El papá de mis hijos no me da un centavo. No, ¿para qué? Si la mujer que no ha trabajado para cuidar a los hijos de ambos no lo merece. Si la mujer que los seguirá cuidando después de separarse no lo merece. Si la madre que nunca se emparejó con el progenitor no lo merece. Que le haga como pueda. Y así ha sido. “No tengo dinero”, dicen los zánganos irresponsables hijos del patriarcado. Los que dicen algo, porque muchos otros ni eso. Se fueron por cigarros y no volvieron. No depositan. Pichicatean. Pero es tan absurdo e irreal que hasta como chiste popular lo utilizamos. Según el INEGI, siete de cada diez padres divorciados no cumplen con la pensión alimenticia de sus hijos. Y las madres de este país terminan haciéndole como pueden. Sin estancias infantiles, con un programa social lleno de irregularidades… Si Ud. no sabe de lo que estoy hablando, porque además poca gente lo conoce, se trata del Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, instaurado en este sexenio. Y las madres de este país terminan haciéndole como pueden. Invirtiendo tres veces más de su tiempo que los hombres al trabajo doméstico. Ganando promedio 17% menos de sueldo que sus pares hombres. Emprendiendo con mayores obstáculos que los hombres para acceder a programas de financiamiento formales, una cuenta de ahorro, seguro o afore. Las madres de este país le hacen y le han hecho como pueden.

La violencia económica -y que abarca mucho más que esto que nombramos acá, sucede en todos los niveles educativos y socioeconómicos, y es algo de lo que no hemos hablado lo suficiente. Quizás porque otras violencias, aunque relacionadas a esta, son más visibles y son más apabullantes. Quizás porque el sistema se resiste demasiado a que las mujeres logren lo que Shakira: no llorar, facturar y poner el nombre de los zánganos en el tendedero, para exhibir lo que les venga en gana exhibir.

A las mujeres la violencia las atraviesa en lo físico, en lo emocional, en lo digital, en lo laboral, en lo personal, en lo patrimonial. Siendo niñas, siendo adolescentes, siendo adultas, siendo viejas, siendo madres, estando embarazadas o por querer abortar. Pero el día en que facturen igual, todas o casi todas estas violencias cambiarán para siempre.

La semana pasada, mientras hablaba yo de este tema en el Foro de Salud Financiera para Mujeres organizado por Condusef, Inmujeres y AMIS (Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros), en el Pleno del Senado se aprobaba un dictamen para reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para la creación de un Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Una de las tantas aristas de la violencia económica contra las mujeres. “Estamos complementando una serie de reformas que van encaminadas a prevenir la violencia contra las mujeres”, repite en diversas entrevistas en estos días la senadora y presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero. Ese registro será público y actualizado mes con mes. Y la inscripción a él la dará un juez federal, encargado de determinar el adeudo alimentario que deberá saldarse. ¿Qué harán con los progenitores que llevan años sin dar un quinto? ¿Quién educará a los jueces de interpretar la situación con perspectiva de género? ¿Quién se encargará de que los deudores sientan vergüenza por aparecer en este “tendedero”? ¿Qué los hará saldar sus cuentas? Hay que ir resolviendo estas preguntas.

A partir de la creación de este registro, los zánganos no podrán tramitar INE, pasaporte o licencia. Tampoco podrán participar como candidatos a cargos de elección popular, participar en procesos de selección para asumir el cargo de personas juzgadoras en el ámbito local y federal; tampoco podrán completar trámites realizados ante notario público relativos a la compra-venta de inmuebles. Y si los zánganos se quieren volver a casar, el Registro Civil deberá hacer del conocimiento de los contrayentes si su nombre está en el “tendedero”. Y si los zánganos quieren salir del país, tampoco podrán.

El 95% de las mujeres que sufren violencia doméstica, padecen violencia económica. Y según el INEGI, la violencia económica tiene una prevalencia del 47% en mujeres cuyo estado civil es separadas, divorciadas o viudas, y de 28% en mujeres casadas. Aunque la creación de este Registro es un avance, estamos tarde y en deuda porque todavía no existen las leyes necesarias que protejan por completo a las mujeres de los abusos que padecen bajo el sistema. Quien ahora sigue estando en el tendedero por zángano es el Estado y todos los gobernantes que no impulsen la perspectiva de género en todo y para todo. Lo dije en el foro: ya nos sabemos las cifras, ya nos repetimos los datos cada año, cada marzo, precisamente en foros llenos de mujeres; pero se trata de no esperar 100 años a que a este ritmo se cierre la brecha. Hay que ir más rápido, solo así.

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