La migración de Centroamérica hacia Estados Unidos ha aumentado y, según un informe que el Comité Internacional de la Cruz Roja publicó en el mes de marzo, es probable que en 2022 crezca más y se agraven los problemas de seguridad para las personas que intentan cruzar la frontera entre la potencia norteamericana y México. La inmigración se ha vuelto un tema clave para Estados Unidos, y varias encuestas la ubican entre los principales problemas de los estadounidenses.
En las elecciones de 2020 hubo razones para el optimismo en Centroamérica. Ese año, Joe Biden prometió ―en la campaña presidencial― 4.000 millones de dólares para atender las causas de la emigración en México y los países del Triángulo Norte (El Salvador, Honduras y Guatemala). Las causas son múltiples, pero, en su mayoría, tienen que ver con el desarrollo económico y social de los países centroamericanos. Las visitas del secretario de Estado, Antony Blinken, y la vicepresidenta, Kamala Harris, a Costa Rica y Guatemala, respectivamente, en junio del año pasado, se podían interpretar como una señal de interés de la administración Biden por cumplir esa meta. También es una buena señal la asistencia de Kamala Harris al traspaso presidencial en Honduras el 27 de enero.
Previamente, ningún Gobierno estadounidense había manifestado tanta atención a los problemas de desarrollo económico y social de la región. No obstante, también había razones para el escepticismo. Como bien señaló un panel de expertos del Diálogo Interamericano, encabezado por la expresidenta Laura Chinchilla, la propuesta del gobierno de Biden tenía varias limitaciones. Entre estas se encontraba la falta de enfoque regional que, como ha demostrado la historia, es fundamental para entender y afrontar los problemas de Centroamérica.
Es cierto que a través de alianzas público-privadas fomentadas por Estados Unidos se está trabajando para atraer inversión a los países más afectados. Varias empresas norteamericanas han manifestado interés, algo facilitado por un contexto de nearshoring. Es una oportunidad, pero seguramente requiere apalancamiento del sector público a través de políticas sociales en áreas clave como la educación y la salud. De cualquier forma, los efectos se verán a largo plazo. Sin embargo, según una nota publicada por la revista Time el pasado mes de enero, para mediados de 2021 solamente se habían invertido unos 250 millones de dólares de la ayuda prometida. No queda claro cómo ni en qué. Tal como han señalado los expertos del Diálogo Interamericano, 4.000 millones de dólares es poco, en realidad, para las dimensiones de los problemas de la región. No obstante, parecía un buen comienzo. A pesar de esto, parece muy improbable el cumplimiento de esa meta al finalizar los cuatro años de la administración Biden-Harris, sobre todo si los demócratas pierden el control del Ejecutivo en noviembre de 2024.
El contexto internacional es uno de los factores que llevan al escepticismo. Si bien parte de la estrategia en política exterior desde el comienzo del Gobierno de Biden ha estado enfocada en recuperar alianzas que se debilitaron durante el gobierno de Donald Trump (2017-2020) con democracias occidentales, mucha de la atención se ha dirigido al sudeste asiático, particularmente hacia el ascenso de China como prioridad de política exterior.
Pero sus supuestos han debido cambiar rápidamente. Han surgido temas imprevistos, como el debilitamiento de su imagen por la caótica salida de sus Fuerzas Armadas de Afganistán. Además, evidentemente, la invasión rusa a Ucrania es una afrenta a su estatus de potencia hegemónica.
En el plano interior, la atención de las y los votantes está puesta en la inflación (en medio de elecciones de mitad de periodo en noviembre). La estructura de un sistema político bicameral, con comicios presidenciales cada cuatro años, elecciones en otros niveles a mitad de periodo y sistema bipartidista, plantea desde ya negociaciones muy complicadas para un partido de gobierno frágil en el Congreso. Entonces, una agenda para Centroamérica a largo plazo encontrará dificultades con un Ejecutivo estadounidense que tiene metas a corto plazo e intereses globales. Sin embargo, un segundo gobierno demócrata sería, sin dudas, ventajoso.
Esa lógica se mezcla con los problemas políticos centroamericanos. El Gobierno estadounidense ha manifestado que quiere evitar que la ayuda financiera caiga en saco roto, debido a la profunda corrupción, ampliamente conocida. A esto, se suma el autoritarismo que afecta principalmente a Nicaragua y, en menor medida, a El Salvador, y que amenaza a los otros sistemas políticos.
Si bien Nicaragua no entraría en las ayudas prometidas, complica las cosas. Los Gobiernos en Nicaragua y El Salvador han respondido con medidas represivas hacia organizaciones de la sociedad civil que deberían canalizar parte de la cooperación económica de los actores de la comunidad internacional, como Estados Unidos, a proyectos de desarrollo social. Esperemos que otros Gobiernos en la región no sigan el ejemplo.
Lamentablemente, los millones de personas que necesitan que estas promesas de desarrollo económico y social se cumplan están en medio del juego político. Por lo tanto, miles seguirán intentando migrar hacia Estados Unidos a pesar de que tengan que arriesgar sus vidas.
De momento, hay poca información sobre las políticas que se están implementando en esta área. Solo esperemos que se mantenga el interés a pesar de los factores debilitantes, tanto coyunturales como estructurales, en la política interior de Estados Unidos y los países centroamericanos, así como también en la política internacional.
