La inminente reforma judicial ha traído al debate de la opinión pública nuevos temas, entre ellos de la carrera judicial, algo de lo que pocos mexicanos estaban informados, pues es uno de los muchos procesos poco transparentes dentro del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Por carrera judicial se pretende definir a un sistema meritocrático que permitiría a las y los aspirantes que ingresan a trabajar en el PJF ir ascendiendo de puesto mediante concursos de oposición, supuestamente, en igualdad de condiciones, dando oportunidad a quienes ocupan el cargo de secretaria o secretario para ocupar la titularidad de un juzgado de distrito, ser integrantes de un tribunal o incluso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Se afirma que con este sistema las personas que imparten justicia pasan los filtros necesarios para validar sus conocimientos teóricos y ampliar paulatinamente su experiencia en las labores jurisdiccionales. Esto no es necesariamente cierto.
He sostenido que más que un servicio profesional, la carrera judicial actual no es sino un sistema escalafonario con exámenes donde pesan más las recomendaciones, las facilidades que jueces y magistrados pueden dar a sus subalternos favoritos para prepararse y presentarse a las convocatorias, e incluso la corrupción.
Hay datos duros para sostener esto. Para empezar, si la carrera judicial fuera pareja para las y los aspirantes, habría igual cantidad de juezas que de jueces, y no es así. Según datos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en todo el país solo hay 278 juezas, frente a 472 jueces. La brecha es más amplia en los tribunales, donde ante 676 magistrados existen únicamente 209 magistradas.
La validez de los concursos para ser juez de distrito también ha sido objeto de críticas por su falta de transparencia y existe un caso en donde se comprobó la venta de los exámenes, lo que llevó a la cancelación de todo un proceso, en el cual participaban 2,602 aspirantes.
Esto ocurrió en 2018, cuando se descubrió que las preguntas del examen de oposición habían sido vendidas hasta en 186 mil pesos. Tan solo este dato da idea de las ganancias ilícitas que espera obtener quien aspira a ocupar este cargo llevado por la ambición, sin honradez ni afinidad con el servicio público.
Como resultado de esto, fueron sancionados varios exfuncionarios del Instituto de la Judicatura Federal (IJF), organismo que se encargaba entonces de aplicar estos exámenes. Entre los implicados estaban 15 aspirantes que trabajaban en el CJF, y que se encontraban entre los 91 aspirantes que aprobaron las pruebas.
La sanción incluyó la inhabilitación del entonces director del IJF, quien impugnó su inhabilitación ante la SCJN, quien apenas en 2022 desechó revisar su caso.
Pese a todas estas condiciones, se afirma que la reforma judicial permitirá que lleguen a la SCJN ministros sin carrera judicial lo que, dicen quienes participan en esta red de desinformación, pondría en riesgo la impartición de justicia en el máximo tribunal.
Ignoran que desde la reforma judicial de 1994, cuando se estableció la conformación actual de la SCJN, han sido integrantes de su pleno 19 ministros con carrera judicial y 9 sin ella.
Desde la primera integración de esta reformada SCJN hubo ministros sin carrera judicial, entre ellos Sergio Salvador Aguirre Anguiano, quien fuera también candidato a diputado y regidor por el PAN y en el máximo tribunal votó siempre en contra de asuntos como la despenalización del aborto y el matrimonio igualitario.
También entre los ministros en retiro que no tienen carrera judicial se cuenta a José Ramón Cossío Díaz, hoy protagonista de la oposición a la reforma del PJF.
La reforma judicial busca acabar con este sistema meritocrático, abierto a la corrupción y al influyentismo, para dar paso al método más transparente que se conoce para nombrar y evaluar a los servidores públicos: la elección por voto popular.
Ministra SCJN
