Por: Carolina Moreno V./Latinoamérica21
Colombia es hoy muy relevante desde el punto de vista migratorio en la región, debido principalmente a dos tipos de flujos que tienen lugar en su territorio: el venezolano y el menos conocido “extracontinental”. A pesar de que ambas migraciones confluyen en el mismo territorio, bien sea de tránsito o destino, lo cierto es que la postura de las autoridades colombianas frente a una y otra migración, así como las medidas adoptadas, son diametralmente distintas.
Colombia es el país que más migrantes venezolanos recibe, entre otras razones, porque ambos países comparten una frontera terrestre, extensa y porosa, de más de 2.219 km. De acuerdo a Migración Colombia , a enero del 2021 había en el país alrededor de un millón ochocientos mil venezolanos.
Pero, por otro lado, Colombia es país de tránsito de la “otra migración”, la conocida como “extracontinental”, integrada por personas procedentes de países del Caribe, —principalmente Haití y Cuba— de África y Asia. Con el objetivo de cruzar a Panamá en su camino a Norteamérica, los migrantes deben cruzar el Tapón del Darién, el área selvática y pantanosa ubicada en el límite de América Central y América del Sur que ha funcionado históricamente como una barrera natural entre ambos subcontinentes.
Esta zona, aislada e inhóspita, es además extremadamente peligrosa debido a la presencia del narcotráfico y otras organizaciones criminales. Sin embargo, unas 650 personas cruzan diariamente por esta zona, según el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa .
A pesar de que la migración de personas a través del Tapón del Darién no es de reciente ocurrencia , sí es novedosa. En 2015, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) señalaba que “en la primera década del siglo XXI, la migración extracontinental contemporánea desde África y Asia hacia Latinoamérica era un fenómeno significativo”. Por su parte, según Migration Policy Institute , los más de 5.000 haitianos que fueron expulsadas recientemente a su llegada a Estados Unidos llevaban un trayecto de una década, y muchos habían atravesado el selvático Darién.
Según publicó la Liga Contra el Silencio , a partir de datos de Migración Colombia, a inicios de septiembre de 2021 la composición de esta “otra migración” es 74,6% haitiana, 7.01% cubana, 1.5% de Senegal, Ghana, Angola y Guinea y un 16.8% restante de otras nacionalidades. La ruta migratoria, no sólo es difícil por las condiciones adversas de los lugares que transitan, como el inhóspito Darién, y la precariedad en que tienen que hacerlo, sino también por cuestiones raciales y del idioma.
Esta migración es novedosa, a pesar de que sucede hace décadas, porque se le ha prestado poca atención y no se ha tomado ninguna medida para atender este fenómeno, más allá de la concertación con Panamá y otros países de la región para autorizarles el tránsito. Sin embargo, la marginalidad y el casi total desconocimiento de este fenómeno migratorio de larga data ha quedado al descubierto con la Pandemia del Covid-19 .
, y el de la colombo-panameña, en particular, han generado represamientos prolongados de estas personas. La situación que ha enfrentado el municipio colombiano de Necoclí, en donde han quedado “varadas” miles de personas, ilustra la falta de respuesta institucional bajo la lógica de una “ vocación de tránsito ” en la que Colombia supuestamente no incide, según afirma constantemente Espinosa.
Según el director de Migración Colombia ésta es “una migración que pasa por Colombia, no se origina en Colombia, ni tiene destino Colombia”. Esto pareciera indicar que Colombia es sólo un paso más en el recorrido de estas personas y que, en consecuencia, sólo se debe asegurar que los migrantes puedan continuar su tránsito hacia Panamá, pues su interés no es permanecer.
A diferencia de esta migración, la venezolana es notoria, no sólo en términos cuantitativos, sino por la atención que ha recibido por parte de las autoridades. Las decisiones que se han adoptado en los años recientes han estado orientadas a responder a la llegada de los nacionales venezolanos. Migración frente a la cual hoy, a partir de la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPMV), las autoridades reconocen que tiene vocación de permanencia, a pesar de que por muchos años se insistió tercamente en que esta migración era temporal.
En todo caso, aunque no se consintiera en la permanencia de la migración desde Venezuela, lo cierto es que el Estado colombiano ha adoptado medidas orientadas a responder a esta población, con lo cual, la transitoriedad o temporalidad de la migración de ninguna manera indica inacción institucional. Esto denota que las narrativas oficiales —y la voluntad política— son tremendamente relevantes al momento de definir las políticas. Haber pasado de una postura institucional de la transitoriedad hacia la vocación de permanencia explica hoy la adopción del ETPMV que permitirá a miles de venezolanos regularizar su situación.
Esto no quiere decir que la “otra migración” tenga que recibir el mismo tratamiento. Lo importante es llamar la atención sobre cómo el discurso de las autoridades, que se va consolidando alrededor de uno y otro flujo migratorio, es útil para excusar o justificar la acción o la omisión de las instituciones en la materia.
Sin embargo, el carácter de transitoriedad deja completamente invisible la complejidad y heterogeidad de los flujos migratorios, así como las particularidades de los proyectos de vida de las personas migrantes. Se trata de trayectos que duran meses, incluso años, en los cuales las personas se exponen a escenarios de explotación, riesgo y violencia, los cuales agravan su situación.
Estas personas no son sólo “migrantes” que viajan con el deseo de arribar a Estados Unidos. Son seres humanos titulares de derechos, por el hecho de ser personas. Como Estado colombiano, y como sociedad, debemos detenernos a pensar cuáles son las necesidades de estas personas en su paso, efímero o no, por Colombia.
En su trasegar, esta población requiere atención en salud, alojamiento, acceso a alimentos y medios de vida, protección y seguridad, servicio de intérprete, acceso a justicia, mecanismos de regularización, así como protección internacional, si es el caso. Estas personas necesitan suplir sus necesidades básicas y desarrollar un proyecto de vida en condiciones dignas, sobre todo teniendo en cuenta la gran cantidad de niños y niñas , quienes incluso han nacido a lo largo de estas rutas y cuyo interés superior debe ser garantizado.
Finalmente, los gobiernos locales, precarios y con capacidad limitada, se ven desbordados por la situación. Para estas autoridades, que lidian en el día a día con este fenómeno, la expresión “vocación de transitoriedad” poco o nada resuelve y más bien amplía la brecha que puede existir ente los territorios y el Gobierno Nacional.
Carolina Moreno V. es profesora y directora del Centro de Estudios en Migración (CEM) de la Universidad de los Andes, Colombia.
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