expertos legales de prácticamente todo el espectro ideológico estadounidense han concluido que el caso que presenta la fiscalía es contundente. La evidencia parece revelar que Trump en efecto sustrajo documentos delicadísimos, incluidos esquemas confidenciales de seguridad nacional, y luego se negó a devolverlos, conspirando con uno de sus ayudantes para esconderlos y mentirle a su propio equipo legal y a las autoridades. De ser encontrados culpables, Trump y su desdichado ayudante, que aparentemente se negó a colaborar con las autoridades, podrían ir a la cárcel por décadas.
De acuerdo con esos expertos, el juicio de la ley será severo con Trump.
Pero este caso, único en la historia estadounidense, se juzgará también en el escenario de la opinión pública.
Donald Trump apuesta ya a descalificar el proceso legal en su contra como una cacería de brujas del gobierno de Biden. Intenta vender la idea de que Biden quiere sacar de la contienda a su principal rival político. Esto es una manipulación de los hechos típica del expresidente de Estados Unidos. En la ley, la evidencia habla por sí sola y fue el propio Trump quien decidió sustraer documentos y, a pesar de que sabía que debía devolverlos, ocultarlos. Estados Unidos no es una República bananera en donde el sistema de justicia responde a antipatías políticas. Si se ha llegado este punto ha sido no solo por el trabajo del fiscal especial, sino por la aprobación de un gran jurado que estudió la evidencia y aprobó la imputación.
En suma: no se trata de Biden yendo contra Trump; se trata del sistema de justicia procediendo contra un ciudadano que ha roto la ley. La diferencia es grande y fundamental, si la democracia estadounidense ha de sobrevivir.
El riesgo central, por supuesto, radica en la respuesta no solamente del propio Trump sino del partido republicano, que se ha convertido en un culto a la personalidad mesiánica del líder. A pesar de la evidencia contra Trump –que, por cierto, incluye una grabación del propio expresidente reconociendo los hechos– no hay una sola voz republicana de relevancia que en este momento defienda el debido proceso legal. Incluso varios rivales de Trump por la candidatura republicana, comenzando por su principal antagonista, el gobernador de la Florida De Santis, se han subido al tren de la teoría de la conspiración, desvirtuando la justicia.
Si ese lado de la ecuación política estadounidense insiste en prenderle fuego a las instituciones e ignorar la importancia capital de proteger la ley, absolutamente cualquier cosa puede ocurrir en Estados Unidos, incluida, violencia política como no se ha visto antes.
@LeonKrauze
