Por: Carmelo Mesa-Lago
Cuba ha lanzado recientemente una serie de reformas económicas inducidas por varios factores: la continuidad de un modelo de planificación central ineficiente, el recorte de la ayuda venezolana, las sanciones impuestas por el expresidente Trump y la pandemia, todo lo cual provocó una caída de 11% del PIB en 2020. Destaca la unificación monetaria de 2021 que incrementará el desempleo en las empresas estatales que sufran pérdidas y cierren. Por ello el gobierno acaba de anunciar que el trabajo por cuenta propia se expandirá de 127 a 2.000 ocupaciones para emplear a los despedidos del sector estatal y sólo habrá 124 actividades prohibidas reservadas al Estado.
Por las reformas de Raúl Castro, el sector no estatal había crecido de 16% a 33% entre 2009 y 2019 y su componente “cuentapropista” de 3% a 13%. Esto a pesar del burocratismo, restricciones, altos impuestos, desincentivos y una reversión de política en 2016. La expansión de actividades cuentapropistas -y la restricción del Estado a unas pocas- habían sido reclamadas por los economistas cubanos en el último decenio.
Las listas de actividades permitidas y prohibidas no son suficientemente claras y han provocado confusiones, por lo que el análisis siguiente debe tomarse con cautela. Se han ampliado tanto las actividades que solo podemos hacer un resumen escueto. Por ejemplo en industrias manufactureras: fabricación de ordenadores; equipos electrónicos y de comunicación; aparatos electrónicos de consumo y de uso médico, fotográficos, ópticos, de iluminación y para oficinas; maquinaria agrícola, minera, textil y alimenticia; piezas automotrices, joyas e instrumentos musicales; elaboración y conservas de alimentos; bebidas alcohólicas; producción de cemento y piezas para edificios; materiales de construcción y ferretería; cosméticos, relojes, papel y cartón; fundición de hierro y acero.
El transporte por tierra, ríos y lagos (salvo el aéreo) requiere permisos y contratos con las autoridades estatales y comprende pasajeros (incluyendo autobuses para escolares y turistas), carga, ganado y aparcamiento (excepto para vehículos de recreo y caravanas). En el turismo se aprueba todo el alojamiento, excepto el campismo. En informática se permite edición, programación, consultoría y portales web. En administración y mercadeo se autoriza la organización de convenciones y exposiciones comerciales; consultorías de gestión, publicidad, estudios de mercado, servicios administrativos de oficinas y venta al por menor por Internet.
Respecto a las 124 actividades proscritas al sector privado, algunas son justificables en cualquier país: la defensa nacional y el orden público, la legislación y las relaciones exteriores. Hay otras reguladas en muchas naciones, como la fabricación y venta de armas, municiones y vehículos militares, el cultivo de plantas narcóticas y los juegos de azar. Existen países en que también el gobierno se reserva la extracción de petróleo y gas natural. Siendo un Estado socialista autocrático de partido único, se prohíbe por alegadas razones de seguridad la impresión de periódicos y revistas y la operación de estaciones de televisión y radio (es revelador que las actividades prohibidas incluyan a los sindicatos y a los periodistas).
Además, hay actividades que difícilmente pueden desempeñarse en Cuba como telecomunicaciones por satélite, fabricación de aeronaves y vehículos automotores. Debido al carácter público y gratuito de los servicios sociales cubanos -salud, educación, pensiones- también es concebible que se impida la actividad no estatal. Hay muchas constituciones políticas que declaran públicos estos servicios y no consienten la actividad privada, aunque los médicos pueden ejercer como particulares (algo prohibido en Cuba).
En la industria -que tuvo un declive de 39% entre 1989 y 2019- se inhibe la fabricación de dos exportaciones claves: el azúcar y el tabaco salvo el artesanal que ya estaba permitido; se veta la “confección de prendas de vestir” (contradiciendo la aprobada fabricación de textiles y la legalidad de sastres y modistas), la elaboración de “productos botánicos de uso farmacéutico” (pero se autorizan las “botánicas”) y la fabricación de abonos a pesar de que la producción estatal de fertilizantes cayó 95% entre 1989 y 2019.
En la construcción que parece haberse extendido tanto, es confusa la aparente prohibición de la edificación “de viviendas” y de “estructuras combinadas con el mantenimiento de la propiedad”; sin embargo, desde hace muchos años se permiten la construcción de viviendas “por esfuerzo propio” (personal) y el mantenimiento de casas por sus dueños y son legales los carpinteros, los albañiles, los plomeros y otros relacionados con la construcción.
La mayoría de los cuentapropistas se concentra en los servicios. La salud y la asistencia social están vedadas salvo el cuidado de enfermos, discapacitados y ancianos en asilos, lo que ya se permitía. La educación no estatal también está prohibida, excepto los maestros de música y otras artes, mecanografía, taquigrafía, idiomas, gimnasia y “repasadores” (tutores), la gran mayoría de las cuales ya estaba autorizada. Se prohíben las galerías de arte comerciales, los teatros, la venta de sellos y monedas antiguas, el buceo, las bibliotecas y librerías (salvo la venta de libros usados), los clubes deportivos -de golf y ajedrez- y las pompas fúnebres.
Una ocupación añadida es la venta al por mayor de productos agropecuarios (antes solo su venta al por menor), pero se excluyen otros productos, a pesar de la enorme necesidad de un mercado mayorista de venta de insumos para el sector no estatal. Se permiten (ya lo estaban) las discotecas, pistas de baile y organización de bodas y otras fiestas, pero se prohíbe “el entretenimiento del público en general, incluidos espectáculos en vivo” aunque están autorizados los payasos, mimos, saltimbanquis y magos.
Virtualmente todos los economistas cubanos han criticado que no se haya permitido a los profesionales ejercer su profesión por cuenta propia (arquitectos, ingenieros, informáticos) y solo pueden trabajar en actividades como taxista, dueño de un pequeño restaurante (paladar) o arrendatario de vivienda a turistas extranjeros. Esto, alegan con razón, provoca una subutilización de sus capacidades y es un acicate para emigrar. Hasta ahora, la única excepción es la veterinaria, pero limitada a los “animales afectivos” (mascotas). Una pregunta clave es como se podrá expandir la construcción sin que se permita a ingenieros y arquitectos trabajar en el sector privado o la informática sin dichos profesionales.
La mayoría de los economistas cubanos alaban la medida, aunque señalan problemas. Pedro Monreal advierte que hay que promulgar la Ley de Empresas, discutida por muchos años, a fin de darles autonomía a las PYMES, permitir la inversión extranjera y garantizar su funcionamiento y utilidades. Julio Carranza nota que hay actividades prohibidas que se explican por razones de seguridad o porque son servicios sociales o áreas estratégicas, pero indica que otras no califican entre esas ocupaciones justificables.
Si antes con 127 actividades por cuenta propia autorizadas se agregaron 450.000 empleos netos desde 2010, con esta extensión podría multiplicarse esa cifra varias veces. Pero como dice el refrán anglosajón, “el diablo está en los detalles”: todavía no se ha promulgado ni publicado la ley, así que ignoramos las reglas, si se impondrán obstáculos, restricciones y mayores impuestos. No hay que descartar que esto sea un cebo para estimular la renormalización de las relaciones con Biden. Pero, de momento, esta medida parece ser un paso importante en el desarrollo del sector privado en Cuba.
*Aunque Carmelo Mesa-Lago es el único responsable de este artículo, agradece los útiles comentarios de los economistas cubanos Omar Everleny Pérez Villanueva y Ricardo Torres.
Carmelo Mesa-Lago es Catedrático Emérito de Economía y Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Pittsburgh. Fue presidente de Latin American Studies Association (LASA). Ha sido asesor de varias áreas y organismos de la ONU en todos los países de A. Latina.
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