En contraste a lo que sucedió en 2023, el desempeño de la economía mexicana no será igual en 2024 y 2025.

En principio porque el enorme impulso del gasto público se verá frenado en la segunda mitad de 2024; las altas tasas de interés que no bajarán como previsto, también tendrán impacto en el consumo y la inversión; los niveles inflacionarios que son resilientes y no nos han permitido llegar al objetivo deseado, harán su parte este año.

El próximo año, 2025, tiene la característica de ser uno de arranque sexenal, y los comienzos, además de la complejidad que entrañan, de por sí, resentirá la enorme presión de las finanzas públicas. No sin descartar que la política monetaria se ha complicado, ante futuras presiones inflacionarias de un tipo de cambio por demás volátil, debido a la percepción de debilitamiento institucional; por la desaparición de los órganos autónomos; la falta de contrapesos y el fin, como muchos piensan, de la democracia.

En efecto, México ha entrado a un nuevo escenario económico y las perspectivas ya cambiaron. El 2 de junio, la candidata presidencial de la alianza Morena-PT-PVEM obtuvo 60% de los votos y se llevó “el carro completo”, los contrapesos se diluyen y los mercados están nerviosos y expectantes. En efecto, la presidenta electa llega con un capital político, incluso, mayor que su antecesor, y se teme un debilitamiento institucional con un poder tan centralizado.

La decisión de impulsar el “plan C”, particularmente lo tocante a la Reforma al Sistema Judicial, sin prácticamente oposición en el Congreso, en septiembre, ha provocado que el tipo de cambio entre en una espiral de volatilidad. La incertidumbre generada por un sistema judicial que ya no será independiente, se sumó a los temores generados por una mayoría absoluta legislativa lograda después de los comicios.

Y a pesar de las diferentes iniciativas, de autoridades hacendarias (pago anticipado de vencimientos de deuda en 2025 de 894 mdd y renegociación de deuda de 4 mil mdd en vencimientos programados en el próximo año, para lograrlo) y monetarias (intervención en el mercado cambiario por hasta 30 mil millones de dólares) a fin de tratar de estabilizar a los mercados y la declaratoria de la propia Dra. Sheinbaum de moderación, a través de consultas a parlamento abierto para estas reformas judiciales controversiales, no han podido calmar el nerviosismo.

Si bien la posibilidad de reformas constitucionales e importantes desafíos económicos por delante han desafiado la estabilidad.

En efecto, la política monetaria se ha emproblemado por la transmisión inflacionaria de un tipo de cambio presionado por las implicaciones de los resultados electorales en México y lo que se percibe serán en Estados Unidos, con la posibilidad de la llegada de Donald Trump a la presidencia de ese país.

Adicionalmente, la presión de las finanzas públicas de un déficit fiscal que pudiera exceder 6% previsto y el mayor de los ochenta, exigen acciones inmediatas en el corto plazo y estructurales en el mediano plazo.

La corrección prometida en 2025 por la Secretaría de Hacienda para que la deuda pública no excediera 50% como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), ha sido tamizado. Un ajuste de casi o mayor a dos dígitos, en el gasto público, podría generar una recesión, por lo que se ha considerado irlo haciendo gradualmente y no de “golpe”. De inmediato, Pemex exigiría una re-ingeniería inmediata, pero también operativa; su deuda ya excede a 5% del PIB y la mitad de esta, tendrá sus vencimientos entre abril de 2024 y marzo de 2028. Estructuralmente también hay que hacer un planteamiento sobre los ingresos, los cuales tendrán que crecer frente al reto de una población que envejece.

En este complejo entorno, existe la esperanza de tener una líder con la capacidad de transformación de un país, con gran potencial de desarrollo, de aprovechamiento de las oportunidades que se nos ofrecen como el nearshoring y evitar, como antaño, una crisis sexenal.

Catedrática de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac México

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Twitter: @IDEA_Anahuac

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