La crisis de homicidios en México inició en el sexenio de Felipe Calderón. ¿Qué pudo haber provocado esta escalada de violencia letal sin precedente? Y ¿qué ha cambiado desde entonces?

En la publicación Justicia a la medida, de México Evalúa (2016), elaboré con Leslie Solís un resumen sobre el comportamiento de homicidios en México. Retomo aquí los datos y los argumentos principales que encontramos (pp. 32-48).

Durante el sexenio de Felipe Calderón, entre 2007 y 2012, los homicidios prácticamente se triplicaron. Entre los estados que contribuyeron a la cifra están Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Baja California, Guerrero, Oaxaca, Durango, Tamaulipas, Nayarit y Nuevo León. En Chihuahua, por ejemplo, en solo tres años, los homicidios se multiplicaron por diez, un incremento del mil por ciento. Nuevo León, una entidad de relativa paz al inicio del sexenio, sextuplicó su tasa en 24 meses. Otras entidades, como Oaxaca y Guerrero, simplemente mantuvieron su patrón de violencia letal. A nivel nacional, el fenómeno causó estragos, fue un verdadero shock nunca antes visto y del cual no nos hemos recuperado.

Varios analistas y académicos han avanzado teorías sobre qué pudo haber provocado el crecimiento acelerado de homicidios durante el sexenio de Calderón. Alejandro Hope y Jaime López Aranda apuntaban a elementos causales exógenos, específicamente el incremento del 50% en el precio de la cocaína en Estados Unidos y la deportación masiva de presuntos responsables de delitos de nuestro vecino del norte hacia México.

Fernando Escalante, por su parte, proponía la idea de que la política de militarización de la seguridad ciudadana contribuyó al incremento de homicidios. No sólo por la confrontación directa entre Ejército y civiles, sino también porque, con cada intervención militar, seguía un periodo de desequilibrio que antes no existía. Complementaria a esta teoría es la de Eduardo Guerrero, quien ha avanzado la idea de que la política de persecución, encarcelamiento y, algunas veces, extradición de altos mandos dentro de las organizaciones criminales, desencadenó un efecto no anticipado. Cada vez que una organización criminal quedaba acéfala, la lucha por su control desencadenaba una batalla campal entre aspirantes a sucesores, lo que conocemos comúnmente como la “pelea por la plaza”. Además, en la mayoría de las ocasiones, la organización no lograba sobrevivir intacta y con cada embate de líderes, células hijas se fueron multiplicando, observándose una fragmentación en unidades cada vez más pequeñas, menos identificables, menos predecibles y mucho más violentas.

Ante las microorganizaciones criminales que hoy se dedican a actividades de todo tipo, en todo el territorio, analistas como Alejandro Hope y Jaime López Aranda cuestionan desde hace años que la estrategia de combate sea una sola a nivel federal.

Resaltan la urgencia de estrategias locales, desde el municipio, que tomen en cuenta el contexto específico, a nivel de colonia, incluso.

Calderón heredó a sus sucesores una crisis, pero también las estrategias para su combate. En la medida en que la acción gubernamental se mantenga intacta a lo largo de los sexenios, no podemos esperar mejores resultados haciendo exactamente lo mismo. Sobre todo en lo que respecta a los factores que contribuyen a la violencia desde las buenas intenciones de la política pública.

Investigadora en justicia penal.
@LaydaNegrete

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