María Villarreal/Latinoamérica21
Luiz Inácio Lula da Silva será presidente por la tercera vez en Brasil. En el segundo turno de las elecciones más polarizadas desde el retorno a la democracia, Lula venció con el 50,90% de los votos frente al 49,10% obtenido por Bolsonaro. La victoria de Lula fue confirmada por el Tribunal Superior Electoral (TSE) a las 19:57 horas, cuando el 98% de las urnas habían sido contabilizadas y ha sido reconocida por los Estados Unidos y diversos países. Sin embargo, por las características de estas elecciones, su victoria representa mucho más que la resurrección política de Lula o del éxito del Partido de los Trabajadores (PT). Pese a diversas amenazas e intentos de entorpecer el proceso electoral por parte del gobierno de Jair Bolsonaro, el triunfo del mayor frente amplio desde la dictadura militar es a todas luces la victoria de la democracia sobre el riesgo de regresión autoritaria.
Las elecciones presidenciales del día 30 de octubre no fueron ecuánimes y se caracterizaron por la circulación de noticias falsas, altos niveles de desinformación, violencia política y amenazas directas a la continuidad democrática. El frente amplio pro democracia encabezado por Lula enfrentó a la máquina del Estado brasileño puesta al servicio del actual presidente para comprar votos y lealtades. A través del denominado “orçamento secreto”, considerando el presupuesto de 2023, el Ejecutivo habrá distribuido 80 mil millones de reales más allá de lo que permite la Constitución a cambio de apoyo político.
En un contexto de violencia y marcada polarización, entre los episodios más sobresalientes de la última semana destacan los disparos y el lanzamiento de granadas hacia miembros de la Policía Federal por parte de Roberto Jefferson, aliado de Bolsonaro en prisión domiciliaria que estaba siendo detenido de forma preventiva por incumplir medidas cautelares, divulgar noticias falsas e insultar a miembros del Supremo Tribunal Federal (STF); la amenaza y persecución armada en la calles de São Paulo de un apoyador de Lula por parte Carla Zambelli, diputada y estrecha aliada de Bolsonaro; y la denuncia improcedente de supuesto favorecimiento comunicacional de la campaña de Lula en las radios del país por parte del Ministro de las Comunicaciones Fabio Faria.
El hecho más grave fue, sin embargo, el intento de impedir o retrasar la votación de los electores a partir de controles y cortes ilegales de carreteras durante el segundo turno. Tales medidas fueron desarrolladas por la Polícia Rodoviária Federal (PRF), cuyo director fue recomendado por Flávio Bolsonaro y es apoyador del actual presidente, y tuvieron como objetivo especialmente la región Nordeste, donde se concentra la mayor parte de los apoyadores de Lula. Como ha sido relatado por diversos medios, la decisión sobre esta operación ilegal fue tomada en el mismo palacio presidencial. Los más de 560 controles realizados a lo largo del país fueron denunciados públicamente por observadores internacionales y organizaciones como Transparencia Internacional. Los mismos fueron interrumpidos solo tras la intimación de Alexandre de Moraes , ministro del STF y presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE).
Pese a los intentos de obstaculizar el correcto desarrollo de las elecciones, los resultados arrojaron la victoria de Lula, sindicalista e histórico líder de la izquierda brasileña que fue impedido de participar en las elecciones de 2018 por haber sido condenado en un proceso parcial y sin pruebas suficientes en el marco de la operación Lava Jato. Por su parte, Jair Bolsonaro, actual mandatario y candidato de extrema derecha es el primer presidente no reelecto desde que se aprobó la enmienda de la reelección, en 1997. De forma inédita, 31,8 millones de brasileños se abstuvieron, es decir, el 20,6% de las personas con derecho a voto, una cifra importante, pero menor respecto al primer turno donde la abstención alcanzó el 20,95%. Los votos blancos y nulos juntos representaron el 4,59% del total.
Brasil está de vuelta
En su primer discurso oficial, usando un tono conciliador, Lula agradeció a todos los sectores que lo apoyaron y a los medios de comunicación. Dijo que gobernará para todos los 215 millones de brasileños, puesto que no existen dos países, sino una sola nación. El histórico dirigente del PT también reconoció la necesidad de pacificar y reconstruir el país, recuperando el diálogo y la convivencia social con todos los actores. Además, Lula asumió la necesidad de gobernar respetando la autonomía de las instituciones y reconstruyendo la convivencia armónica entre los tres poderes.
En relación a las prioridades anunciadas, acabar con el hambre que hoy afecta a 33 millones de brasileños según la Red Penssan , reducir la pobreza y las desigualdades y retomar las políticas sociales fueron los primeros compromisos asumidos. Lula hizo también hincapié en que Brasil está de vuelta y que a partir de ahora es necesario reconquistar la credibilidad, la previsibilidad y la estabilidad para recuperar la confianza internacional y atraer inversiones extranjeras. Junto a estos objetivos fueron también establecidas como metas la industrialización y el retorno del protagonismo de Brasil en las relaciones internacionales, promoviendo diversas reformas y proyectos de cooperación Sur-Sur y Norte-Sur. A diferencia de la política exterior del gobierno Bolsonaro que hizo de Brasil un paria a nivel regional y global, Lula anunció el retorno del país a la lucha global contra el cambio climático, las desigualdades y a favor de un comercio más justo. En relación a la Amazonía, asumió el compromiso de poner fin a la deforestación que alcanzó niveles récord durante el actual gobierno.
Al margen de los anuncios y las buenas intenciones, los desafíos que tendrá que enfrentar el gobierno encabezado por el binomio Lula-Alckmin a partir de enero de 2023 serán enormes y requerirán múltiples esfuerzos y concesiones por parte de todos. Las disputas geopolíticas y el complejo contexto económico en el que se verifica su victoria también dejan prever no pocas dificultades para alcanzar sus metas. Sin embargo, el triunfo de la democracia y la posibilidad de reconstruir un proyecto de convivencia pacífica y justicia social para Brasil son por sí solos una buena noticia.
Cientista política. Prof. de Rel. Internacionales de la Univ. Fed. Rural de Rio de Janeiro (UFRRJ) y del Postgrado en C. Política de la UNIRIO. Doctora en C. Política por la Univ. Complutense de Madrid. Especialista en migraciones, cooperación y derechos humanos.
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