Luego de ser detenidos en Macuspana Tabasco, Héctor, Gonzalo, Juan Luis y Darwin fueron llevados al estacionamiento de un edificio de varios pisos en la calle Porfirio Díaz 324 de la Colonia Gil y Sáenz, en Villahermosa. Era un 20 de junio del 2015. Ahí fueron torturados. El lugar era conocido por los vecinos como una casa de seguridad desde donde se escuchaban gritos y lamentos de personas todos los días. En realidad, se trataba de un edificio institucional, eran las oficinas desde las cuales operaba la Fiscalía de Alto Impacto del Estado de Tabasco durante el sexenio de Arturo Núñez. El edificio carecía de rótulos institucionales, eran oficinas que operaban en secreto. Quienes laboraban ahí, eran empleados adscritos a la Fiscalía mencionada.
Los fiscales que ordenaron, permitieron o facilitaron la tortura de los protagonistas de www.Netflix/DudaRazonable siguen en el servicio público. Tienen más poder. Tienen más responsabilidades. Y a todos se les paga con dinero público. Ninguno ha sido sancionado. Ninguno ha sido llamado a rendir cuentas por alguna legislatura o medio informativo. Ninguno ha enfrentado el menor reproche de sus jefes o supervisores. Incluso se considera que son aptos para formar futuros abogados, por las universidades donde trabajan. O futuros jueces, por los cursos que imparten. Sus subalternos y alumnos contemplan perplejos lo que ha sido puesto al desnudo. Sin que pase nada. Por el contrario, en algunos casos, sus superiores han salido a defenderlos de manera pública.
¿Por qué estas personas pueden eludir cualquier responsabilidad profesional, administrativa, ya no digamos penal? Porque son funcionarios que funcionan. Se considera que sacan la chamba. Su actuación pasada es perdonada mientras no enturbie la operación de la institución que hoy les emplea. Se toleran pecados cuando emanan de delitos cometidos en otros tiempos.
Cuando no se tiene capacidad para ofrecer paz ciudadana, en México con la pura apariencia basta. Y para cubrir las apariencias, es suficiente el desfile noticioso cotidiano de detenciones espectaculares. Nadie hace preguntas, aunque la gran mayoría de las personas acusadas de secuestro hayan sido torturadas, según datos de Inegi. No importa que caigan inocentes en la cárcel si son indigentes, alcohólicos o personas con apariencia de culpabilidad. Y nadie se lo pregunta porque preguntarlo conlleva riesgos.
Porque ¿quién quiere denunciar a un torturador? ¿Quién quiere denunciar a un funcionario que tiene el poder de espiar nuestros teléfonos, de hackearlos y leer nuestras conversaciones; que puede convocar a la policía y hasta al Ejército? Se puede transgredir la ley con charola, portando la investidura del Estado. Cuentan con armas; con equipos de espionaje; con personal a sus órdenes; con recursos que ningún periodista o abogado defensor tiene cómo contrarrestar. Si denunciar un crimen es riesgoso, denunciar un crimen cometido desde el Estado lo es aún más.
Por eso, a pesar de que la tortura es generalizada en México, hacer rendir cuentas a los torturadores es casi imposible. Mientras las víctimas de tortura se pudren en la cárcel, los torturadores nadan en una pecera de impunidad oxigenada por la cobardía.
Han guardado silencio los diputados. Han guardado silencio los senadores. Han guardado silencio las comisiones de derechos humanos. Me pregunto qué hará la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante la oportunidad que tiene de atraer el caso.
@LaydaNegrete
