Por: Christopher Martínez
Desde el 18 de octubre de 2019 (18-O), Chile pasó de ser uno de los países más estables —“un verdadero oasis en una América Latina convulsionada” en palabras del Presidente Sebastián Piñera (octubre 9 de 2019)— a uno cuyo gobierno lucha periódicamente por mantenerse a flote. Desde 1990, ninguno de los presidentes chilenos había experimentado un escenario en el que se dudara si podría completar su periodo presidencial o no.
Ni siquiera las masivas protestas callejeras de 2011 llegaron a desestabilizar a Sebastián Piñera (primera administración, 2010-2014) a tal punto. Las demostraciones que demandaban reformas profundas al sistema de educación tuvieron un impacto serio en la popularidad de Piñera. Pero en ningún momento se escuchó un llamado generalizado para que renunciara. Tampoco en el Congreso se había intentado una acusación constitucional (juicio político) en contra de un presidente en la era post-Pinochet.
Creciente inestabilidad presidencial
No obstante, ese patrón cambió dramáticamente luego del 18-O, pues se ha hecho frecuente la discusión y peticiones de término anticipado de la administración Piñera. Las masivas protestas —especialmente durante octubre-diciembre de 2019— en contra de la clase política y del presidente, exigiendo su renuncia, han sido habituales. Adicionalmente, en diciembre de 2019 se intentó acusar constitucionalmente a Piñera, iniciativa que, sin embargo, fracasó. Esta petición de acusación constitucional fue la segunda en contra de un presidente en ejercicio en toda la historia de Chile (el primer presidente en ser acusado constitucionalmente fue Carlos Ibáñez en 1956, aunque dicha iniciativa no prosperó).
Para Piñera, el riesgo de ser forzado a dejar el cargo fue mucho mayor a finales de 2019. Sus intervenciones públicas declarando que Chile se encontraba en “guerra” en contra de un “enemigo poderoso”, se contraponían con la necesidad de ofrecer una salida política a la crisis. El uso brutal de la represión policial que dejó a cientos de personas con daño ocular temporal y permanente ilustró cómo la administración Piñera no tenía mucho que ofrecer para salir de la crisis.
Afortunadamente, y tal como suele ocurrir en los países que poseen partidos relativamente fuertes y con visión de mediano-largo plazo, el 25 de noviembre de 2019 los partidos del oficialismo junto con los de la oposición de centroizquierda e izquierda acordaron firmar un acuerdo que puso en marcha un proceso para decidir si cambiar la Constitución de 1980. Esto salida temporal a la crisis dio un respiro a Piñera.
Elecciones anticipadas: ¿Una solución a la crisis?
Varios analistas han indicado que el gobierno de Piñera terminó el 18-O, pues desde ese momento solo le resta administrar al país en una situación de crisis sociopolítica y, ahora, de salud pública. Las reformas del programa de Piñera, si las tuvo, no se implementarán. A los llamados desde la “calle” a que deje el cargo (aunque de grupos cada vez más reducidos), se suma la reciente propuesta de algunos diputados de izquierda para adelantar las elecciones de presidente y del Congreso.
Existen varios problemas asociados a que el presidente actual no termine su periodo constitucional. Primero, la petición de los diputados no tiene mucho sentido, pues solicitan sostener elecciones presidenciales y legislativas en abril de 2021, a pesar de que las elecciones generales están programadas para noviembre del mismo año. Es decir, el adelantamiento es —en el mejor de los casos— simbólico, beneficiando principalmente a quienes lo solicitan por el protagonismo mediático, y no al país.
Segundo, la crisis que vive Chile se solucionaría con la salida anticipada de Piñera si tuviera su origen en la propia gestión presidencial. En América Latina varias crisis presidenciales se han resuelto con la remoción del presidente cuando este, o ha estado directamente involucrado en escándalos de corrupción, o ha intentado subvertir el orden constitucional. Sin dudas, el desempeño del presidente Piñera ha sido deficiente. Pero Chile no vive una crisis de gobierno, sino de la política, causada por años de desconexión de los partidos con la ciudadanía, mientras mantenían una relación insana con los grandes grupos económicos. Destituir al presidente no soluciona el problema.
Tercero, el término prematuro del gobierno de Piñera no significa en sí una salida de la crisis. Lo sería solamente si existiera una coalición suficientemente organizada y con fuerte apoyo electoral. Lamentablemente para el país, aunque afortunadamente para Piñera, eso no existe. Lo que más caracteriza a la política chilena hoy es una creciente anarquía. Se observa un vacío de poder en la conducción política en manos del ejecutivo y una creciente indisciplina, radicalismo, cortoplacismo y personalismo en el Congreso. Por otra parte, no existen liderazgos con amplio apoyo popular que puedan reemplazar a Piñera, pues solo un par de políticos supera el 10% de intención de voto como presidente en las encuestas.
El cargado calendario electoral de 2021 puede ayudar a que Sebastián Piñera logre terminar su periodo ya que concentrará la atención de la ciudadanía y la energía de los partidos. Eso no significa que el presidente escapará de las responsabilidades políticas derivadas de su gestión. Es perfectamente posible que la oposición considere prudente permitir que complete su periodo presidencial, y que luego busque acusarlo constitucionalmente una vez que deje el cargo, similar a lo ocurrido con los expresidentes Carlos Ibáñez en 1931 y Arturo Alessandri en 1939.
¿Tiempos mejores post-Piñera?
Por otra parte, Chile debe estar alerta al surgimiento de potenciales liderazgos personalistas y anti-partidos a partir del vacío de poder evidenciado por Piñera. Pero siendo optimistas, aun hay tiempo para que las coaliciones y partidos se organicen de cara a las elecciones de 2021. Además, estos mismos partidos demostraron pragmatismo y visión de largo plazo cuando suscribieron el acuerdo por una nueva Constitución en noviembre 2019.
Finalmente, las recientes primarias, las elecciones presidenciales y legislativas de noviembre de 2021, así como los comicios de abril 2021 para elegir alcaldes y concejales a nivel municipal, gobernadores y consejeros a nivel regional, y a quienes integrarán la Convención Constitucional, deberían permitir que los partidos se organicen y piensen de manera más estratégica. Esta es una oportunidad para volver a reconectarse con sus militantes e intentar volver a encantar a una ciudadanía que quiere ser escuchada.
Christopher A. Martínez es Profesor Asociado del Dpto. de Sociología, Ciencia Política y Adm. Pública de la Universidad Católica de Temuco (Chile). PhD en Ciencia Política de Loyola University Chicago (EEUU). Especializado en el poder ejecutivo, estabilidad de gobiernos y sobrevivencia presidencial, con especial énfasis en América Latina.
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