Por: Fernando Mantegani/Latinoamérica21
Esperanza vive en Altavista, en Catia. Es licenciada en Educación y trabaja como maestra de preescolar. Tiene esposo y dos hijos y su sueldo es de 20 millones de bolívares, unos siete dólares mensuales. Le alcanza para comprar un kilo de queso y un cartón de huevos. Cuando termine la pandemia y regresen las clases presenciales, el costo de ir a su trabajo será similar a su sueldo. Como Esperanza, millones de venezolanos asalariados han visto en pocos años como su salario se reducía a un valor casi testimonial.
La mayoría de los empleos formales en Venezuela tienen anclado el valor a una escala que depende del salario mínimo. Pero no solo en Venezuela, el salario mínimo es casi universal y la mayor parte de los países lo tienen establecido ya que junto con la jornada laboral de ocho horas, es parte del legado de más de un siglo de luchas obreras.
El salario mínimo busca garantizar la subsistencia del trabajador y protegerlo en la desigual relación de poder que se establece entre quien contrata y el contratado. Es la principal forma en la que el Estado interviene en el mercado laboral.
Eso no implica que todo el mundo gane más que el sueldo mínimo. Muchos ciudadanos que tienen contratos de tiempo parcial o que trabajan en forma independiente ganan menos. En Colombia, por ejemplo y según cifras oficiales, casi la mitad de los trabajadores gana menos de un sueldo mínimo.
No obstante, su valor es un indicador muy importante de cómo vive la población de un país ya que impacta toda la escala de salarios. Y su valor depende de muchos factores: del tamaño de la economía, de la fuerza de los trabajadores, de la orientación política de los gobiernos, del nivel de desempleo, de la productividad, etc.
En América Latina, la inmensa mayoría de los asalariados se ubica en la base de la pirámide salarial y gana menos de dos sueldos mínimos. En México, por ejemplo, el 60% de los asalariados se ubica en esa franja.
El salario mínimo en Venezuela
El valor del salario mínimo en Venezuela es evidentemente una anomalía: $2.4. Es tan, tan bajo, que no alcanza para la subsistencia. Según el CENDA (Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores) alcanza para menos del 1% de la canasta básica.
Su monto, no obstante, es la base de cálculo de lo que perciben los 3 millones de funcionarios del Estado y los 4,5 millones de pensionados —en conjunto suman un tercio de la población mayor de edad— y una parte del empleo formal privado. Además, el multiplicador por antigüedad y profesionalización también es muy bajo, por lo que un funcionario con doctorado y veinte años de antigüedad no cobrará más de 35 dólares al mes.
En cuanto al empleo formal privado no existen datos oficiales. La fuente principal, las Encuestas de Hogares por Muestreo (EHM) del Instituto Nacional de Estadística (INE), no se publican desde 2015. Sin embargo, existen algunas encuestas parciales.
Según estas, en la actualidad cualquier negociación salarial privada entre patrón y empleado está por encima del sueldo mínimo. Es decir que el salario mínimo pierde su principal función y su razón de ser: proteger a la gente común frente al abuso del empleador y garantizar un ingreso digno. Más aún, al ser tan bajo, funciona al revés. Presiona todos los demás sueldos hacia abajo.
En el presente, los sueldos en el ámbito privado están muy por encima de los públicos, pero siguen siendo muy deficitarios. Según la OVF (Observatorio Venezolano de Finanzas) en una encuesta realizada recientemente a más de trescientas empresas, la media del salario de los obreros es de 53 dólares. Entre los profesionales y técnicos el promedio ronda los 100 dólares y el de la gerencia de una empresa promedia los 216 dólares.
Su caída tiene otros efectos colaterales. Muchos contratos colectivos y escalas salariales de la empresa privada están estructurados en referencia al salario mínimo. Por lo tanto, a medida que éste se iba reduciendo, los obreros y empleados fueron progresivamente abandonando los contratos colectivos a cambio de la dolarización de los salarios, lo cual redunda en la pérdida de derechos.
Muchos asalariados en Venezuela reciben ya su salario en divisas. Incluso en el sector público algunas instituciones bonifican en «negro» con dólares a sus empleados, sobre todo a los cargos de más responsabilidad. Esto va creando además de la histórica división entre quienes poseen bienes de capital y quienes son asalariados, otra división entre la Venezuela que trabaja con remuneración en bolívares y la que recibe dólares, abonando a la desigualdad.
El origen
Hace solo nueve años, en abril del 2012, el presidente Chávez anunciaba un aumento de salario mínimo a 476 dólares (a cambio oficial), según sus palabras el más alto de Latinoamérica. Pero a partir del 2014, su valor comenzó a reducirse aceleradamente a medida que la crisis económica, las sanciones y la hiperinflación colapsaban el país. De acuerdo a las cifras oficiales el salario mínimo ha perdido el 99% de su valor en los últimos diez años y el 87% en los últimos tres años.
La crisis ha impulsado a muchos trabajadores a pasar de un trabajo formal a trabajar por su cuenta. Según la Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI) del año 2019-2020, realizada antes de la pandemia, casi la mitad de los trabajadores venezolanos trabaja por su cuenta, la mayoría en el comercio informal, mientras la otra mitad se divide a partes casi iguales entre el empleo público y el empleo formal privado.
Ante la caída abrupta de los salarios, el gobierno ha planteado algunas estrategias que buscan aminorar el efecto de la crisis como los Bonos de la Patria y el Clap. Además, los servicios públicos se han sostenido a bajos precios, aunque esta realidad paulatinamente comienza a cambiar. Pese a ello, el día a día se le ha vuelto difícil a la mayoría de la población y el venezolano común se la pasa buscando cómo “resolver”.
Por otro lado, a medida que ha ido aumentando la emigración se han incrementado exponencialmente las remesas. Esto, que es una realidad de larga data en Latinoamérica, es una novedad en Venezuela. Muchos hogares reciben ahora periódicamente pequeñas sumas de los familiares que están trabajando en el exterior y se trata de un ingreso de gran importancia dado el tamaño actual de la economía.
La hiperinflación y la caída del ingreso estatal, tanto por la disminución de la renta petrolera como por el descenso de la recaudación impositiva, así como la larga recesión económica son los factores centrales de la caída del salario, sin importar la perspectiva ideológica. Y en Venezuela todos estos elementos se han dado en formas poco vistas en la historia.
Un dólar pasó de valer 9 bolívares en 2012 a valer 300.000.000.000 en la actualidad (tomando para la equivalencia el bolívar del 2012). Y llevamos ocho años de recesión donde nuestra economía ha perdido en el camino el 80% de su valor.
Estos son los hechos. Y para explicarlos hay muchas versiones. Si es debido a la guerra económica, sanciones, inflación inducida y bloqueo financiero o si más bien es imposición de un sistema obsoleto, errores de política macroeconómica, creación de dinero inorgánico y dolarización, o incluso una mezcla de estos elementos, depende del cristal con que se mire.
*Esta es una versión reducida del texto publicado originalmente en el medio Ph9 de Venezuela.
