Por: Dardo Justino Rodríguez
En diciembre de 2020, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley HR 2615, más conocida como Lista Engel. Según la misma, el presidente debe presentar semestralmente al propio Congreso una lista de ciudadanos de Guatemala, El Salvador y Honduras que hayan incurrido en acciones fraudulentas. Ya sea que hubieran afectado procesos u organismos estatales o privados o participado en actos graves de corrupción o entorpecido investigaciones. De ser rigurosa, sería una lista kilométrica.
Como toda iniciativa que parte del norte, la también llamada Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte despierta sensaciones encontradas. Desde gestos de desconfianza hasta tímidas señales de esperanza.
Pero en el Triángulo Norte centroamericano nadie cree en ello. Quizás pueda caer en la volteada algún que otro elemento secundario, como para dar ejemplo. Pero sólo temen realmente estar incluidos aquellos que no se allanan a los dictados de Washington. Lo cual no es una posición habitual entre los corruptos. Y la historia personal y política de Biden no permite esperar otra cosa.
A las personas incluidas en la Lista Engel, —en referencia al representante demócrata por Nueva York y autor de la ley, Eliot Lance Engel— se les aplicarán sanciones que van desde la anulación de sus visas hasta ser declarados no elegibles para adquirirla. Asimismo, no tendrán beneficios migratorios y, en caso de estar condenados por tribunales estadounidenses, no podrán optar por el beneficio de la libertad condicional.
Perder la visa de los Estados Unidos o no poder obtenerla implica, por un lado, cierta pérdida de prestigio ante sus propias sociedades. Y por otro, para políticos, funcionarios, empresarios o miembros del crimen organizado es un problema operativo para sus propios negocios. Es que es en el norte donde se lava mayoritariamente el dinero mal habido y donde radican muchas de las empresas con las cuales se pueden concretar negocios como parte de ese lavado.
Diferencia con la Lista Magnitsky
No pocos han apelado a una supuesta superposición de fines con otra lista, la Lista Magnitsky, también surgida en Estados Unidos. Pero no la hay, pues ésta se centra en funcionarios que hubieran participado en lo que la potencia del norte considera violaciones a los derechos humanos. La innovación de la Lista Engel es la ampliación de las personas-objetivo.
La nueva ley tiene catorce secciones de los cuales diez establecen los componentes y las acciones que la Casa Blanca deberá implementar como elementos claves de sus políticas hacia El Salvador, Guatemala y Honduras. Será el Departamento de Estado quien coordine, junto con USAID y otras agencias federales, la provisión a las comisiones del Congreso y los diagnósticos de situación, además de reportes respecto de los avances en la aplicación de la ley.
Postulados de la ley
Algunas secciones incluyen parámetros para incluir en los reportes con respecto a violaciones a derechos humanos y abusos de las fuerzas de seguridad, ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias realizadas por miembros de las fuerzas de seguridad o en complicidad con éstas. Asimismo, contiene especificaciones con respecto a la efectividad de las estrategias implementadas para combatir la corrupción, financiadas mediante aportes multilaterales.
Pero lo más interesante de la ley radica en la inclusión de la corrupción y su impacto sobre la migración de connacionales. Es una novedad que se incluya a este flagelo como causante del fenómeno migratorio, pues hasta la fecha, esas causales se centraban en la pobreza y la violencia como únicos detonadores.
Si bien la corrupción no tiene un efecto directo sobre la migración, es responsable de la degradación de las condiciones de vida de buena parte de la sociedad. Unas condiciones marcadas por servicios públicos inadecuados, por una impunidad imperante, por desplazamientos internos y por la imposibilidad de movilidad social, entre otros males.
Escollos para su aplicación
La persona que el Departamento de Estado escoja para llevar la Oficina de Asuntos Hemisféricos Occidentales liderará el “compromiso diplomático”. Un eufemismo muy habitual en Washington que debe entenderse como presión a como dé lugar. O simplemente torcer el brazo de los funcionarios locales para impulsar las acciones de la estrategia que la ley determina.
¿Pero es esperable que este funcionario pueda lidiar con un Juan Orlando Hernández de quien muchos infieren sigue buscando la forma de permanecer en el poder, habida cuenta de lo que se supone lo espera ante las denuncias de complicidad con el narco? ¿Podrá enfrentar a un soberbio, autoritario y egocéntrico Nayib Bukele, cuyas acciones no se diferencian mucho de los latrocinios de sus predecesores en el cargo?¿Podrá hacer algo con Alejandro Giammattei, un eslabón más de la cadena que ha beneficiado históricamente a las mafias chapinas enquistadas en el Estado?
Este funcionario no podrá contar con los aparatos judiciales, ni con los ministerios públicos, ni los demás poderes del Estado para realizar su labor. Todos ellos están confabulados con las mafias y, en algunos casos, son partícipes de las corruptelas. Por lo tanto, dependerá de las presiones que la Casa Blanca esté dispuesta a aplicar sobre los gobiernos de la región.
Condiciones para las asignaciones monetarias
La ley prevé además condiciones para el desembolso de los fondos asignados a las estrategias para la región. Las mismas remiten a las imposiciones —jamás cumplidas— que estipulaba la Alianza para la Prosperidad de la administración Obama.
Los condicionamientos incluyen aspectos como el combate al narcotráfico y la trata de personas, informar a los ciudadanos de los peligros de migrar irregularmente, asegurar que las fuerzas de seguridad respeten los derechos humanos y que los violadores de los mismos sean enjuiciados. Podemos seguir… pero lo expuesto es suficiente para comprender la imposibilidad de imponer estas condiciones a las élites de estos tres paíse super inmersas en un sistema de poder hegemónico, impune, inmune y blindado por todos los ángulos y aristas.
Por lo tanto, la efectividad de la Lista Engel estará dada por la voluntad política del gobierno de los Estados Unidos, quien, a no dudarlo, privilegiará sus propios intereses por encima de cualquier situación que se dé en el Triángulo Norte. Nada importarán los corruptos ni las violaciones a los derechos humanos si ello se interpone con los objetivos coyunturales o de largo plazo fijados por Washington.
Dardo Justino Rodríguez es analista, comunicador, asesor y consultor independiente de organismos y organizaciones internacionales. Director nacional de Presagio Consulting Honduras.
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