En Estados Unidos, políticos de ambos partidos se dicen alarmados por la crisis de fentanilo y la violencia del crimen organizado mexicano. Los republicanos, en particular, siguen subiendo el tono de la retórica, sugiriendo que los cárteles mexicanos se han adueñado de estados enteros. Kari Lake, aspirante republicana al Senado en Arizona, dijo hace poco que su estado ya no pertenece a sus ciudadanos: “Sabemos que hay terroristas cruzando la frontera. Arizona les pertenece”.
Pero hay una paradoja: los estados fronterizos nutren de armas a los cárteles que hacen posible el letal contrabando de opioides. El estado de Arizona en particular se ha convertido en el epicentro de la crisis de tráfico de armas de Estados Unidos a México. En 2021, datos del gobierno de Estados Unidos revelaron que de las más de 26 mil armas recuperadas en escenas del crimen en México, 4444 fueron adquiridas en Arizona. Prácticamente una de cada cinco armas.
Los narcotraficantes recurren a prestanombres para generar un sistema de tráfico de armas. Muchas de las personas que compran esas armas para el crimen organizado lo hacen por unos cuantos dólares o para evitar extorsiones o amenazas. En la gran mayoría de los casos nunca conocen a la persona que les ordenó adquirirlas. Es un sistema sofisticado difícil de detener.
Ante la violencia, el gobierno de México optó por contraatacar por la vía legal. En 2021 presentó una demanda civil contra un puñado de armerías en Arizona. De acuerdo con la demanda mexicana, en Arizona hay 1500 armerías. Solo entre Phoenix, Yuma y Tucson hay 846 armerías. El gobierno de México demandó a cinco vendedores de armas a los que acusa de tener un papel activo en el contabando. Esta demanda, junto a la que el gobierno presentó contra fabricantes de armas, es uno de los grandes aciertos de la Cancillería que encabezó Marcelo Ebrard.
Por desgracia, ambas demandas tienen pocas oportunidades de prosperar en las cortes. A juzgar por mi experiencia reciente en Arizona, las demandas tienen aun menores probabilidades de alterar la manera como opera la industria de las armas en Estados Unidos.
Hace una semanas fui hasta Phoenix para encontrarme con Veerachart Danger Murphy, el dueño de Ammo-AZ, una de las armerías demandadas por el gobierno mexicano.
Lo que encontré fue a un cínico.
Murphy asegura que su tienda es “la tienda Apple” de las armerías. En efecto, la tienda está armada para que el cliente pueda interactuar con cientos de armas. Uno puede pasar horas jugueteando con armas de guerra. En las paredes cuelgan cientos de escopetas y rifles semiautomáticos. Hay algunos rifles inspirados en películas o superhéroes. Murphy dice que los diseñados con los colores de Marvel son particularmente populares.
La demanda del gobierno mexicano le tiene sin cuidado. Dice que todo se debe a las ambiciones electorales de Ebrard. “¡Es una demanda tonta!”, me dijo. Murphy asegura que su negocio sigue todas las reglas establecidas en la ley. Admite que las armas pueden provocar tragedias. Cuando le pregunté si sabía, por ejemplo, el daño brutal que hace un rifle calibre .50, me dijo que sí, que podía destrozar un cuerpo humano. Acto seguido me preguntó si me apetecía ver uno de esos rifles. Fue por él a la parte de atrás de la tienda y lo armó, con destreza y gozo, en el piso de la tienda. Cada bala mide 13 centímetros de largo.
Cuando lo conocí, Murphy llevaba una playera que él mismo había diseñado. “AMMO-AZ vs México” (el México era un mapa del país). “Esta camiseta es un desafío”, me dijo. Se la dejó puesta durante toda la entrevista.
El cinismo de Murphy es un problema real. Genuinamente no cree tener responsabilidad en la violencia en México. Me dijo que la solución de la crisis en México se reduce a mayor vigilancia fronteriza… del lado mexicano. En los próximos meses habrá elecciones en México y Estados Unidos. Si el debate público no incluye una discusión seria sobre la responsabilidad del complejo industrial armamentista estadounidense, no tiene caso…
@LeonKrauze