Por: Jaime Tenjo G.
Después de cinco días de protestas, en su mayoría pacíficas —aunque con algunos brotes de violencia— y de haber recibido el rechazo de la mayoría de los partidos políticos, el gobierno retiró el proyecto de reforma tributaria que había presentado al congreso dos semanas antes. A cambio de no retirarlo el gobierno ofreció negociar prácticamente todos puntos de proyecto de ley con los diferentes grupos opositores, pero no logró suficiente apoyo. El retirar el proyecto implica que el gobierno no podrá presentar otro antes de la próxima legislatura, que comienza el 20 de julio próximo. El costo político incluye la renuncia de Alberto Carrasquilla, Ministro de Hacienda.
Con esto el gobierno pierde tiempo, pero al mismo tiempo le da un margen para adelantar una negociación más amplia bajo el liderazgo de un nuevo ministro. Sin embargo, muchos grupos políticos ya han indicado que no apoyarán ningún proyecto porque consideran que no es el momento indicado para elevar los impuestos de la población, en medio de la pandemia del Covid-19.
Lo que pasó en Colombia esta semana marca una pauta para los demás países Latinoamericanos e ilustra muy claramente los graves dilemas que los gobiernos tendrán que enfrentar próximamente. La pandemia produjo una caída muy grande de los ingresos de los gobiernos e incrementos considerables en los gastos hechos para compensar los efectos de los cierres de las economías y demás políticas de apoyo social implementadas El problema fundamental consiste en encontrar la forma de financiar un creciente déficit fiscal generado por el Covid-19 en medio de condiciones sociales y políticas muy difíciles.
Unos países están mejor preparados para enfrentar ese reto que otros. Colombia posiblemente es de los menos preparados porque, aunque en la última década tuvo tasas de crecimiento aceptables (superiores a Chile, Brasil y México e inferior solo a Perú dentro de los países grandes), sus déficits gemelos (fiscal y cuenta corriente) son de los más altos en el continente.
Estos problemas, junto con las expectativas en los mercados internacionales de que reforma tributaria presentada por el gobierno iba a tener dificultades, posiblemente explican el hecho de que los bonos colombianos ya se estén transando en los mercados internacionales a un costo mayor que algunos de los llamados junk bonds (según Bloomberg abril 29, 2021), a pesar de que hasta el momento Colombia tiene calificación BBB- por parte de las calificadoras internacionales. Posiblemente el país va a perder esta calificación pronto.
El proyecto de ley que el gobierno retiró tenía como líneas principales para aumentar los impuestos el ampliar la base del impuesto a las ventas (en Colombia se llama Impuesto al Valor Agregado IVA) y elevar sus tasas. La más alta iba a ser del 19% (una de las mayores según estándares internacionales). Además de eso, se proponía aumento en la base del impuesto a la renta y la eliminación de algunos descuentos. En total la propuesta podría haber representado ingresos adicionales por un valor equivalente a 3.9 puntos porcentuales del PIB (unos 23.4 billones de pesos o alrededor de seis mil quinientos millones de dólares a la tasa de cambia actual), el 61% de los cuales hubiera sido pagado por personas naturales, según el saliente ministro de hacienda.
El proyecto también consideraba aspectos importantes de gasto social. Proponía hacer permanente el Ingreso Solidario (un auxilio para los más necesitados que no tenía acceso a otros programas de subsidios que se implementó temporalmente durante la pandemia) y además hacerlo complementario a otros programas subsidios. Según cálculos del gobierno, esto incrementaría el número de beneficiarios de 1 a 4.7 millones de personas cobijadas, y reduciría de manera significativa la pobreza.
El gobierno nunca hizo una socialización adecuada del proyecto que presentó al congreso. Se filtraron rumores sobre algunos aspectos de su contenido, especialmente sobre los nuevos impuestos, lo cual generó mucho descontento. Los gremios como la Asociación de Industriales (ANDI) y varios reconocidos académicos y centros de pensamiento hicieron propuestas alternativas que claramente no fueron consideradas en el proyecto radicado. Los temas relacionados con los nuevos programas sociales que se implementarían fueron muy poco conocidos.
Las condiciones en que se presentó el proyecto a consideración del congreso difícilmente podrían haber sido peores. Además de no haber tenido una buena socialización y de desconocer propuestas alternativas interesantes, el proyecto se presentó en medio del pico más fuerte de contagios de COVID-19 (el tercero que tiene Colombia), en medio de nuevos cierres y restricciones a la actividad económica. El 27 de abril el DANE (Departamento Nacional de Estadística) publicó las nuevas mediciones sobre pobreza en el 2020, mostrando aumentos de 7 puntos porcentuales en la incidencia de pobreza nacional, lo que representaba 3.5 millones más de pobres que en 2019 y un incremento de 5.5 puntos porcentuales en pobreza extrema, lo que significa que 7.5 millones de personas en 2020 no tuvieron ingresos para comprar los alimentos básicos necesarios.
Para completar las malas noticias el viernes 30 de abril se publicaron los resultados de desempleo, mostrando un incremento considerable con respecto al año inmediatamente anterior, aunque una mejora en comparación con los peores meses de la pandemia. Todo esto fortaleció un descontento social que ya venía desde antes de la pandemia y que terminó en las protestas que dieron al traste con las propuestas del gobierno.
Aunque la situación de Colombia tiene algunos aspectos particulares que la diferencian de la de otros países, el problema básico que todos van a tener que afrontar muy pronto es el de lograr balancear el presupuesto fiscal. En las condiciones actuales de Latino América hacerlo a través de reducción de gastos es impensable, así que lo que queda es un aumento de impuestos. Colombia muestra las graves dificultades que esto conlleva y también sirve de ejemplo para cómo hacer las cosas bien y en el momento oportuno.
Jaime Tenjo es Economista. Consultor de organismos nacionales e internacionales.
Especializado en mercados laborales, género y discriminación. Profesor de varias universidades en Canadá y Colombia. Doctor por la Universidad de Toronto.
www.latinoamerica21.com
