Por: Julio Echeverría
El desafío más grande del presidente Lasso luego de sus primeros meses en el poder es escapar de la tendencia fatal al desgaste político que experimenta todo gobierno cuando ingresa en el momento crucial de concreción de sus perpectivas y proyecciones programáticas. Es en ese momento cuando los condicionamientos institucionales, que en el caso ecuatoriano proceden del mismo diseño constitucional de Montecristi —Constitución de 2008 impulsada por Rafael Correa—, trabajan para debilitar aún más su espacio de gobernabilidad.
El gobierno del presidente Lasso arrancó en una posición de debilidad, al contar con una representación parlamentaria minoritaria (12 de 137 asambleístas) con una votación en primera vuelta que apenas superó el 20%. La alianza con su socio natural del centro derecha, el Partido Social Cristiano que contaba con 18 asambleístas, naufragó apenas iniciado el periodo parlamentario.
Por otro lado, el intento de conformar una alianza con sectores de la izquierda y centro izquierda —Izquierda Democrática, con 18 asambleístas, y Pachakútik, expresion política de la CONAIE, con 24— generó expectativas por la posibilidad de escapar de la polarización y consolidar una tercera vía, donde la sostenibilidad ambiental y la equidad social fueran los ejes del programa político. Un programa desafiante que exigía gran responsabilidad y madurez por parte de los actores políticos.
Si las relaciones entre ejecutivos y parlamentos son por principio complejas, porque expresan una contraposicion ‘natural’ entre lógicas diferentes (las de la representación y las de la gestión), en el caso ecuatoriano estas tienden a manifestarse como una contradicción polarizante. Lo que es natural oposición de programas y de posturas políticas, se convierte en enfrentamiento interno entre las instituciones del sistema político.
El sistema no ha logrado, aún con todas sus reformas y cambios, conectar la pluralidad de la representación con la necesaria univocidad que requiere la toma de decisiones y la gestión de gobierno. La constitución de Montecristi diseña un entramado institucional que potencia y amplifica esta configuración esquizoide, generando patologías que atentan contra la misma vigencia del régimen democrático.
El camuflaje al que acude el hiperpresidencialismo es la ampliación de la representación: el sistema abre desmedidamente las puertas de ingreso a la participación política, generando la apariencia de democracia. En la actualidad, 269 organizaciones políticas constan en el registro electoral; los requisitos de acceso son laxos, lo cual genera alta dispersión y fragmentación y no incentiva la generación de consensos. Esta fragmentación se ve potenciada cuando se produce la elección de representantes ya que el sistema de doble vuelta electoral permite la expresión mediante el voto de esta pluralidad de fuerzas en la primera vuelta electoral, lo que termina por definir una composición de la asamblea enormemente fragmentada y dispersa.
El presidente electo en segunda vuelta debe enfrentarse a una asamblea en la cual difìcilmente logra construir apoyos consistentes. Los gobiernos, huérfanos de soporte en las legislaturas, se ven compelidos a gobernar por fuera de esos posibles acuerdos. La utilización de ‘decretos leyes’, la declaracion de ‘estados de emergencia’ o acudir a mecanismos de democracia directa como las consultas populares pasan a convertirse en expedientes corrientes de gestión, cuando deberían ser recursos extraordinarios.
El hiperpresidencialismo se refuerza en un sistema que aparentemente es participativo y representativo pero que, cuando se apresta a gobernar, demuestra su gran debilidad, imposibilitando la consecución de acuerdos que proyecten visiones estratégicas.
Es el caso del gobierno de Lasso, el programa para la reactivación económica incluye reformas a los regímenes laboral y tributario dirigidos a reducir el desempleo e incrementar las recaudaciones mediante impuestos progresivos. Frente a la imposibilidad de avanzar por esa vía, al gobierno solo le queda maniobrar en los ámbitos en los que sí tiene control, lo cual debilita el alcance de su programa que se limita a cerrar la brecha fiscal, bajar el gasto público con disciplina macroeconómica e incrementar los ingresos mediante la promoción de actividades mineras y petroleras.
La orientación del programa que apuntaba al necesario cambio de modelo hacia una economía social y ambientalmente sostenible y que se expresó en el inicial acuerdo entre las fuerzas del gobierno (CREO) y sus posibles aliados (ID-PK) se vió entorpecida desde sus inicios por los desacuerdos entre Pachakutik y la CONAIE, su soporte movimentista. Esta última retomó su postura maximalista, aisló al actor que construyó la posible tercera línea dentro del movimiento, Yaku Pérez, quien se vió excluido y terminó por salir de la misma organización a la que catapultó como tercera fuerza electoral.
Estas dificultades terminan por afectar la temporalidad de los procesos de gobierno. Las urgencias de corto plazo predominan sobre las reformas sustantivas que podrían apuntalar la sostenibilidad de la economía y del desarrollo y definir visiones estratégicas consistentes con las actuales complejidades globales. Las intenciones reformistas tienden por tanto a ceder al realismo de los expedientes propios de una economía extractivista y primario exportadora.
Por otro lado, la falta de acuerdos políticos conduce al gobierno a privilegiar políticas que tendencialmente podrían enfrentar una gran resistencia social: el ajuste y la promoción de la minería y el petróleo.
Todo esto revela que, así como hay un déficit público, hay también un colosal déficit de política incentivada por el mismo diseño constitucional. El país no cuenta con actores consistentes que puedan sacarlo de la situación de crisis en la que se encuentra.
En estas circunstancias, la agudización del conflicto social y político puede ser inminente. El capital político de Lasso, fortalecido por el éxito de la campaña de vacunación puede no ser suficiente en este escenario. El anuncio de sortear las dificultades en la construcción de la agenda legislativa a través de una consulta popular parecería abrir un escenario de dificil pronóstico. ¿Tendrán la lucidez necesaria los actores de las distintas tendencias para cambiar sus conductas ante una situación en la que todos podríamos perder? ¿Podrá el país retomar la posibilidad de reencauzar las lineas de gobernabilidad hacia la sostenibilidad ambiental y social del desarrollo?
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Julio Echeverría es sociólogo y profesor de la Universidad Central del Ecuador. Doctor en Sociología por la Università degli Studi di Trento (Italia). Especializado en análisis político e institucional, sociología de la cultura y urbanismo.
