Al cierre del año las perspectivas del avance económico para 2020, vuelven a no coincidir con la cifra dada a conocer por la Ley de Ingresos y avalada por el Congreso, de un crecimiento de entre 1.5% y 2.0%. La encuesta más reciente del Banco de México de los especialistas del sector privado arroja una estimación de avance de apenas arriba de 1%, reflejando ya una reducción de expectativas de crecimiento económico frente a sondeos anteriores.
Existen varios factores que limitan desde ahora dicha perspectiva, nos concentraremos en dos muy importantes:
Ratificación del T-MEC: la incertidumbre para los inversionistas, asociada en relación a la ratificación de éste no genera un ambiente favorable de toma de decisión. Los demócratas han endurecido sus posiciones en relación a requisitos laborales y ambientales a ser incluidos en el acuerdo. Sus demandas de recibir inspectores estadounidenses en México y las propuestas de prohibición de importaciones de fábricas que violen los derechos laborales, han sido totalmente rechazadas por el gobierno mexicano. En contrapartida éste ha declarado que México podría aceptar paneles de arbitrajes acelerados para escuchar quejas sobre derechos laborales. La moneda sigue al aire, porque el proceso de impeachment del Presidente Trump sigue su curso, cuando incluso se avecina el periodo formal de campaña electoral de Estados Unidos, lo que podría enviar la ratificación hasta después de éste.
Menor recaudación impositiva: las metas en relación a ésta, parecerían inviables con un menor crecimiento al considerado en el PEF 2020. Menores utilidades y ventas, están asociados a más baja recaudación vía Impuestos sobre la renta y de valor agregado, que son los más importantes para el propósito. Luego el propósito de superávit de balance primario, ingresos superiores a gastos antes de los intereses de la deuda, será alcanzado, seguramente, otra vez con menor gasto. El asunto es que el Fondo de Estabilización Petrolera, acabe por agotarse, después de haber sido utilizado intensivamente ya este año (poco más de 60% del total), lo que tensará aún más y limitará la operación gubernamental, con el consecuente impacto en la economía de pagos retrasados; la probabilidad de menores subsidios; unidades acéfalas o con insuficiente personal calificado; y, dificultades en eficiencia en la provisión de servicios. Esto inclina aún más la balanza de una reforma hacendaria que se hace impostergable, para la obtención de mayores ingresos; así como, del manejo cauto y responsable que deberá tenerse de los recursos públicos.
En este ámbito resulta vital reactivar la inversión. La inversión fija bruta acumuló una contracción anual real de 4.8% en los primeros nueve meses de año, acusando el retroceso más pronunciado para un periodo similar desde 2009. El Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura entre el sector privado y el gobierno para realizar 147 proyectos (equivalentes a 3.6% del PIB), resulta clave en esta coyuntura; sin embargo, no es suficiente ni sus efectos serán inmediatos. Resulta más que nunca deseable que se origine un ambiente propicio y de certeza en la atracción de la inversión, donde se reconozca los obstáculos a ésta para su eliminación o atenuación, aunado a un gran esfuerzo de promoción. La reanimación de la inversión debe de resultar en un esfuerzo permanente, y no aislado, si se persigue un mayor crecimiento y desarrollo del país.