Por Carlos F. Domínguez
El conflicto en el este de Europa ha causado consecuencias directas en el dinamismo de la economía global, e indirectas en las economías latinoamericanas. Dependiendo de la magnitud e intensidad del conflicto en el futuro cercano, es posible proponer escenarios prospectivos y sus desdoblamientos. De momento, ya se prevé un impacto negativo de un punto porcentual en el producto mundial, según proyecciones de organismos internacionales.
Antes del inicio de las hostilidades, la economía mundial adolecía de las consecuencias de la pandemia de la COVID-19, debido a la interrupción de numerosas actividades productivas. Esto, a pesar de los sucesivos paquetes de estímulos económicos impulsados por casi todos los países del mundo.
Dichos estímulos fueron necesarios tanto para mantener alguna protección social y sanitaria como para reactivar los aparatos productivos de muchos países. Sin embargo, dichos paquetes económicos, que llegaron a los 9,0 trillones de dólares (11% del producto mundial), también acabaron generando presiones inflacionarias significativas.
A partir de la invasión rusa a Ucrania y de la inmediata imposición de sanciones económicas de parte de algunas potencias occidentales al Gobierno de Moscú y a su entorno de simpatizantes y colaboradores ―incluyendo al régimen de Minsk―, se constató una aceleración de las presiones inflacionarias preexistentes.
El aumento de los precios fue bastante claro en el caso de bienes exportados por Rusia, Ucrania y Bielorrusia al mercado internacional, particularmente en el ramo de la energía (petróleo, gas natural, carbón), alimentos (maíz, trigo), insumos (fertilizantes) o minerales estratégicos (neón, paladio, aluminio, titanio).
En el campo logístico, además del ataque a la infraestructura de Ucrania (puertos, carreteras, puentes, centrales nucleares, fábricas, zonas residenciales), hubo un notorio incremento en los precios de los fletes y seguros de cargueros en el mar Negro, así como también crecientes obstáculos en el transporte terrestre y aéreo entre Europa central y oriental.
Se calcula que, en el primer mes de las operaciones militares, los costos económicos para Ucrania han sido superiores a cien mil millones de dólares. Muchos recursos han sido también asignados por el Gobierno de Moscú para financiar su esfuerzo bélico. En este sentido, y sin olvidarse del sufrimiento humano, vale preguntarse: ¿quién pagará por esa destrucción masiva de la economía de Ucrania (reparaciones de guerra)?
Desde la perspectiva de los estudios en seguridad económica internacional, se sabe que las sanciones impuestas por ciertos Gobiernos occidentales contra la economía rusa han comenzado a generar consecuencias como la pronunciada depreciación del rublo, la desconexión de redes digitales y del sistema de intermediación financiera, o la elevación de las tasas de interés básica en aquel país. Se supone que estas serán cada vez más incisivas y costosas para el Gobierno de Moscú.
Sea como fuere, el Gobierno ruso, aunque ha reconocido algunas implicaciones de la “guerra económica” de potencias hostiles, mantiene las operaciones militares contra su vecino. Al mismo tiempo, el Gobierno de Kiev ha recibido ayuda humanitaria, económica y militar de parte de numerosos países, con el propósito de mantener a flote su aparato productivo y esfuerzo bélico. Todo ello genera implicaciones locales, bilaterales y globales a medio y largo plazo.
¿Y en los países latinoamericanos?
El conflicto en el este de Europa abre oportunidades, incentivos, riesgos y amenazas. De partida, por la distancia geográfica, la guerra no ha causado consecuencias vitales en América Latina. Sin embargo, la situación podría cambiar considerablemente en el caso de una escalada de las tensiones y operaciones bélicas dentro y fuera de Ucrania, incluso con el uso de armamento no convencional o la eventual incorporación de otros actores estatales y no estatales de seguridad.
En términos operativos y pragmáticos, la retracción de las exportaciones ucranianas, rusas y bielorrusas de ciertas materias primas y bienes industrializados podría hasta crear oportunidades y demandas adicionales a empresas exportadoras latinoamericanas, principalmente en el caso de las denominadas economías emergentes (Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile y Perú).
Por otro lado, una recomposición de la alicaída industria petrolera venezolana podría ser considerada, especialmente si es acompañada de una gradual suspensión de las sanciones estadounidenses y europeas, y de un esfuerzo de reconciliación y redemocratización del país.
Por lo tanto, las exportaciones latinoamericanas podrían substituir una parte significativa de la producción de los países beligerantes, principalmente en el mercado de Estados Unidos, la Unión Europea y ciertos países africanos y asiáticos.
Sin embargo, las oportunidades comerciales deberán ser confrontadas con el acelerado proceso de inflación global, de turbulencia, de incertezas y de encarecimiento de las importaciones. Vale reiterar que, dentro de lo que es la recuperación económica pospandemia, el conflicto militar puede retardar aún más la reanudación del crecimiento y de la transformación productiva con equidad entre los países latinoamericanos. Asimismo, algunos analistas ponderan acerca de las implicaciones de una posible desglobalización, del resurgimiento de presiones proteccionistas y del neopopulismo.
A pesar de las visitas de Alberto Fernández (centro-izquierda) y de Jair Bolsonaro (derecha populista) a Vladímir Putin poco antes del inicio de la guerra, lo más probable es que el conjunto de los países de la región procure la diversificación de socios externos. Además, muchos buscarán construir algún tipo de equilibrio y equidistancia en el contexto de la competencia entre potencias mundiales que se avecina, incluso en lo tocante a la gobernanza económica global. Ello incluye un esfuerzo para evitar la internalización o importación de conflictos extrarregionales a la ya delicada coyuntura pospandemia de COVID-19. He aquí los trazos de un “nuevo nuevo normal”.
La evolución reciente de las negociaciones para encontrar una salida pacífica sugiere algunos avances parciales y hasta autorizan la manifestación de un cauto optimismo. Naturalmente, casi toda la comunidad internacional y nuestra región respalda una salida negociada al conflicto. Ello se vio reflejado en la votación de la mayoría de los países latinoamericanos en dos resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas para exigir el fin de las hostilidades.
Este posicionamiento se fundamenta en la identidad internacional, en la experiencia histórica de la región ―objeto de numerosas embestidas comparables desde EE. UU. y países europeos que en su momento fueron catalogadas como imperialistas―, en la cultura diplomática predominante, contraria a las guerras expansionistas y al uso de la fuerza en la política internacional, y en la madurez y la calidad democrática de muchas de nuestras sociedades. Dicho esto, parece pertinente insistir en la necesidad de construir un orden internacional de pueblos libres.
Carlos F. Domínguez Ávila es investigador-colaborador de la Universidad de Brasilia (UnB). Doctor en Historia. Especialista en temas sobre la calidad de la democracia, política internacional, derechos humanos, ciudadanía y violencia.
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