El gobierno de México no va a contar con datos exactos sobre la pandemia de Covid-19. Es momento de aceptarlo. En fechas recientes, el debate del círculo rojo en torno a la conferencia diaria impartida por el Subsecretario López-Gatell ha girado en torno a: ¿cuál es el número de infectados? ¿cuánto estimamos que va a crecer el número de fallecimientos? ¿hay suficientes respiradores y camas para atender a todas las personas? Desde ahorita les digo, el gobierno de México no va a contar con datos exactos sobre el coronavirus y claramente tendremos un subregistro.
Exigirle al gobierno federal un número exacto de infectados es olvidar que la política pública en México siempre ha estado atada a estimaciones y subregistros. En pocas palabras, a ojo de buen cubero. Históricamente, los datos utilizados en toda política pública en México se basan en proyecciones, censos y encuestas, más no en registros administrativos certeros a diferencia de otros países.
Pero, ¿cómo llegamos a este punto? El Estado mexicano ha construido a lo largo de su historia cuatro instituciones para conocer a su población a nivel federal: primero, lo que hoy conocemos como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la cual, elabora censos, encuestas e integra diversos registros administrativos para fines estadísticos; segundo, el Registro Civil, heredero indiscutible de las leyes de Reforma; tercero, el Consejo Nacional de Población (Conapo) de la Secretaría de Gobernación (Segob) que desarrolla proyecciones (estimaciones) de la población y la última y quizá la más relevante en el tema, la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad (Renapo) de la Segob, que coordina las acciones de los registros civiles del país, integra el Registro Nacional Ciudadano (en los hechos CURP) y que ha pretendido, de manera infructuosa, generar una cédula de identidad. Se trata de cuatro instituciones que nacieron en la Segob y que se han ido fragmentando en los dos siglos de historia administrativa de nuestro país.
Concentrémonos en la CURP. En las últimas cuatro décadas, nuestro gobierno ha intentado convertirla en la llave única de interoperabilidad. Es decir, en el número único con el que los ciudadanos nos identificamos ante el Estado. ¿El resultado? Un fracaso total. ¿Por qué? Porque México carece de una política de Estado en materia de registro de la población. No hay confianza. Primero, no hay confianza entre las instituciones del gobierno. Por ejemplo, el IMSS, ISSSTE y la Secretaría de Salud han fracasado en integrar una base única de asegurados. Segundo, no hay confianza de los ciudadanos al gobierno; preferimos darle nuestros datos a Facebook que a las autoridades. Tercero, no hay confianza en la tecnología operada por las instituciones del Estado. Elegimos darle nuestra huella digital a Apple o Android para abrir de manera más rápida nuestro celular, que al Renapo. Todos estos ejemplos tienen justos, históricos y válidos motivos. Sin embargo, la desconfianza tiene consecuencias.
Al carecer de un solo registro confiable de la población mexicana, el gobierno mexicano no puede tomar decisiones basados en evidencia o datos certeros y queda orillado a recabar información de manera desordenada para poder resolver problemas públicos. ¿Cómo le hace? La Administración Pública Federal (APF) nos pide constantemente nuestros datos. ¿Ejemplos? Hay que llenar formatos con nuestra información constantemente: cuando un estudiante solicita una beca a la SEP o al Conacyt, cuando un mexicano solicita la expedición de su pasaporte ante la SRE o cuando una familia se inscribe a algún un programa social de la Secretaría de Bienestar. Eso explica la disparidad de claves y números con los que contamos para identificarnos ante el gobierno: CURP, número de afiliado, derechohabiente, número de RFC, matrícula ante SEP, número de beneficiario, y un largo etcétera. En 2016, el Renapo identificó 252 bases de datos que operan de manera aislada en la APF con 1,275 millones de registros en promedio en 728 sistemas de información diferentes para el manejo de registro de personas. Es así, como el registro de datos personales y la identificación personal de la población mexicana es realizada por distintas organizaciones públicas del país para distintos fines.
En resumen, Google, Apple o Amazon tienen hoy más organizada la información de millones de mexicanas y mexicanos que el gobierno mexicano. ¿Por qué? Dos ideas. La primera, es una ausencia de cultura de manejo de datos personales y ciberseguridad ante empresas de tecnología. La segunda es el temor que genera la probabilidad de que nuestros datos sean utilizados con propósitos políticos. Es decir, le confiamos más nuestros datos a empresas de tecnología extranjeras que a nuestro propio gobierno. En ambos casos (empresas y gobierno), desconocemos dónde terminará nuestra información.
Entonces que no nos sorprenda que el super encargado de la pandemia maneje estimaciones inexactas y con una amplia cifra negra. Así funcionamos desde siempre. ¿Cuántos respiradores necesitamos para Covid? Pues... “centinela nos dice que...” ¿Por qué no estamos haciendo cosas como Corea del Sur? Porque Corea del Sur cuenta con registros de la población biométricos y altamente fiables.
Estamos lejos de que nuestro gobierno use big data, inteligencia artificial o el reconocimiento facial para identificar quien tiene Covid-19 por que ni siquiera sabemos con exactitud cuántas mexicanas y mexicanos hay. La verdad es que preferimos no saber con exactitud cuántos somos a crear o fortalecer una institución que maneje nuestros datos personales.
Las cifras que sí tenemos sobre coronavirus construidas con base en estimaciones, nos muestran el tamaño de la pandemia y el reto que vivimos. La ignorancia en la construcción de políticas públicas en México ha orillado a que la discusión pública se aboque a preguntar por el número de infectados en lugar de evidenciar el tamaño de las desigualdades, las acciones para prevenir y prepararnos ante la crisis económica, pensar en el día después y el panorama de la reconstrucción social. Esa ignorancia, cae como “anillo al dedo” a un gobierno que le urge que nos encerremos en la noria de los datos en lugar de preguntar por el día después.
Yuval Novah Harari, filósofo israelí, y Byung Chul-Han, filósofo surcoreano, han planteado recientemente dos perspectivas distintas sobre el rol de los Estados respecto del manejo de las tecnologías y datos ante la crisis derivada de Covid-19. Para Chul-Han, los países asiáticos están gestionando mejor esta crisis que Occidente pues mientras allá se trabaja con datos y mascarillas, en Occidente levantamos fronteras. Por su parte, Harari menciona que el manejo discrecional de datos por parte del Estado pone en riesgo las democracias vía la implementación y desarrollo de medidas autoritarias. Estamos viviendo cómo se reescriben las reglas del juego del modelo político y económico a nivel global.
¿Qué queremos en México? Es momento de poner en el centro un debate olvidado, muy técnico y sobretodo, bastante caro... pero que toca fondo con la psique mexicana de la confianza en las instituciones. ¿Queremos que López-Gatell nos diga el número exacto de infectados? Eso requiere de una pregunta anticlimática: ¿queremos que el Estado Mexicano cuente con más datos para la toma de decisiones? ¿Qué política de datos y registro de la población queremos tener? ¿el modelo asiático de control estatal o el occidental basado en libertades? La verdad es que no lo sabemos y eso es una conversación que no hemos querido tener hasta ahora.
Profesora del INAP y asociada del Comexi. @LauraReyna