La crisis climática acapara hoy la agenda de los líderes mundiales y tal como sostiene António Guterres, “no hay tiempo que perder”. La Unión Europea avanza introduciendo medidas y una de las más recientes es prohibir toda importación de alimentos que provengan de áreas consideradas en riesgo deforestación, independientemente que sean legales o ilegales. Y la normativa a punto de aprobarse, como destaca la Comisionada Europea por el Medio Ambiente y los Océanos, Virginijus Sinkevicius, será aún más exigente ya que las empresas deberán certificar que sus productos no provienen de áreas sensibles.
Aún cuando las emisiones de gas de efecto invernadero (GEI) se asocian comúnmente con la emisión de dióxido de carbono y la producción de combustibles fósiles, en la región también resultan de gran importancia las generadas por el sector agropecuario, silvicultura y cambio de uso del suelo (AGSOUT). La irrupción de China y el consiguiente aumento exponencial en las exportaciones del complejo agrícola-ganadero agravaron aún más el problema. El aumento implicó el avance de la frontera productiva, con la consiguiente deforestación y degradación del bosque nativo.
La deforestación está llevando al Amazonas a un punto de quiebre, que podría transformar su vasta superficie en una sabána con graves consecuencias sobre el régimen de lluvias en toda América del Sur. Idéntico efecto produce la quema de los humedales o los desmontes en el norte argentino.
Actores y políticas
Independientemente de la orientación política, neoliberales o neodesarrollistas, todos miran las medidas recientes europeas con recelo. La primera reacción pasa por desconocer la problemática ambiental y minimizar los costos sociales que conlleva el extractivismo. Esta es la postura del gobierno de Bolsonaro que vacía la agencia ambiental (IBAMA), al tiempo que alienta a los garinpeiros, hacendados y otros grupos de aventureros a avanzar sobre las áreas protegidas.
En el último año, la Amazonia brasileña perdió 13.235 kilómetros cuadrados de árboles. El alineamiento del gobierno argentino con las entidades tradicionales del campo califica en la misma dirección. El sector agrícola-ganadero continúa negando cualquier efecto nocivo en sus prácticas, desdeñando toda legislación ambiental por afectar su tasa de ganancia, incluido el bloqueo a la ley de humedales. Pero el escenario global cambia, y ya no es posible ignorar el fenómeno por los efectos en los mercado, en la política internacional y los marcos normativos.
Seguir pensando el problema con la misma óptica resulta, a nuestro entender, inadecuado. Y ello, al menos en dos frentes. Por el lado político, ello implica desconocer el creciente reclamo de la sociedad global por la protección del medio ambiente y el reclamo por avanzar en la lucha contra el riesgo climático, reflejado por el avance de los partidos verdes en el viejo continente. Al momento de elevar la propuesta de prohibición, la Comisión decidió iniciar una consulta pública. La reacción fue masiva y la ciudadanía otorgó un apoyo tácito a la propuesta.
Idéntico resultado se observó en la encuesta lanzada por el Eurobarometro en la primavera del 2021, donde se destaca el alto grado de interés de la ciudadanía por la temática del cambio climático, tanto como respecto a la pérdida de biosfera. Idéntico rechazo genera el extractivismo en nuestros países, aunque, lamentablemente su voz resulta silenciada: los activistas ambientales se exponen a la represión e incluso a arriesgar sus vidas.
Por el lado económico, el situarse como víctima implica seguir desconociendo el proceso de transformación que evidencian nuestros principales compradores. Si la demanda esta mutando hacia productos “amigables con el medioambiente”, es inútil seguir planteando que el problema solo refleja una “guerra comercial”. Los consumidores están dispuestos a pagar más (productos orgánicos), cambiar sus patrones de consumo (reducir su ingesta cárnica) e introducir nueva legislación que prohíba la entrada de productos contaminados con glifosato.
Podemos protestar, si. Pero si nuestro objetivo es seguir exportando debemos adaptarnos a la nueva realidad. Afortunadamente muchos productores reconocen estas restricciones y trabajan de acuerdo a protocolos y normativas medioambientales. Se debe aprovechar la coyuntura para proyectar un cambio en la visión de los negocios de quienes no lo hacen, obligar al conjunto de productores a internalizar la totalidad de los costos que genera su actividad, incluida la prohibición de toda deforestación.
Al pensar la interacción entre el modelo agroexportador y el diseño de la política climática local, las políticas comerciales adoptadas por los países importadores tienden a ocupar un lugar preponderante. Tal como destaca la experta Ana Paula Tostes, la praxis comercial verde de Europa es un camino sin retorno.
Puede que haya un dejo de proteccionismo, aún así América Latina no puede confrontar las medidas desde el discurso sino entenderlas como una oportunidad. Una vez que los países europeos cumplan sus compromisos, independientemente de que nuestros países cumplan los suyos, el impacto de la transición verde europea llegará a los sectores exportadores locales.
El frente externo se esta transformando de manera acelerada. Si frente a la crisis climática la inacción no resulta una opción, confrontar las nuevas medidas que impulsan nuestros socios comerciales tampoco debería resultar una estrategia válida.
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