Desde que la propagación del COVID-19 fue declarada como una emergencia de salud pública de preocupación internacional por la Organización Mundial de la Salud, en enero de 2020, los efectos de esta pandemia no han dejado de hacerse sentir en el planeta entero. Si bien la amenaza ha entrado en una nueva fase de relativa estabilización en ciertas regiones del mundo, la reciente ola de contagios de la subvariante Ómicron BA.2 que ha azotado a Europa y Asia elevando de nuevo los casos, las hospitalizaciones e incluso los fallecimientos, nos recuerda que el desafío a la salud de los habitantes del planeta permanece.
El sufrimiento que experimentó el mundo se debió en buena parte el resultado de un desequilibrio en las respuestas sanitarias y económicas que articuló cada país individualmente y de la desigualdad en el acceso a vacunas y otros insumos para la salud
. Pese a al encomiable esfuerzo promovido por el mecanismo Covax, una tercera parte de la población mundial sigue sin poder obtener si quiera un esquema completo de vacunación mientras que un grupo de países ricos ya han comenzado a aplicar su cuarta dosis o segundo refuerzo de la vacuna anticovid, y los tratamientos que pueden salvar la vida a pacientes con síntomas graves están disponibles en solo un puñado de países.
En América Latina y el Caribe (ALC), los efectos de la pandemia fueron especialmente devastadores.
Exacerabada por políticas de protección social débiles, sistemas de salud fragmentados, rampante corrupción pública y profundas desigualdades económicas, la pandemia del Covid-19 provocó, de acuerdo con cifras de la la OMS y de la CEPAL, los más altos niveles de contagio y muertes, la peor recesión de los últimos 100 años y efectos perversos en desigualdad, educación, violencia y hasta el deterioro de la gobernabilidad democrática y la protección de los derechos humanos. La región llegó a representar más del 30% de las muertes en todo el planeta a pesar de que sólo tiene el 8.5% de la población mundial, la pobreza se incrementó en un 7% y la de desempleo aumentó en un 10%. Si a lo anterior agregamos el golpe económico reciente como consecuencia de la invasión rusa a Ucrania que ha disparado el precio de los alimentos y en general la inflación resultante, el futuro de esta región luce especialmente desolador.
Situaciones como la experimentada por ALC, y otras regiones del mundo, nos alertan sobre la urgente necesidad de prepararnos mucho mejor para una próxima crisis de salud que podría presentarse en un horizonte relativamente cercano
. De ahí que un grupo de líderes de diversas naciones y diferentes sectores, decidimos crear una coalición independiente denominada Panel para una Convención Pública de Salud Global que aboga por el impulso de un nuevo Tratado sobre Pandemias sustentado en consideraciones de solidaridad, transparencia, rendición de cuentas e igualdad, que permita evitar los nacionalismos, las acusaciones mutuas y las respuestas desiguales que predominaron en esta ocasión.
Partimos del franco reconocimiento de que la incapacidad para controlar los brotes y gestionar una respuesta pandémica efectiva se debió en gran parte a la falta de cumplimiento por parte de las naciones, de las recomendaciones emitidas por la OMS y de las regulaciones sanitarias internacionales vigentes, muchas de las cuales fueron diseñadas después del episodio del virsus SARS a inicios del presente siglo. Esta situación no puede volver a ocurrir.
El nuevo Tratado sobre Pandemias que proponemos, pretende otorgar mayor autoridad a la OMS para establecer los estándares óptimos de prevención, alerta y respuesta, así como la creación de un ente independiente de monitoreo que asegure el cumplimiento de los estándares establecidos por parte de los países y exija la rendición de cuentas sobre su implementación
. Reconocemos que los países se encuentran en diferentes etapas en lo que respecta a sus capacidades de preparación, lo que implicará incorporar consideraciones de gradualidad así como de de apoyo financiero para aquellos económicamente más vulnerables.
El Acuerdo de París contra el cambio climático ha seguido precisamente esta ruta. Los países asumen compromisos ambiciosos pero viables en periodos de cinco años, su progreso es medido a través de evaluaciones independientes y se sujetan a un proceso de rendición de cuentas. Tanto en materia de combate al cambio climático como en el de la prevención y atención de pandemias, está en riesgo la salud y la vida de millones de personas, en suma, la seguridad global colectiva.
Un tratado en materia de pandemias debería también fortalecer las obligaciones de los países al alertar a la OMS de brotes y permitir investigaciones expeditas e independientes para entender el origen de cada pandemia -sin duda una asignatura pendiente en el caso del COVID-19-, así como asegurar acceso equitativo a todos los medios para combatirla
. Asi mismo, debería también asegurar de que los países justifiquen con claridad y bajo premisas científicas las diversas medidas sanitarias que se adopten para proteger la salud de sus habitantes y que los fondos de apoyo se puedan canalizar hacia los países de menor desarrollo que enfrentan pérdidas económicas como resultado de estas restricciones. Estos mecanismos servirían para impedir medidas draconianas poco eficaces y con impactos negativos en materia de derechos humanos y libertades civiles. El Tratado debiera incorporar también incentivos para que los países cooperen activamente para garantizar el acceso a vacunas, tratamientos, pruebas, oxígeno, material de protección personal, financiamiento y asistencia especializada.
Este Tratado constituiría una respuesta efectiva a nuevas pandemias y se convertiría en la base de una futura arquitectura mundial para la cooperación en materia de salud
. La historia juzgará con rigor a quienes arriesgaron la salud de millones de personas y a quienes prolongaron la pandemia de COVID-19 a golpe de nacionalismo, proteccionismo y autarquía. Existe, sin embargo, la oportunidad de cambiar el curso de la historia para bien de la humanidad; los líderes del mundo deben comenzar ya mismo la negociación de este Tratado antes de que una nueva pandemia nos arrastre de nuevo.
Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica
José Angel Gurría, exdirector de la OECD
Jose Szapocznik, PhD., profesor de Ciencias de la Salud Pública, Universidad de Miami.
