Por Raudiel F. Peña Barrios
Cuba suspendió su Examen Periódico Universal en la sede del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza, el pasado 15 de noviembre. Pues eso fue lo que ocurrió en la sede del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza, el pasado 15 de noviembre. Una buena parte de las recomendaciones formuladas al Estado cubano se centraron en la compleja situación de los derechos humanos, la cual no solo afecta a los civiles y políticos, sino a esos que durante muchos años sirvieron de bastión discursivo al gobierno de La Habana.
Una situación que, si los mecanismos de elección de los Estados que integran dicho consejo fuesen otros, no hubiese permitido la reelección del Estado cubano hasta 2026 como miembro de ese órgano. La mayor parte de las recomendaciones más críticas se formularon por Estados democráticos de América Latina y Europa, lo cual es muy positivo. Se trata de países con los cuales las autoridades cubanas no tienen capacidades de negociación tan amplias como las que posee con Estados autocráticos como Corea del Norte o Irán. Estas y otras autocracias, junto con algunas democracias con gobiernos de izquierda y aliadas de Cuba, se limitaron a formular recomendaciones positivas. En total, más de 144 países se pronunciaron respecto a la situación de los derechos humanos en el contexto cubano.
Algunos de los temas más abordados en tales recomendaciones se vinculan con la represión a activistas y defensores de derechos humanos, los periodistas independientes y los opositores políticos, en particular mediante el uso de delitos tipificados en el Código Penal de 2022. También se formularon otros señalamientos sobre la necesidad de ratificar varios tratados sobre derechos humanos, en particular los pactos internacionales sobre derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales; garantizar la independencia judicial; liberar a las personas presas por motivos políticos, entre otras.
Por ejemplo, Suecia manifestó su preocupación por las detenciones y las penas de prisión excesivamente largas contra personas que participaron en las manifestaciones de julio de 2021 y las restricciones a las libertades de expresión y de reunión pacífica. Además, solicitó a las autoridades cubanas permitir a observadores independientes tener libre acceso a juicios y prisiones.
Países Bajos llamó a finalizar el acoso, la represión, los arrestos arbitrarios y las detenciones de la sociedad civil y cesar la práctica de detener arbitrariamente a periodistas, miembros de la oposición, defensores de derechos humanos, actores religiosos y otras personas que pretenden ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales. Asimismo, solicitó la liberación de las casi 1.000 personas detenidas de forma injusta o arbitraria; adoptar un marco legal que garantice la independencia de los órganos judiciales, y finalizar con el sistema de partido único para permitir elecciones libres y justas.
Otros Estados democráticos como Francia, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia, Suiza, Ucrania, Reino Unido, Australia, Bélgica, República Checa, Rumanía, Italia, Irlanda, Polonia, Finlandia y Alemania pidieron el cese de la represión contra periodistas, artistas y activistas independientes. Noruega recomendó a las autoridades cubanas abstenerse de utilizar el nuevo Código Penal para criminalizar a los actores de la sociedad civil y las voces individuales críticas con las autoridades. Pronunciamientos similares a este formularon España, Reino Unido, Australia y Canadá.
Es válido destacar que Italia solicitó garantizar la libertad de opinión y expresión y el derecho de reunión pacífica, así como salvaguardar la actividad libre e independiente de los defensores de derechos humanos y periodistas. No obstante, saludó la promulgación del texto constitucional de 2019, en el cual se consagra al Partido Comunista de Cuba (PCC) como el único con estatus legal en su artículo 5. Más directa fue la delegación lituana, quien se mostró alarmada por la ampliación de delitos sancionados con la pena de muerte en el Código Penal de 2022 respecto a su antecesor, de 1989. El país báltico pidió garantizar las libertades de reunión, asociación pacífica, opinión y expresión y liberar a todos los presos políticos, incluidos los menores de edad.
En el caso de los países de América Latina, las posiciones más contundentes se asumieron por Perú, que recomendó garantizar que los defensores de los derechos humanos gocen de un entorno seguro y apropiado, y velar por que todo acto de hostigamiento, represión o intimidación que sufran se investigue a profundidad. El Estado peruano también recomendó prohibir de forma explícita la discriminación por motivos de opinión política u origen social en el empleo. En este sentido, Ecuador solicitó prevenir y cesar los actos de hostigamiento, intimidación, amenaza y descalificación contra los defensores de derechos humanos, así como armonizar la legislación sobre medios de comunicación y radiodifusión, Internet y ciberseguridad con las normas internacionales relativas a la libertad de expresión.
Por otra parte, es notable que algunos países latinoamericanos cercanos políticamente a Cuba formularon algunas recomendaciones críticas, aunque de forma menos frontal, haciéndose eco de demandas realizadas por organizaciones de la sociedad civil independientes del gobierno cubano. De tal forma, México recomendó tipificar el feminicidio como delito. Mientras, Brasil solicitó el fortalecimiento de los programas de producción y distribución de alimentos, para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de las personas en Cuba, en especial de mujeres, niños y personas privadas de libertad. De igual forma, abordó el tema de la violencia contra las mujeres e instó al Estado cubano a crear un organismo independiente de derechos humanos. Con esta última recomendación coincidió Panamá.
Como era previsible, Colombia no asumió una postura crítica y solo le solicitó al Estado cubano avanzar en la prevención de los embarazos en adolescentes, y los países africanos le agradecieron sus programas contra el racismo. Sin embargo, es oportuno resaltar que estos pronunciamientos favorables a Cuba se negocian antes de que se realice la presentación de su informe ante el Consejo de Derechos Humanos. De ahí que es fundamental concentrarse en aquellas recomendaciones que, provenientes de Estados democráticos y con los cuales las autoridades cubanas no tienen una capacidad de negociación tan amplia como con sus aliados, dejan en evidencias las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Esas recomendaciones son las que más se ajustan a la realidad que vive este país en la materia y se identifican con el trabajo que realizan las organizaciones de la sociedad civil no controladas por la élite del PCC.
Ciertamente, el EPU no es el mecanismo ideal para condenar las violaciones de los derechos humanos en Cuba. El hecho de que los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos sean electos por la Asamblea General de la ONU permite que varios aliados del gobierno de La Habana participen en ese examen. Sin embargo, que muchas democracias le recuerden al Estado cubano las violaciones que comete de los derechos humanos es muy importante porque manda un mensaje claro: los observamos y apoyamos las demandas de la sociedad civil independiente. Esa vigilancia es la que hace a Cuba suspender una y otra vez.
Raudiel F. Peña Barrios es coordinador del Observatorio Legislativo de Cuba. Licenciado en Derecho por la Universidad de La Habana y Magíser en Derecho Constitucional por la misma universidad.
