Entre octubre y diciembre de este año que finaliza han sido detenidos más de un centenar de personas servidoras públicas: 92 policías municipales en Chiapas, por presuntos nexos con grupos criminales; 13 más en Veracruz acusados de desaparición forzada; un ex alcalde de San Luis Potosí por su probable responsabilidad en el asesinato de un edil; dos funcionarios responsabilizados del secuestro de una presidenta municipal en el Estado de México, y 24 funcionarios más de esa entidad como probables cómplices de organizaciones criminales en delitos de alto impacto, como homicidio, secuestro exprés y extorsión; un exalcalde de Querétaro acusado de peculado, y una regidora probable responsable de un fraude contra más de 100 personas a quienes prometió tinacos y calentadores; un agente policiaco de Oaxaca, imputado por el asesinato de dos mujeres triquis; un funcionario de Gustavo A. Madero, Ciudad de México, acusado de hacer cobros durante las festividades de la Virgen de Guadalupe, en la Basílica.
Hace unos días el director de Infonavit, Octavio Romero, informaba de cuatro casos de corrupción que no habían sido detectados por auditorías a la institución. Evidenció en ellos, la colusión de empresas, notarios y funcionarios del propio Instituto.
Se refirió al caso de la empresa Telra Realty, contratada en 2016 por 100 millones de pesos para establecer una plataforma y no cumplió. En lugar de ser penalizada fue indemnizada por 5,000 millones de pesos.
También mencionó el caso de 22 proyectos autorizados entre 2017 y 2018 no concluidos, con adeudos al infonavit por 575 millones de pesos, además de 18 por 768 millones de pesos por el resultado de deficiencias en seguimiento a pagos.
Finalmente, mencionó la identificación de una red que funciona en todo el país de notarios, despachos de evaluación, peritos, valuadores y funcionarios que revendieron 496 casas 4,130 veces, defraudando a trabajadores.
Tanto las detenciones consumadas como esta identificación de escandalosos actos de corrupción en organismos federales como Infonavit son un mensaje alentador a la sociedad mexicana contra la corrupción.
No se trata de hechos aislados, sensacionalistas, de inicio de administración, para marcar rompimientos políticos o declarar guerras sin sentido. Se trata del resultado de investigaciones sobre hechos graves que ofenden a las y los mexicanos, más aún cuando involucran personas servidoras públicas.
Se ha dicho que el Estado mexicano no sólo se caracterizó por su corrupción durante décadas, sino que podía definirse a sí mismo como un Estado corrupto, porque su comisión no era incidental, sino producto indispensable de su propio funcionamiento. Distribuir dinero y tolerar hechos delictivos era parte de la cadena interminable de complicidad que generó que el aparato del Estado se convirtiera en el principal generador de los nuevos ricos de México.
Estamos en un momento privilegiado para terminar de romper las redes, densas cadenas, que se formaron y funcionaron con la completa aceptación, si no promoción, de los gobiernos federal, estatales y locales.
Es hora de pasar del Estado del abuso al Estado del servicio público. La corrupción debe convertirse en hechos aislados que las personas servidoras públicas no sólo tengan condiciones de denunciar, sino de los que tengan la completa seguridad de que serán objeto de una acción ordinaria institucional de permanente combate.
Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
