El 20 de julio el gobierno colombiano presentó al congreso un nuevo proyecto de reforma tributaria. No solo es uno de los pocos gobiernos latinoamericanos que decide implementar una reforma de este tipo en medio de la pandemia, sino que ya en el mes de mayo tuvo que retirar el controversial proyecto anterior que desembocó en la ola de protestas más grande del Colombia en los últimos cien años.
El gobierno aprendió la lección. Esta nueva reforma es mucho más modesta y el nuevo ministro de Hacienda, Juan Manual Restrepo —el anterior tuvo que renunciar— trató de consensuar con el sector privado y los sectores políticos su contenido. Esta reforma no “pisa callos” de nadie y en su presentación se han enfatizado los aspectos positivos del gasto que se piensa financiar con los nuevos recaudos. Es una reforma planeada para ganar gobernabilidad.
Recaudación de Impuestos
El proyecto espera recaudar 15.4 billones de pesos (unos 4.000 millones de dólares a la tasa de cambio actual), diez billones menos que la fallida reforma de abril. Con este ingreso el gobierno espera recuperar el equilibrio fiscal, iniciar el camino hacia la recuperación de la calificación de deuda por parte de calificadoras internacionales —Fitch y Estándar and Poor— perdida recientemente y financiar programas sociales para mitigar los efectos de la pandemia, políticas de recuperación del empleo y satisfacer algunas demandas surgidas de las protestas recientes.
El Ministro de Hacienda estima que el grueso de estos ingresos —cerca del 70%— será aportado por el sector empresarial y que el resto provendrá de restricción de gastos del gobierno y control a la evasión fiscal. La contribución de las empresas proviene del aumento de la tasa impositiva de 30 a 35% y de una sobretasa temporal (hasta el año 2025) al sector financiero de 3 puntos porcentuales. También de una reducción en la deducción del 100% al 50% del impuesto de Industria que las empresas pueden hacer al calcular sus ganancias gravables.
Aunque es muy temprano para hacer una proyección de los nuevos ingresos, algunos analistas son pesimistas en cuanto a la capacidad del gobierno para reducir sus gastos. Esto debido a que en general son muy rígidos ya que son mandatos constitucionales o de ley y porque en un año de campaña electoral, como es el actual, reducir significativamente la contratación de personal no es fácil. En cuanto a la reducción de la evasión, es cierto que se han logrado algunos avances, pero el proceso ha sido lento y aunque la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) se ha venido modernizando, probablemente no tiene la capacidad plena de implementar todas las medidas necesarias.
Programas de gasto
Los programas que el gobierno espera financiar con estos recursos buscan aliviar la situación de los grupos más afectados por las medidas implementadas para controlar los efectos de la pandemia, apoyar la generación de empleo como elemento fundamental de la recuperación de la economía y responder a algunas demandas de los jóvenes durante las protestas recientes.
Uno de esos programas es el llamado Ingreso Solidario que consiste en una transferencia de 160.000 pesos colombianos mensuales —unos 42 dólares — a las familias más pobres, según la focalización del SISBEN (Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales). El propósito del gobierno es poder mantener este programa hasta finales del 2021.
En cuanto a la generación de empleo, el gobierno tiene el PAEF (Programa de Apoyo al Empleo Formal), creado el año pasado, para subsidiar a las empresas para que no despidan a sus trabajadores y ha propuesto un programa de subsidios a la nueva generación de empleo. Este último está dirigido a empresas de 50 trabajadores o menos y privilegia la contratación de jóvenes menores 28 años. El gobierno pagará el 25% del salario mínimo —unos 260 dólares— por cada nuevo trabajador joven y 10% si es mayor de 28 años. El propósito es mantener este programa hasta agosto de 2023.
Finalmente, se espera garantizar matrícula gratis en las universidades e institutos de formación técnica y tecnológica oficiales a todos los estudiantes de ingresos bajos. En efecto, esto ya se está implementando en algunas ciudades como Bogotá, pero la idea es convertirlo en una política nacional permanente.
El contexto político colombiano
El contexto político ha determinado la nueva propuesta de reforma tributaria. En marzo 2022 se renovarán totalmente el Senado y la Cámara de Representantes y el 29 de mayo será la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El país está saliendo de la protesta social más grande de su historia reciente —aún hay jóvenes en las calles, la llamada Primera Línea— que afectó profundamente la recuperación económica y la generación de empleo.
Los recientes informes de la CIDH y de Human Rights Watch han sido muy poco favorables al gobierno. No solo por el manejo de la fuerza pública , sino también por la larga serie de asesinatos de líderes sociales ocurridos durante el periodo. El gobierno, además, enfrenta el tercer pico de la pandemia, el más alto y duradero hasta el momento, lo cual ha limitado la capacidad del Presidente y a su partido, el Centro Democrático —presidido por Álvaro Uribe— para gobernar.
En estas condiciones, no era de esperar que el gobierno presentara una reforma profunda que buscara solucionar los problemas estructurales y de equidad que adolece el país. Lo que el gobierno busca con este nuevo proyecto es una reforma que le permita ganar tiempo para organizarse de la mejor manera de cara a las elecciones del año que vienen. Así, el gobierno le deja al próximo presidente la tarea de encontrar soluciones a los problemas sociales y económicos que la pandemia y las protestas han dejado en evidencia.
Jaime Tenjo G. es economista y consultor de organismos nacionales e internacionales. Especializado en mercados laborales, género y discriminación. Profesor de varias universidades en Canadá y Colombia. Doctor por la Universidad de Toronto.
