El 21 de octubre, en el viejo recinto del Senado de la República, se anunció un paquete de reformas al sistema de justicia federal y al sistema de justicia penal nacional. El pomposo anuncio lo hicieron conjuntamente Julio Sherer, consejero jurídico del Ejecutivo Federal, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Alejandro Gertz, fiscal general de la República y Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El mensaje de aquél día fue cuidadosamente ambiguo. Los oradores se abocaron a anunciar una reforma de gran calado que nunca estuvo a la vista. Sin existir la presentación formal de una iniciativa legislativa, los representantes de los tres poderes plus, hablaron de medidas de avanzada sobre las que habría que entusiasmarse en un acto de fe. Los voceros presentaron las bondades por venir de la misma forma en que la Catafixia de Chabelo prometía un mejor tesoro aguardando a ser develado detrás de un telón. Al final: ¿nos ganamos la sala?, ¿nos tocó la tamalera? No lo supimos, porque la cortina permaneció cerrada y la poca información ofertada terminó siendo más inquietante que alentadora.
Lo más preocupante de los cuerpos normativos anunciados aquél día es que ninguno apunta a atender el tema de impunidad; esto es, a la incapacidad abrumadora que padecen nuestros sistemas penales para procesar a personas con evidencia contundente, obtenida de forma legal.
Por ejemplo, se anunció un código penal nacional. Esta idea, que lleva muchos años en ciernes, colma la ansiedad de muchos abogados respecto a la heterogeneidad en la tipificación de delitos y la variedad de penas que existen en los códigos estatales. Poner la prioridad de la política criminal en esto, sin embargo, resulta ornamental. Un código penal único podría ayudar a ordenar lo que concebimos como delitos en abstracto, pero nada hará para lograr que más crímenes se persigan eficazmente.
Se mencionó también que se presentarían propuestas legislativas en materia de carpetas de investigación. Suena mal. Las carpetas de investigación no son más que el simple respaldo documental de una pesquisa. Creer que cuidando la expresión de la investigación criminal es lo mismo que fortalecer la investigación misma es equivocado. La forma no es el fondo y priorizarla es poner la mula detrás del arado.
Nuestros estadistas deberían prestar más atención a los obstáculos que subsisten a la investigación criminal efectiva. La posibilidad de elevar la capacidad institucional en materia penal requiere fortalecer las policías locales, esto es urgente. La estadística es muy clara, entre ochenta y noventa por ciento de las personas que lograron procesar nuestros sistemas fueron arrestadas en flagrancia por un policía municipal o estatal. Por otro lado, en delitos violentos más complejos, que requieren investigación, la policía juega un papel crucial en la preservación de evidencia en su papel de primer respondiente.
El 8 de julio de 2019 el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública presentó el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica https://bit.ly/2NetrOM. Este es un mejor acercamiento a los grandes retos de nuestro sistema penal, fomentando la construcción de la pirámide desde su base. Atender un estrato posterior con un paquete de reformas cuyas características sabemos casi nada (y que prometen ser aprobadas antes de terminar enero del 2020), significa lanzar, deliberadamente, los dardos lejos del blanco.
Miembro de la Comisión técnica para la transición de la PGJ a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX
