Existe un infierno mexicano rumbo al sueño americano. Esto queda cuidadosamente delineado en el trabajo periodístico de Manu Ureste y Alberto Pradilla publicado el primero de febrero de este año. Es un infierno creado por el crimen organizado, con permiso de nuestras autoridades; algunas participan de las rentas de la empresa criminal, otros archivan la documentación de estos horrores para evitar el señalamiento público.
El centro del texto lo ocupan las denuncias de las víctimas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Son testimonios recabados por la propia Comisión, entre 2019 y 2020, en estaciones migratorias, albergues y estancias provisionales de detención. Las historias se ubican en Tabasco, San Luis Potosí, Guerrero, Veracruz, Tamaulipas y Chiapas. Es una colección de historias dolorosas; detallan asesinatos, tortura, mutilaciones, violaciones tumultuarias, secuestros, entre otros horrores. Todos ellos facilitados por autoridades mexicanas, por acción u omisión.
Uno de los testimonios describe una operación con varios tráileres llevando a más de 400 personas; la Marina hace el rescate, pero no logra detenciones. En otro, uno de los captores, una víctima de secuestro tratando de cruzar hace once años, confiesa trabajar ahora para la organización criminal y teme escapar por miedo a represalias contra su familia.
El trabajo periodístico supera cualquier estadística, estudio o comunicado en la capacidad de expresar el nivel de deshumanización y maldad por parte de traficantes y autoridades. Es también un mensaje de urgencia para que esto se detenga.
Algo evidente después de leer el reportaje es la responsabilidad que elude la Fiscalía General de la República (FGR). En una de las historias, una mujer que logra escapar acude a la FGR en Tijuana a levantar una denuncia sobre su secuestro, pero se niegan a recibirla por ser un asunto “local”. Una vez en la Procuraduría General del Estado, se niegan también a recibirla diciendo que son delitos de otros estado. “Es increíble ver cómo el crimen son todos, que pasa todo y no pasa nada. A nadie pareciera importarle el dolor humano”, narra la víctima.
La violencia contra migrantes no puede atacarse estatalmente. El fenómeno ocurre en toda la República, por redes que operan entre entidades federativas e incluso, cruzando nuestras fronteras. No es un asunto local, ni es un asunto menor. Las organizaciones delictivas practican la violencia extrema, de forma sistemática, a gran escala, contra la población de la mayor vulnerabilidad posible. Particularmente preocupante es la colaboración de nuestras autoridades en la comisión de estos delitos, especialmente aquellas encargadas de perseguirlos. Policías municipales, estatales y federales participan del negocio de secuestrar a migrantes y, por ello, existen pocas probabilidades de que éstas actúen en contra de sus intereses. Por eso, la Fiscalía tendría que tener un papel protagónico en la persecución de los delitos contra migrantes, pero no lo asume. Así las cosas, dejar operar redes criminales nacionales, en colusión con policías de todos los niveles será la receta perfecta para continuar la pérdida de control del territorio.
“Bienvenidos al infierno” son las palabras que descaradamente pronuncia el personal de la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula, Chiapas, cuando se ingresa a ella. Un infierno más que se suma a la larga lista de penurias por las que pasan los migrantes centroamericanos tratando de llegar a los Estados Unidos.
@LaydaNegrete
