Tras los sucesos del 15 de julio en la comunidad de San Simón, del municipio de Choix, en México, que terminaron con la captura del narcotraficante prófugo Rafael Caro Quintero y la caída de un helicóptero que costó la vida de catorce personas, los relatos de los Gobiernos mexicano y estadounidense están plagados de contradicciones. Esto nos permite explorar el argumento de que detrás de todo este tejido abigarrado hay razones de Estado que pretenden hacer de la contradicción una virtud.
La acepción de razón de Estado se asocia generalmente a Nicolás Maquiavelo, pero hay otros estudiosos que la atribuyen al pensamiento político del cardenal Richelieu, quien sería el primero en utilizarla en forma extensiva durante los siglos XV y XVI. Se trata de un resorte del poder de “úsese cuando se necesite” para garantizar la supervivencia de un determinado orden político pero atendiendo a una sospecha o a un interés coyuntural que recomienda no dar a conocer lo que realmente sucedió. Esto, sin considerar la naturaleza ética de los medios empleados.
¿El narcotráfico, o más específicamente la detención de Caro Quintero, es materia de razón de Estado? Sí. El narcotráfico tiene aristas filosas y basta saber que mucho de lo que sucede en ese mundo es desconocido por el común de la gente, incluso para los periodistas que se dedican a investigar y que frecuentemente terminan sacando conjeturas sobre los hechos ocultos detrás de lo evidente.
El caso Caro Quintero tiene una historia de décadas desde que fue detenido en Costa Rica y llevado a México para que rindiera cuentas sobre narcotráfico y el asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena. Tras aquel hecho pasaría 28 años en prisiones mexicanas pese al pedido de extradición del Gobierno de los Estados Unidos.
La periodista Anabel Hernández se ha dedicado a explicar que el Cártel de Guadalajara, del cual Caro era uno de sus líderes, tenía un pacto secreto con la DEA para intercambiar facilidades para el trasiego de droga al otro lado de la frontera a cambio de financiamiento de la “contra” centroamericana. Esto nunca ha sido rebatido y ni siquiera mencionado.
Pero hay otro argumento sostenido por el sociólogo Luis Astorga, que linda los límites de nuestra sui géneris “razón de Estado” y que tiene que ver con la larga tradición de narcopolítica en México. Una tradición que data de 1914 cuando en Estados Unidos las drogas duras dejaron de poder venderse en farmacias como aspirinas.
Es claro que la operación del cártel señero del narcotráfico mexicano no habría sido posible sin los “permisos” correspondientes del poder de aquel momento. ¿O, acaso, el cultivo de mariguana en cientos de hectáreas con centenares de personas trabajando en el rancho chihuahuense El Búfalo podría haberse realizado sin la anuencia del poder político?
Incluso, Manuel Bartlett, entonces secretario de Gobernación, responsable de la política interior y hoy director de la empresa Comisión Federal de Electricidad, tendría un expediente en la DEA porque supuestamente estuvo presente en el interrogatorio que terminó con el asesinato de Kiki Camarena como se señaló y en 2014 lo ratificaron dos testigos protegidos ante un juez federal estadounidense.
Ambas explicaciones podrían no ser necesariamente excluyentes, pues obedecen a una misma y poderosa lógica económica. Por un lado, el Gobierno mexicano es beneficiario, hasta la fecha, de una buena parte de las remesas de este tipo de transacciones ilegales, y por el otro, el estadounidense no solo recibe la droga para sus consumidores, sino también una buena parte del dinero. Es decir, estaríamos frente a una empresa multinacional, delincuencia de “cuello blanco”.
Entonces, según esta teoría, las decisiones que se toman a ambos lados de la frontera, fácilmente nos llevarían a concluir que, detrás del discurso sobre la detención de Caro Quintero, se oculta un orden que ha permanecido en el tiempo.Y que seguirá sosteniéndose por un interés que va más allá del honor de una agencia norteamericana.
Esto explicaría por qué al día siguiente que la directora de la DEA, Anne Milgram, informaba que Caro Quintero estaba detenido y felicitaba a los agentes, el embajador estadounidense en México, Ken Salazar, negara diplomáticamente la participación de su país y reconociera a los marinos mexicanos como responsables del arresto. De esta manera, el Gobierno estadounidense actuaba en sintonía con lo dicho por el presidente Andrés López Obrador.
Además de estas contradicciones, tampoco se conocen el nombre y la identidad de los fallecidos en el desplome del helicóptero. Esto alimenta la sospecha de que en la nave podrían haber ido agentes norteamericanos y, que por razones de Estado, no se han dado a conocer sus identidades.
Otra curiosidad del episodio es que la propia DEA haya tenido la bandera estadounidense a media asta en su sede cuando se supo de la caída de la nave mexicana. Y esta teoría toma nuevo vuelo tras la publicación de The Washington Post de que hubo agentes de la DEA en el caserío donde fue capturado Caro Quintero.
En definitiva, tras el corsé informativo sobre lo ocurrido ese mediodía, comienzan a ventilarse hechos que podrían confrontar una razón de Estado a ambos lados de la frontera.
En definitiva, el affaire Caro Quintero está abierto con sus claros, pero también con sus zonas opacas, lo que en este caso da fuerza a la hipótesis que desde su origen tiene componentes de razón de Estado para ambos países.
Ernesto Hernández Norzagaray es profesor de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México.
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