Es un hecho que la informalidad ha aumentado de manera importante en México y sin duda, esta problemática es uno de los lastres para el desarrollo económico, asociado a pobreza y baja productividad.
Actualmente seis de cada 10 trabajos son informales, y de los más de 32 millones de personas (de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Empleo y Ocupación, ENOE) en México bajo esta categoría, el mayor crecimiento se encuentra en las mujeres. Son precisamente los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, los que presentan mayor informalidad, en el país.
La informalidad no solo es privativa de los países en desarrollo, ya que de acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) afecta a más de dos terceras partes de la población global.
En la mayoría de los casos, personas en esta condición tienen bajos salarios, carecen de derechos laborales o son limitados como el acceso a la seguridad social, por cierto, la mayor carencia en el país, de acuerdo con la estadística de pobreza multidimensional; así como de contratos y créditos a la vivienda, entre otros; además de muy poca estabilidad laboral.
La informalidad no tiene un origen único y es producto de una conjunción de factores, entre los que destacan: un régimen normativo gravoso y deficiencias en el Estado para supervisar la actividad y hacer valer la ley.
Además de que ésta tiene muchos impactos desfavorables, como ya comentado, incide en una incipiente recaudación (México tiene la tasa más baja de los países de la OCDE, 17% del Producto Interno Bruto, frente al 34% en promedio de la segunda) representa un alto costo de oportunidad en términos de competitividad y qué decir en términos de salud y seguridad.
Su tratamiento requiere de una visión integral holística y que tanto las entidades públicas y privadas interactúen coordinadamente para ello. Además, un enfoque innovador, que genere los incentivos adecuados para transitar hacia la formalidad, es requerido para un problema tan complejo y arraigado. Asimismo, es necesario que se sustente en un programa de comunicación robusto que permita distinguir al usuario los beneficios de estar del lado del sector formal de la economía. Sin mencionar, claro, que la política pública debe contribuir y ser congruente con ello.
La experta investigadora Elena Parinits, ha desarrollado una serie de multipremiados programas bajo una metodología “Reality Check Analysis” que consiste, en incorporar los activos del sector informal al formal, en una transformación que ha sido muy exitosa en diversos lugares del mundo. Las acciones implantadas por esta precursora han tenido excelentes resultados socioeconómicos, que han llevado al fortalecimiento de las clases medias: construir confianza entre la ciudadanía; disminuir la probabilidad de trabajo infantil; incidir en la seguridad y derechos de propiedad; así como atraer capital e inversiones para apuntalar la causa.
México es un país de jóvenes (de hecho, el más joven de las naciones de la OCDE) y habrá un crecimiento importante en los próximos años en su población en “edad de trabajar”, sería lamentable perder dicho potencial si la creación de trabajos formales sigue rezagándose.
Sin duda hay un largo camino que recorrer; empero debemos de tomar conciencia de esta problemática que nos devora y actuar, antes de que quedemos atrapados en un círculo vicioso de bajo crecimiento y pobreza.