Se cantó el día de ayer la constitucionalidad de la llamada reforma #3de3VsViolencia en la Comisión Permanente, misma que decreta que violentadores de mujeres, de sus hijas y de sus hijos, deudores alimentarios, no podrán ocupar cargos de servicio público. Ninguna persona que atente contra los derechos de las mujeres podrá ocupar cargos públicos. Histórico. Un país en el que las mujeres no alcanzaron el derecho al voto sino hasta 1953. Urgente. Un país en el que 6 de cada diez hijos de padres divorciados no recibe pensión alimenticia. Ahora la declaratoria pasa al Ejecutivo.
Este trabajo, encabezado por diputadas integrantes del Grupo Plural de Igualdad Sustantiva, reforma los artículos 38 y 102 de la Constitución Política, en materia de suspensión de derechos para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público.
Acelerar es la palabra clave, es la acción fundamental. México, uno de los pocos países en el mundo que ha logrado la paridad de género en el Congreso, acciona desde 2018 no solo eso, la paridad, sino que también ahora también genera esos resultados esperados como consecuencia de la paridad. El Grupo Plural de Igualdad Sustantiva, instituido en 2019, se puso como objetivo “impulsar los acuerdos y consensos necesarios que permitan dar cumplimiento al ejercicio pleno de los derechos humanos de las niñas y las mujeres; y, avanzar hacia la igualdad sustantiva con el propósito de que impacte favorablemente en la vida de las personas y asegure su acceso a todos los beneficios del desarrollo en condiciones de justicia y paz”.
Plural es la segunda palabra clave, es el segundo concepto fundamental. Legisladores, sin importar el partido al que pertenezcan, se unen y se ponen de acuerdo, a favor de las mujeres, de los ciudadanos. Un recordatorio de que en el país polarizado no necesitamos acusaciones, insultos ni política de cuarta. En el país necesitamos consenso, unidad. Un recordatorio de que el Congreso puede ponerse de acuerdo desde la diversidad partidista sin necesariamente tener la mayoría que ostenta el Ejecutivo.
Cualquier persona que quiera registrarse como candidato o candidata de elección popular, o ser nombrada para cualquier empleo o comisión en el servicio público deberá cumplir con el requisito de esta ley de rango constitucional. Cualquier persona que ya ocupe un cargo, también deberá cumplir. Es un avance en la lucha por erradicar la violencia contra las mujeres, sin duda.
La unidad que desdeña el presidente da un ejemplo de lo diferentes que pueden ser las cosas. Esa es la verdadera transformación.
Nota al pie de página: el chiste de cuenta solo cuando es Alejandro Armenta Mier, presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y aspirante de Morena a la candidatura de Puebla, quien realizó las declaratorias de Constitucionalidad, mismo que hace unos días montó oportunistamente un circo al calificar de amenaza los mensajes que recibió vía WhatsApp de parte de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña. El error de Piña está claro, pero ¿sabe el morenista distinguir lo que en realidad es la violencia?
