La discusión reciente sobre la violencia dirigida en contra de mujeres en la Ciudad de México ha enfatizado el ámbito público. Sin embargo, la mayor exposición a la violencia que padecemos ocurre en el entorno familiar, en nuestra propia casa.
Al comparar la violencia en el ámbito privado con la que ocurre en la calles capitalinas, podríamos decir que la violencia en el espacio público es un padecimiento agudo, la del espacio privado es una enfermedad crónica.
Un análisis de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh 2016), hecha por el Inegi, revela que el perpetrador típico de la violencia es nuestra pareja, aquellos hombres que han jurado amarnos. Bajo una clasificación de conductas compatibles con la definición legal de violencia familiar, un tercio de mujeres vivimos este tipo de violencia y en 80% de las ocasiones, la pareja sentimental es la responsable de humillarnos, desposeernos de nuestro patrimonio, golpearnos o violarnos.
La experiencia dista de ser una guerra de baja intensidad. La estadística general de homicidio, recabada también por el Inegi a partir de certificados de defunción, nos muestra el desenlace más triste al que puede llegar la agresividad que acontece en la intimidad. En sus registros, la mayoría de los hombres son heridos en la calle y mueren ahí mismo o en un hospital. Las mujeres, en cambio, son lesionadas y mueren en casa. La estadística proveniente de carpetas de investigación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) y publicada por la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) del gobierno capitalino repite y complementa esta historia, señalando que las mujeres mueren a causa de impactos de bala, estranguladas o a golpes.
Hasta ahora, nuestros procuradores han relegado el tipo penal de violencia familiar hacia una categoría de delito de “bajo impacto”. No se han dado cuenta que este delito es uno de los multiplicadores de violencia del país más comprobado y menos atendido, a pesar de ser uno de los más abordables.
Para la Ciudad de México, la solicitud de intervención ante un caso de violencia familiar es la primera demanda de justicia: en promedio, una de cada diez investigaciones es iniciada por este crimen. Ningún otro delito presenta una petición de intervención mayor que la de violencia familiar.
Frente a esta demanda, la elaboración de una política de persecución penal que la atienda está todavía en ciernes. Ante una llamada de auxilio, ¿qué protocolo debe seguir un policía? ¿Debe hacer lo mismo en todos los casos? ¿Cómo pueden garantizarse medidas de protección oportunas y efectivas? ¿Deben judicializarse todos los casos? ¿Deben promoverse los juicios abreviados como política general? ¿Debe evitarse o promoverse la cárcel?, ¿por cuánto tiempo? ¿Debe permitirse la mediación en algunos casos?
La violencia en el espacio privado es un llamado urgente a la acción pública. Hemos puesto mucho empeño en discutir las estrategias para pacificar al país. La respuesta dominante parte de la idea que más corporaciones fuertemente armadas y actuando de forma violenta es la mejor forma de asegurar la paz. Creo que están equivocados. Quizás, en vez de tratar de cubrir el territorio con nuestro ejército, podríamos pacificar mejor al país desarticulando la violencia en nuestros espacios más íntimos.
(Agradezco a Vianney Fernandez y Gustavo Marín, quienes sistematizaron y analizaron la estadística aquí citada.)
Abogada
