Camilo González Vides/Latinoamérica21
Haití sigue hundiéndose en el abismo de la inseguridad y la ingobernabilidad. Recientemente la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos indicó que en los tres primeros meses del 2023 han sido asesinadas 530 personas, y secuestradas 281, como consecuencia de la violencia pandillera. Las autoridades haitianas ya han dado muestras de impotencia ante el poderío militar de estas organizaciones criminales, y portavoces del Gobierno interino han llamado a los ciudadanos a defenderse a sí mismos, a la vez que han invitado a las recién reconstituidas fuerzas militares a sumarse a la cruzada para derrotarlas.
Desmantelamiento criminal de la democracia
El ahuecamiento del Estado es consecuencia de la tolerancia que las élites políticas han tenido al dominio territorial de las pandillas después de la intervención humanitaria de 2004 y el terremoto de 2010. En los ciclos electorales posteriores, las pandillas capitalizaron su dominio territorial. No solo tuvieron un papel clientelar, sino que también utilizaron la violencia para favorecer a sus patrocinadores políticos en sus respectivos distritos.
Sin embargo, durante el gobierno de Jovenel Möise, del neoduvalierista Parti Haïtien Tèt Kale, la democracia terminaría de hundirse con la invitación a las pandillas a participar en el proceso de autocratización. De forma encubierta, el Gobierno las fortaleció, pero en detrimento del frágil cuerpo de policía después del final del mandato de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití (Minustah).
Las pandillas se convirtieron, así, en las fuerzas de choque del Gobierno que entre 2018 y 2022 causaron la muerte de 947 personas, según la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH), muchas de ellas en suburbios considerados como bastiones opositores a Möise.
Las pandillas (especialmente el G-9) se fortalecieron ante la erosión democrática en el país caribeño. El Gobierno se benefició del ambiente de control social, y las pandillas, de acceder a los recursos del Estado. Sin embargo, el sorpresivo magnicidio de Möise abrió una nueva situación. La debilidad del G-9 fue aprovechada por otras pandillas que competían por el control territorial. Esto conllevó la proliferación de nuevas pandillas que han hecho que la democracia fuera secuestrada rápidamente por el terror de las pandillas. El fuerte número de secuestros, la toma de la terminal de Varreux y los ataques a estaciones policiales han creado un ambiente que hace imposible la celebración de elecciones.
Autoridad y acuerdos de papel
En ese clima de incertidumbre, en junio de 2021 asumió Ariel Henry como primer ministro interino. Desde entonces, su papel ha sido nominal ante los constantes ataques armados, y la competencia exitosa de las pandillas dominan actualmente cerca del 60% de la capital. La autoridad del primer ministro ha sido, a su vez, contestada porque políticamente la oposición resurgió bajo la figura del Acuerdo de Montana, que exige su renuncia y la celebración pronta de elecciones. Incluso, la oposición se ha agrupado alrededor del rechazo al despliegue de una fuerza internacional solicitada por el primer ministro en octubre pasado.
No obstante, el Acuerdo de Montana se ha ido debilitando con la deserción de varios de sus miembros, debido a la mejor posición política del primer ministro y gracias al Acuerdo de Musseau. Este acuerdo entre fuerzas políticas ha designado un Alto Consejo de Transición que apoyará al primer ministro haitiano en la organización de las elecciones pospuestas desde 2021.
Sin embargo, en la situación actual, la iniciativa cae en saco roto, ya que el país no cuenta con condiciones de seguridad mínimas como para poder celebrar unas elecciones imparciales y pacíficas. Paradójicamente, celebrar elecciones en estos momentos podría avivar aún más la conflictividad en un país donde su institución electoral es provisional y el apoyo a la democracia es el más bajo del continente, según el último estudio de Latin America Public Opinion (Lapop).
Mutación de la violencia y el tráfico de armas
La violencia en Haití mantiene una lógica propia. Muchos analistas han vinculado el panorama de seguridad a lo que sucede en varios conflictos en África. No obstante, en Haití la violencia no se debe a conflictos entre etnias que compiten por el poder político. Por el contrario, se trata de grupos criminales instrumentalizados por grupos empresariales y políticos para mantener los feudos donde ejercer su dominio territorial. El problema es que este carácter parece estar mutando ante la mayor autonomía de las pandillas para actuar sin la anuencia de sus antiguos patrocinadores.
Esa peligrosa transición criminal está siendo alimentada por el incremento del comercio de armas desde Estados Unidos y República Dominicana. Según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Undoc), la crítica situación del país lo ha convertido en un mercado atractivo para el comercio ilícito de armas. A esto se suma el hecho de que la porosidad de las fronteras dificulta la labor de las autoridades para detener el flujo de armas hacia las pandillas, lo que ensancha aún más la desventaja numérica y cualitativa frente al poder de fuego de estas últimas.
Una complicada misión
En octubre de 2022, el primer ministro pidió el despliegue de una fuerza internacional, a fin de recuperar el orden público en su país. La petición sigue sin aprobarse por las divisiones en el Consejo de Seguridad de la ONU y la resistencia de países caribeños a las presiones de Estados Unidos para que un país del sur global asuma el liderazgo de esta responsabilidad internacional.
Si finalmente es aprobada, la misión para estabilizar a Haití será más difícil que las del pasado. Esta misión seguramente no tendrá como objetivo derrocar un Gobierno autoritario, pero tampoco será similar a la Minustah que se limitó a reducir los homicidios y los secuestros durante su mandato. Aquí la tarea sería más complicada: se trataría de desarticular un sistema de gobierno criminal, lo cual implicará el que se quiebre la alianza entre políticos, empresarios y criminales que mantienen atado el poder político al uso de pandillas como mecanismo de poder político y se deberían ejecutar medidas para evitar que este y nuevos fenómenos de colusión afecten el funcionamiento de las instituciones.
Sin Estado limpio no hay democracia funcional. Esto nos deja como alternativa un argumento impopular: la intervención es necesaria si se quiere que en un futuro democrático las elecciones no terminen por avalar las prácticas autoritarias y criminales que han secuestrado al Estado y a millones de haitianos.
Camilo González Vides es profesor de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana, Colombia. Magíster en Ciencia Política, por la Universidad de Salamanca (España).
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