Por: Ignacio Lara
Nueve de cada diez personas de países en desarrollo no recibirán la vacuna contra el Covid-19 en 2021. Esta constatación es el motivo por el cual múltiples sectores vienen exigiendo liberar temporalmente los derechos de propiedad intelectual de las vacunas para inmunizar a la población mundial.
De acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud, al 19 de abril el mundo contaba con más de 140 millones de contagios de Covid-19 y tres millones de muertes. De estas últimas, casi la mitad ocurrieron en el continente americano con Estados Unidos (561.611 muertes), Brasil (371.678) y México (212.228) a la cabeza. A su vez, se aplicaron 792.796.083 dosis de vacunas para contrarrestar el virus, lo que equivale a más de uno de cada diez habitantes del planeta. Pero el panorama empeora cuando se analiza cómo se han distribuido dichas dosis.
Según el Director General de la OMS, el 87% de las dosis fueron aplicadas en países ricos, mientras el 0,2% de la población de los países de menores recursos recibieron alguna dosis. América Latina, que se estipula necesitaría 500 millones de dosis para inmunizar a su población, recibirá para fines de abril —mediante Covax— algo menos de 380.000 dosis. Solo un puñado de países tienen un nivel mayor al 10% de su población con al menos una dosis: Chile (66,58 dosis por cada 100 habitantes), Uruguay (36,48), Brasil (15,24), Argentina (13,48) y Panamá (12,7). Por su parte, países como Nicaragua, Guatemala y Honduras no llegan siquiera a una dosis por cada 100 habitantes.
El mundo no sólo necesita una mayor producción de dosis, sino también que estas lleguen a todos los rincones del planeta, al mismo tiempo y en condiciones tales de volver efectiva la inmunización de toda la población. En este sentido, el Acceso Mancomunado a la Tecnología contra el Covid-19 (C-TAP) , lanzado por la OMS junto al gobierno de Costa Rica y co-patrocinado por otros 40 Estados reunidos en el Llamamiento a la acción solidaria, se posiciona como una opción prometedora.
Este llamado insta a gobiernos, organizaciones financiadoras, empresas y a la comunidad científica a compartir voluntariamente el conocimiento, la propiedad intelectual y los datos relacionados con la tecnología de la salud Covid-19. Pese a eventual utilidad en el ámbito sanitario y económico, pero también para la gobernanza internacional, al día de hoy ni una sola farmacéutica que tenga aprobada alguna de las vacunas para combatir la pandemia ha adherido a este mecanismo.
Por otra parte, India y Sudáfrica iniciaron un proceso en la OMC para solicitar la exención de determinadas disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio para la prevención, contención y tratamiento del Covid-19. El reducido grupo de países ricos que lideran la vacunación a nivel mundial se oponen: Estados Unidos, Reino Unido, Suiza y la mismísima Unión Europea.
No resulta complejo desentrañar los intereses por detrás de este posicionamiento. Por citar un ejemplo, de las 10 farmacéuticas más valoradas en el mundo en 2019 , cinco son estadounidenses (Pfizer, Abbot, Merck, Celgene y Abbvie), dos suizas (Roche y Novartis), una alemana (Bayer), una francesa (Sanofi) y una inglesa (Gsk). A su vez, un reciente estudio publicado en The Lancet, evidencia que el sector público y de la filantropía —con la Fundación Bill y Melinda Gates a la cabeza— aportaron más de diez mil millones de dólares para el la investigación y desarrollo de vacunas contra el Covid-19.
Más del 83% de este financiamiento se concentró en cinco vacunas que tienen como denominador común la presencia del gobierno de EEUU como financiador en todas ellas. A esto se suma el estudio que confirma, para el caso de la vacuna de AstraZeneca, que la industria farmacéutica aportó solo el 3% de los 120 millones de euros invertidos para su desarrollo.
Recientemente, un grupo de ex mandatarios y premios Nobel instaron al actual presidente de los Estados Unidos a que apoye la suspensión de los derechos de propiedad intelectual para la producción de vacunas contra el Covid-19. A esto se suman los resultados de una encuesta, en este mismo país, en el que el 60% de las personas consultadas —de distintas orientaciones ideológicas— expresa su acuerdo con dicha suspensión. En este mismo sentido se ha expresado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos junto a la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales y a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
Uno de los principales argumentos contra la liberalización de los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas radica en el hecho de considerar las mismas —y, en definitiva, a la salud— como un bien de consumo. Sin embargo, la vacuna contra el Covid-19 debe ser considerada un bien público global, como sostuvo el Secretario General de la ONU. Siguiendo esta premisa y bajo el lema “la vacuna de los pueblos” es que personalidades internacionales instan a una producción masiva y disponible para todos, en todos los países y gratuita.
Ahora bien, en un mundo en el que reina el “salvase quien pueda” —donde primero, obviamente, se salvan los más ricos— ¿por qué habríamos de esperar que las grandes farmacéuticas actuaran en forma colaborativa y solidaria? También se abre un interrogante sobre el rol, y qué puede esperarse de las fundaciones filantrópicas, como la Fundación Bill y Melinda Gates, que han financiado miles de millones de dólares para el desarrollo de vacunas.
La responsabilidad de lo que se haga o deje de hacer, así como la factibilidad de cambiar el curso de la pandemia sigue recayendo en los Estados y en sus capacidades de dotar de sentido —y contenido— los mecanismos colaborativos globales como Covax y C-TAP. Estos deben apostar por consensos globales sobre la importancia de salvaguardar la vida de los y las habitantes del planeta por encima del mantenimiento de las reglas del mercado.
Ignacio Lara es politólogo de la Universidad de Buenos Aires, Máster en Mercados e Instituciones del Sistema Global y Doctor en Políticas e Instituciones (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Italia). Presidente de Asuntos del Sur y docente de postgrado en UBA y UNLa.
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