Este sábado he cumplido un año en el ejercicio de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Con ese motivo, el pasado 9 de diciembre presenté un informe anual en el que di cuenta de las labores realizadas. Dividí en tres partes el informe: Justicia social, como eje de las resoluciones que he votado y emitido; Austeridad, con relación al cumplimiento de las remuneraciones constitucionales, y Democracia y transparencia, respecto de las acciones dirigidas a informar a la ciudadanía.
Justicia social. En este primer año de labores, analicé y voté 1,839 asuntos: En 111 sesiones del Pleno, 179; y en 35 sesiones de Sala, 1,660 asuntos. De los 530 asuntos que me fueron asignados, 78%, 412, fueron resueltos: a favor 357; en contra, 29; y devueltos a tribunales colegiados, 26.
Austeridad. En cumplimiento del artículo 127, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que ninguna persona servidora pública puede percibir remuneraciones superiores a las de la presidenta de la República, devolví en este año 1 millón 377,271 pesos en efectivo y no he percibido prestaciones que cuestan 1 millón 761,944 pesos, prestaciones a las que renuncié por estar prohibidas por la Ley Federal de Austeridad Republicana. En total, ahorré al erario 3 millones 139,215 pesos.
Las 79 personas que conforman mi equipo de trabajo también ahorraron al erario: 7 millones 764,853 pesos que, sumados a lo que he dejado de percibir, arroja un total de 10 millones 904,069 pesos que la ponencia ahorró al presupuesto federal.
Democracia y transparencia. Nuestra Constitución prevé el derecho de las y los mexicanos a la información en su artículo 6o. y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, artículo 7, obliga a las personas servidoras públicas a rendir cuentas.
Propuse al pleno de la Corte transparentar la actuación jurisdiccional abriendo las sesiones de las salas, en las que se resuelve el 95% de los asuntos que atiende la Corte; dar trámite a solicitudes de audiencia pública de personas afectadas por las sentencias; hacer pública la totalidad de los proyectos de sentencias a discusión, y que se abrieran las puertas de la Suprema Corte. Todas estas solicitudes fueron rechazadas.
Por la insidia y acoso difamador de medios como Latinus, que afirma que simulo austeridad, solicité la desclasificación de información de la camioneta que me fue asignada y de los viajes de avión que he ocupado, ninguno de ellos al extranjero. Informé que no he requerido gastos de viáticos, como reembolso de comidas u hospedaje.
Informé que he acudido prácticamente a todas las invitaciones que amablemente se me han hecho respecto de las funciones que realizo. La mayor parte, relacionadas con la reforma al poder judicial, por invitación de congresos de los estados, asociaciones de abogados, corredores públicos, estudiantes de derecho, gobiernos municipales o estatales, universidades públicas y privadas, y organismos empresariales, además de ciudadanía en general.
Mis actos en la Corte no son personales ni privados, buscan responder a los principios constitucionales de equidad, imparcialidad, justicia social, beneficio y constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. El interés público y social, la soberanía, la rectoría del Estado y la propiedad de la nación no son ideología personal, sino mandatos que establecen los artículos 25, 26, 27, 28 y 39, entre otros, de nuestra Constitución.
En este amanecer de la reforma judicial, los detractores seguirán implorando su fracaso; los oportunistas la aprovecharán para intentar reestablecer los privilegios que la reforma suprime; los oligarcas buscarán rehacer las redes de influyentismo que interrumpirá la elección. Queda a demócratas y visionarios de la justicia tomar el curso de este proceso y, bajo la enseñanza de nuestra historia, asegurar, sin temor, que no dé marcha atrás esta reforma histórica.